Renuncien ya. Esa es la consigna común que une a miles de guatemaltecos que vienen manifestando su rechazo al gobierno de Otto Pérez Molina en diferentes puntos del país desde hace un mes. El miércoles pasado una larga marcha de campesinos e indígenas ingresó a la capital exigiendo, no sólo la renuncia del presidente, sino también una serie de reformas de fondo que incluían la sanción de una nueva Constitución y la nacionalización de recursos naturales como la energía.
La dimisión e investigación por casos de corrupción de su vicepresidenta, tres ministros, un viceministro, un secretario y una veintena de funcionarios, que salieron todos a flote en unos pocos días, pone en jaque la gobernabilidad de Pérez Molina quien ya anunció que no renunciará a su cargo y que continuará al frente del gobierno hasta finalizar su mandato en enero del año que viene.
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El presidente sintió el frío que dejaría el primer desprendimiento de su gobierno, con la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, a las dos semanas de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada por la Organización de las Naciones Unidas, diera a conocer un importante caso de fraude aduanero que implicaba directamente a su secretario privado y que en cuestión de días terminaría por agrietar todo el frente político del ultraderechista Partido Patriota (PP) que lidera el militar retirado y actual jefe de Estado guatemalteco.
La crisis estalló el 16 de abril cuando CICIG anunció el desmantelamiento de una red aduanera y dio a conocer el pedido de captura del secretario privado, Juan Carlos Monzón, así como de una veintena de funcionarios sospechados de cobrar sobornos de empresarios a cambio de evadir impuestos. A partir de ese momento, empezaron a emerger causas de corrupción que salpican a unos y otros dentro del oficialismo. A este caso, conocido mediáticamente como la Línea, se le sumó el escándalo en la contratación de la empresa israelí Tarcic Engineering para el saneamiento del Lago de Amatitlán, criticado por ambientalistas y autoridades locales. Pero ya unas semanas antes, la Corte Suprema había solicitado investigar a la vicepresidenta Baldetti, a la diputada Emilenne Mazariegos y al ministro de Desarrollo Social Leonel Rodríguez, por incluir imágenes del entonces candidato a presidente por el Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, en 2.000 Bolsas Seguras, un programa social de distribución de alimentos.
El último estruendo lo causó la denuncia del desvío de unos 14.500.000 de dólares en la licitación y adjudicación otorgada a una empresa para prestar servicio de diálisis al Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS), organismo público de salud.
El primer efecto del destape de esos hechos de corrupción fueron las tensiones al interior del PP cuando, a los cuatro días de conocerse los sobornos en las aduanas, Sinibaldi anunció la renuncia a su partido y la baja de su candidatura, en un intento por desmarcarse públicamente de Baldetti.
El alejamiento de funcionarios en el gobierno comenzó con su vicepresidenta pero continuó con otros personajes de peso como el presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez y el titular del Banco de Guatemala, Julio Suárez, quienes fueron detenidos el miércoles pasado junto a otros 15 funcionarios. Al día siguiente rodaron las cabezas de tres ministros, el de Gobernación Mauricio López Bonilla, la ministra de Ambiente Michelle Martínez y el de Energía, Edwin Rodas. También desplazaron al viceministro de Seguridad, al secretario de Inteligencia y los interventores de los puertos Quetzal y Santo Tomás.
Sin embargo, el jefe de Estado parece jugar el rol del desentendido, o al menos eso parece cuando sostiene que los funcionarios por él nombrados traicionaron su confianza. "No admitiré culpa. Los que fallaron fueron ellos", declaró.
Una intensa crisis política perfora al oficialismo a tres meses de las elecciones generales en Guatemala. Sin embargo, las demandas parecen exigir la atención de todo el arco político, en una país donde la pobreza sigue estando por encima de los 50 puntos y las heridas de la violencia en manos del Estado no parecen del todo cicatrizadas, el grito en las calles no sólo exige la destitución del presidente sino que también reclama un país más justo.
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