Emergencias, bono a jubilados y aumento de salarios: un buen comienzo del gobierno de Alberto Fernández

La batería de medidas adoptadas coincide con los propósitos formulados durante la campaña electoral.

05 de enero, 2020 | 00.05

Es reconfortante, después de cuatro años en que la llamada posverdad fue la característica imperante, advertir la construcción de una política coherente entre la declaración de principios y la selección de medios que conduzcan a hacerlos realidad. No obstante, es preciso conservar un espíritu crítico que contribuya a consolidar esa línea de acción y ser memoriosos para no confundir el respeto de la pluralidad y la diversidad, con los oportunismos cargados de hipocresía.  

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Lo impostergable

La crítica situación que presenta la Argentina muestra problemas de toda índole, como variadas demandas que requieren atención. Establecer un orden de prioridades es complejo, sujeto a condicionamientos diversos.

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Los recursos con que se cuentan son insuficientes, aunque se trata de una cuestión que siempre -en mayor o en menor medida- se verifica y no altera lo principal, que no es el factor económico sino la decisión política en función de los valores en juego.

Atender las emergencias de la pobreza e indigencia, en materia alimentaria y de salud, e incrementar los ingresos básicos de los sectores más desfavorecidos, no admite demoras.

Coincidir en esos enunciados en tanto tales pareciera no ofrecer demasiados reparos en lo discursivo, lo que no asegura coadyuvar a su concreción y traducirlo en actos que efectivamente conduzcan en esa dirección admitiendo los sacrificios solidarios respectivos.

Señales claras 

El frente externo posee una incidencia fundamental en razón del fenomenal endeudamiento contraído y del calendario de vencimientos, sobre cuyas vías de resolución no hay aún una información pormenorizada. 

Sin restarle importancia ni soslayar el nivel de compromisos que seguramente habrá que asumir, lo cierto es que la batería de medidas iniciales adoptadas por el Gobierno se condice con los propósitos formulados durante la campaña electoral y los presupuestos planteados en torno al modo en que se encararía esa renegociación.

La implementación de la tarjeta alimentaria, el bono para jubilados y pensionados, los aumentos generales de salarios y la promoción de la negociación colectiva, el acuerdo para la reducción del precio de los medicamentos, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos por 180 días y su desdolarización, la implementación de una moratoria para las Pymes, es elocuente en el sentido antes referido.

De igual manera deben interpretarse, entre otras, la actualización de las retenciones al agro, las nuevas alícuotas del impuesto a los bienes personales con el recargo para los activos radicados fuera del país, la tasa fijada para las compras con tarjetas de crédito en el exterior y de dólares para atesoramiento.   

Un camino empedrado

La voluntad de diálogo y la búsqueda de consensos también se ha puesto de manifiesto en diferentes ámbitos, acompañada de una amplia convocatoria multisectorial como la expresada en el Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad.

Allí se expresa la decisión de: “construir una nación solidaria, desarrollada y justa (…) empezar por ofrecer respuestas a los últimos para llegar a todos (…) por lo más urgente para luego poder juntos abocarnos a lo más importante (…) dar respuesta a la trágica deuda social (…) La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la deuda social y el crecimiento de la economía, en el marco de una ética pública de las prioridades que ponga a la dignidad humana por encima de cualquier otro interés”.

A esa cita no acudieron las entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace, sin que la excusa que dieran -no haber contado con tiempo suficiente para la consulta a sus instancias orgánicas- resulte convincente ni extraña a la hostilidad que demostraran desde ese sector frente a la posibilidad de cualquier medida que altere sus márgenes de rentabilidad.

Esa ausencia es significativa, no sólo por el rol que les corresponde en cuanto al esfuerzo solidario, sino por haber representado siempre un proyecto de país de pocos y para pocos, atribuyéndose una hegemonía en materia de desarrollo que dista de ser real y que, en los hechos, suele conspirar con los objetivos industrialistas y de diversificación productiva imprescindibles para lograr niveles aceptables de equidad social.  

Sinceramente        

El contexto en el cual se inscribe ese Acta Compromiso, como el proyecto de conformar un Consejo Económico y Social para edificar consensos de largo plazo, que vayan más allá de un período presidencial, es propicio para sentar bases adecuadas desde las cuales dar respuestas a los desafíos de esta etapa.

Sin embargo, también impone diseñar los mecanismos necesarios para el monitoreo de las actitudes que observen quienes se sumen a esas propuestas.

Cotejar las actuales declaraciones de los principales referentes de los sectores concentrados de la industria, el comercio y los servicios con las posturas que adoptaran en la era de Macri, en particular en el año 2018 y hasta mediados de 2019 cuando seguían sosteniendo las políticas del anterior Gobierno a pesar del ostensible deterioro social, económico y financiero que venían generando, es indispensable.

Tampoco puede prescindirse de la conducta observada entre agosto y diciembre de 2019 con respecto a la formación de precios en general y de los de la canasta básica en especial, como parte de una maniobra clásica preventiva de acumulación ante eventuales ajustes con impacto en el nivel de ganancias pretendida.

“Superar las divisiones del pasado, para construir el futuro (y) el país desarrollado y justo que todos y todas merecemos”, como se propone en el párrafo final del Acta “Compromiso Argentino para el Desarrollo y la Solidaridad”, parte de un anhelo compartible pero que no deja de constituir una utopía. Que como el horizonte resulta inalcanzable, aunque sirve como guía para avanzar y marcar un rumbo, manteniéndonos atentos para evitar los desvíos y preservando la Memoria para identificar con claridad los intereses que se nutren de esas divisiones. 

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Álvaro Ruiz

Abogado laboralista, profesor titular de derecho del Trabajo de Grado y Posgrado (UBA, UNLZ y UMSA). Autor de numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Columnista en medios de comunicación nacionales. Apasionado futbolero y destacado mediocampista.