Elecciones 2019: las confesiones de Miguel Ángel Pichetto, Patricia Bullrich y Toty Flores que exponen al verdadero Cambiemos

Declaraciones tan claras como repudiables eximen de prueba para demostrar lo que sinceramente piensan.

05 de octubre, 2019 | 21.41

“A confesión de parte...” es un antiguo aforismo jurídico que se refiere a que, cuando se encuentra reconocido un hecho o acto por la contraparte, quien lo alega se exime de la carga probatoria respectiva en cuanto a demostrarlo. Esa regla del Derecho resulta de utilidad, no sólo en ese campo, como la realidad argentina lo demuestra y brinda múltiples ejemplos en la actualidad.

 

Cambian las caretas que ocultan un mismo horrible rostro

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

 

El 1° de octubre de 2019 asumió la nueva Directora Gerenta del FMI, Kristalina Giorgieva, cuyo nombre no deja de ser sugestivo teniendo en cuenta el Organismo al que pertenece y el rol asignado. Christine fue reemplazada por una “K”, pero no llamarse a engaño, las caras cambian pero siguen siendo el mismo mascarón de proa de la nave insignia de la flota pirata.

En su edición de esa misma fecha, Ambito Financiero titulaba una nota “Receta (externa) para bajar la deuda y hacerla sustentable”, en la cual refería un estudio realizado por el Institute of International Finance (IIF) sobre la perfomance de Programas del FMI en base a 25 casos con un alto nivel de deuda en “mercados desarrollados, emergentes y fronterizos”. El resultado obtenido, que registraba reestructuraciones de deudas en más de 2/3 de la muestra, daba cuenta de una receta caracterizada por exigencias de superávit fiscal, altas tasas de crecimiento del PBI y apreciación del tipo de cambio. 

Combinación altamente explosiva, y de elevado costo social, cuyas consecuencias han quedado a la vista en Grecia, Turquía, Portugal, Ecuador y otros muchos países, como también en la Argentina cada vez que –desde 1957- acudimos al FMI.

El 4 de octubre, Página 12 recogía declaraciones de Kenneth Rogoff (ex economista jefe del FMI entre los años 2001 y 2003), quien de manera descarnada describía la crítica situación que vive nuestro país: “El gobierno argentino acumuló un montón de deudas casi de la nada con una velocidad sorprendente, y luego procedió a incumplir su pago con la misma velocidad (…) Entonces, después de la segunda debacle en Argentina en menos de una generación es hora de preguntar cómo reenfocar el mandato del FMI para hacer frente a la crisis de deuda de los mercados emergentes”.  

El jubileo financiero que pagaremos todos

Siguiendo con nombres o denominaciones curiosas, la Ley 27.260 que llevara por título “Régimen de Sinceramiento Fiscal” no demostró en la práctica sinceridad alguna, menos todavía franqueza en sus objetivos –ostensiblemente espurios- ni tampoco en el apego a la legalidad, estando a su modificación al tiempo de aplicarla y al universo de personas que podrían acogerse al mismo.

Hablando de robos de PBI, el blanqueo que se verificó a la sombra –tenebrosa- de esa Ley que Macri impulsó sinceramente, fue equivalente al 21,6% del PBI y sin obligación de repatriar en proporción alguna los activos en el exterior.

Tan brutalmente grosera como desventajosa para el interés nacional fue esa iniciativa, que permitía a los blanqueadores de dinero mantener esos capitales fuera del país u optar por colocarlos en fondos cerrados especialmente constituidos por un plazo de cinco años. Quienes optaron por esta última alternativa, además de las prerrogativas propias de ese Régimen, obtuvieron en algo más de dos años una rentabilidad –en dólares- de entre 6,81% y 9,40% sin que –ni siquiera- esa renta se tradujera en beneficio ninguno para el país.

 

Peculiar sensibilidad frente a la ofensa

La “Rambo” nativa de apellido patricio, para seguir con los apelativos, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón (como la individualiza Nuevo Infosiberia), dictó la Resolución N°845/2019 que crea un Programa al que bautizó, sin el menor pudor: “Ofensores en Trenes”, con un evidente fin electoralista dirigido al medio pelo argentino y una clara criminalización de la pobreza.

Esa normativa habilita a las fuerzas de seguridad a solicitar a cualquier persona el documento de identidad, para averiguación de antecedentes, y con la particularidad de establecer masivamente esos controles tanto en los trenes, como en las estaciones y sus adyacencias. 

Millones de trabajadores utilizan diariamente ese medio de transporte para concurrir a sus tareas en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, por lo cual no es difícil imaginar quienes serán sujetos de ese tipo de control ni el criterio tradicional - por portación de cara y de vestimenta- que aplicarán los agentes del orden.

El CELS denunció por inconstitucional  esa norma, porque “…contradice las leyes y estándares internacionales que prohíben detener a alguien, si no hay sospechas fundadas de la comisión de un delito.”. Agregaba: “Tampoco se puede detener con fines de identificación. Las ‘facultades implícitas’ son ilegales. (…) Es una medida que criminaliza a los trabajadores mediante un exceso en los controles innecesarios e injustificados”

Bien podría en función de los objetivos formales en que funda la Ministra de Seguridad dicha Resolución, plantearse dictar otra semejante de “Ofensores en countries o barrios privados” para averiguar, con ayuda de la AFIP, cómo se declaran monotributistas los propietarios y/o ocupantes de lujosas viviendas; o, con elauxilio de esa Agencia y de las autoridades de trabajo, cómo eluden las leyes laborales y de la seguridad social quienes emplean –sin registrar- a personal doméstico; ocon la colaboración del INADI, sobre las restricciones discriminatorias que imponen en esos emprendimientos a trabajadoras y personas de escasos recursos, como se evidenciara en el Nordelta.

Un Pichetto al palo

La desesperación por el previsible fin de varias décadas ocupando cargos públicos, desinhibe al  Senador Pichettoa tal punto que deja caer la careta peronista y se desprende de todo vestigio de adhesión a esa doctrina política, tratando de cautivar a la población más reaccionaria.

Muy suelto de cuerpo, xenófobo como de costumbre respecto de todo aquel que no cuadre en el fenotipo caucásico o ario puro pero que disimula apelando a eufemismos, imagina que todo aquel que vive en una villa de emergencia es un “narco”,  a la vez que se le pasan por alto muchos otros más cercanos a su círculo social.

Con esa pretendida postura de Senador romano, dotado de una autoridad y experiencia en el tema de lo cual carece, interpreta una escena reciente y decreta la solución…final: “En una villa de acá, la 11-14, había dos colas. Una (…) hacia la venta de marihuana. Y otros muchachos de afuera del país vendían cocaína (…). La verdad que habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire”. O sea, todo, todos, todas, todes.

¿Qué florezcan mil flores? No si son de este tipo

El ladero de la republicana Carrió, exhibido como su amigo “pobre”, “ex - piquetero” y pseudo “dirigente social”, el desclasado Toty Flores, diputado nacional por obra y gracia de esta generosa tierra argentina, no quiso ser menos que el candidato a Vice de Juntos por el Cambio.

Muy suelto de cuerpo –y de alma- sostuvo, en una entrevista en La Nación, que las personas por debajo de la línea de la pobreza han "abandonado la idea de ascenso social", lo que "genera una subcultura en donde la gente está pensando en sobrevivir, no como nuestra generación". Rematando con total impudicia: "Hay como un destino marcado de morir pobre, eso hace que no te preocupes por producir para vivir".

Por supuesto que no se hizo cargo de los más de 5 millones de nuevos pobres que generó el Gobierno al que pertenece, de los cientos de miles de puestos de trabajo destruidos y de la emergencia alimentaria que también provocaron las políticas que acompañó alegremente desde el Congreso Nacional. Algunos detalles que quizás le aclararían un poco sus ideas, o lo llamarían prudentemente a silencio.

Indignado por los resultados adversos en las PASO, el candidato a diputado provincial por Juntos por La Rioja, Pablo Yapur, se mostró sin empachos como un fiel exponente del odio clasista y visceral que anima a esa fuerza política.

Entre los propios manifestó, en un audio que trascendió y se hizo público hace apenas diez días : “A partir de hoy muchachos, les comunico que los pobres me importan un choto. A ningún puto le compro una tortilla en la calle, a ningún puto lo ayudo” (…) a ningún puto pobre lo pienso colaborar ni con una moneda de diez pesos, porque estos putos votaron a este K de mierda. Si dentro de dos meses llegan a ganar nos sacan del mapa”.

¡Qué espíritu democrático! ¡Qué conciencia plural y republicana! ¡Cuánto compromiso con la pobreza cero!

¿Y la independencia de los Poderes del Estado?

A menos de una semana de la tragedia de Ezeiza, con más de una decena de víctimas –entre ellas una fatal- por un accidente laboral que puso al descubierto la ausencia de toda actividad de prevención y seguridad en el trabajo de parte del Estado como de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), el Presidente sanciona un decreto de necesidad y urgencia (DNU N° 669/2019) que rebaja sustancialmente las indemnizaciones.

Está claro que no había otra necesidad que garantizarle la rentabilidad a las aseguradoras, ni otra urgencia que la proximidad del fin de ciclo de Cambiemos y la falta de votos propios suficientes en el Congreso para lograr ese objetivo por ley.

La inconstitucionalidad del DNU es mayúscula, tanto por trocar el sujeto protegido que deja de ser el trabajador accidentado y pasa a ser, explícitamente, la empresa de seguros, como por la pretensión de aplicarlo retroactivamente contraviniendo todo el Ordenamiento Jurídico.

El Sistema de Riesgos de Trabajo instaurado en 1995 no es otra cosa que un perverso mecanismo de lucro a costa de la desgracia de quienes padecen accidentes o enfermedades laborales, lo fue desde un principio, y –con la pasividad de la Justicia, escudada en que la declaración de inconstitucionalidad es excepcional (ultima ratio),aunque fuera ostensible- durante casi una década ofreció miserables indemnizaciones con las consiguientes ganancias extraordinarias de las ART.

En el año 2017 la Ley 27.438 acentuó ese sesgo, y nuevamente asistimos impávidos a su convalidación judicial, lo que genera el lógico interrogante de cuál será la respuesta frente a este impresentable DNU.

El rechazo ha sido unánime desde el Movimiento Obrero, expresado en Declaraciones de las diferentes Centrales, Federaciones y Sindicatos, como desde la comunidad jurídica (Asociaciones, Colegios de Abogados, Facultades de Derecho) y desde un amplio arco de los Partidos Políticos. 

Lo esencial no es invisible a los ojos, sino solamente para quienes los cierran o se niegan a mirar. 

LA FERIA DE EL DESTAPE ►