La contundente victoria del Frente de Todos en las PASO repercutió en el Poder Judicial, que interpretó el resultado del 11 de agosto como irremontable para el macrismo y espera que se produzcan cambios a partir de la llegada de Alberto Fernández a la presidencia de la Nación.

Fernández es un político que conoce muy bien el sistema judicial. Es abogado y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde 1985. Actualmente, dicta la materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena. Por sus contactos, tuvo un rol preponderante en el “amado judicial” del gobierno de Néstor Kirchner, en el que se desempeñó como jefe de Gabinete. Luego fue uno de los asesores de Cristina Kirchner con llegada a los tribunales.

Por esa razón, en el tercer Poder del Estado esperan que un potencial gobierno de Fernández impulse una política judicial diferente a la que desarrolló Cambiemos. En el búnker del Frente de Todos señalan que en el corto plazo no habrá cambios estructurales sino más bien de forma.

 

 

“Queremos que la Justicia funcione mejor”, afirman en las oficinas de la calle México respecto a un poder que tiene una muy mala imagen en la sociedad. Pero inmediatamente después aclaran que la dinámica de Poder Judicial hoy “no es nuestra prioridad”. No estará siquiera entre los temas de campaña. “El foco es netamente económico”, explican respecto a lo que se viene.

Esto no implica que Fernández desatienda el flanco judicial. Por ejemplo, tres meses atrás, el entonces asesor de Cristina Kirchner (todavía no sabía que iba a ser candidato) había enviado un mensaje claro: “Hay jueces que van a tener que dar explicaciones de las barrabasadas que escribieron”. Acto seguido mencionó a cinco magistrados con despacho en Comodoro Py: dos de primera instancia, uno -clave- de la cámara revisora porteña y dos del máximo tribunal penal del país. Se trató de Julián Ercolini, Claudio Bonadio, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, respectivamente. Con el resultado del 11 de agosto, sus palabras adquirieron otra relevancia. Por eso desde la sede del Frente de Todos ahora le bajan el tono a esas declaraciones e indican que lo que buscarán es que la Justicie mejore su funcionamiento.

En esa línea se puede interpretar la reciente afirmación de Fernández respecto a sus expectativas: "Quiero que los jueces solo hagan Justicia, que algunos han dejado de hacer hace algunos años, y que nunca dejen de lado el estado de Derecho por una necesidad política de alguien que gobierna".

En el entorno del candidato presidencial cuestionan que durante los años macristas hubo “un abuso de la prisión preventiva” contra dirigentes opositores. No obstante, reniegan de afirmar que “hay presos políticos” . Así, dan a entender que no se opondrán al avance de la Justicia.

Consultados por algunas causas emblemáticas, sostienen que las mismas caerán por su propio peso. Por citar un ejemplo: imaginan, como muchos abogados, que la causa de las fotocopias de los cuadernos terminará repleta de nulidades, por las inconsistencias que tuvo el expediente. Eso haría que aquella pesquisa no se traduzca en la megacausa que el macrismo alguna vez imaginó. Lo mismo sostuvo ante El Destape un importante letrado, cercano a un empresario de peso, involucrado en esa causa que impulsaron el polémico juez federal Claudio Bonadio y el fiscal rebelde Carlos Stornelli.

 

 

La Corte

 

Confiados en que superarán el 50% de los votos, en las oficinas de la calle México imaginan los cambios “de fondo” en el mundo judicial para más adelante, más cerca de las legislativas de 2021. Y no buscarán un recambio en las altas esferas del Poder Judicial. Un gesto en ese sentido fue el mensaje de Fernández a la Corte Suprema de Justicia, de la última semana: "Los jueces de la Corte son dignos, aún los que nombró Macri. Son respetables, dignos, éticamente no se puede cuestionar nada".

Incluso, en contraste con lo que pensaban ejecutar desde Juntos por el Cambio, Fernández apuesta a la continuidad de una Corte con cinco integrantes. Es decir, no pretende ampliarla en el inicio de su gestión.

Lo que sí anticiparon en el Frente de Todos es que si la ministra cortesana Elena Highton de Nolasco abandona su cargo (debiera jubilarse porque superó los 75 años) será reemplazada por otra mujer.

Lo que no está tan claro es quién quedará como presidente del Alto Tribunal. Pero eso depende del voto de los mismos supremos. Hasta el momento, el mandamás de los cortesanos es el desgastado Carlos Rosenkrantz.

En las últimas horas se dejó correr la voz de que el exabogado del Grupo Clarín dejaría la presidencia del máximo tribunal incluso antes del recambio presidencial. La versión tiene anclaje en que su nombre quedó muy atado al del macrismo. El cortesano hasta fue fotografiado en eventos privados con operadores judiciales PRO. Con este telón de fondo, en Comodoro Py no faltan quienes sueñan con la recomposición de una tríada suprema que supo administrar la dinámica del Alto Tribunal en otros tiempos. El vértigo sobre esta cuestión llega a puntos inverosímiles. Tan es así que desde el cuarto piso del Palacio de Talcahuano, donde tiene sede la Corte, descartan cualquier tipo de maniobra en ese sentido.

“Nadie discute la continuidad de Carlos. Sería una pésima señal del Poder Judicial”, aseguran desde una de las vocalías cortesanas. “No hay nada de eso. No tenemos nada en agenda”, añaden en otra. Y afirman que de realizarse una modificación será posterior al 10 de diciembre. Cualquier otro movimiento sería, cuanto menos, desprolijo.

El rumor del cambio de timón en la Corte se adjudica a jueces de Comodoro Py que miran el futuro con mucha incertidumbre. Sobre todo, aquellos magistrados que iniciaron sus trámites jubilatorios. Que no son pocos.

 

 

Oxigenación judicial

 

Como reaseguro ante los tiempos que se avecinaban (con la sombra del FMI encima) muchos jueces en edad de jubilarse (desde los 60 años en adelante) iniciaron tiempo atrás los trámites para abandonar el Poder Judicial. No tanto por olfato político sino más bien por conveniencia personal: temían, aseguran en tribunales, que por presión del fondo más temprano que tarde dejase de tener vigencia el 82% móvil.

La nómina de magistrados en edad de dejar la toga tan solo en los tribunales de Comodoro Py es extensa. En los juzgados de primera instancia incluye desde Claudio Bonadio (ya inició los trámites y está a un paso de dejar su cargo) a María Servini y Rodolfo Canicoba Corral.

En la instancia revisora, la Cámara Federal porteña, por ejemplo, se encuentra en edad de jubilarse Martín “Doctrina” Irurzun, el impulsor del encarcelamiento sin condena de los exfuncionarios kirchneristas que eran investigados en la Justicia. Y en la Cámara Federal de Casación Penal hay al menos cuatro jueces en las mismas condiciones.

Qué hará cada uno de estos magistrados de cara al futuro aún es una incógnita. Pero este panorama atado al reacomodamiento a los nuevos tiempos políticos que se avecinan explica algunos movimientos que hubo en los tribunales de Retiro en los últimos días.

Otro puesto judicial clave en el que podría haber novedades es en la “cabeza” del Ministerio Público Fiscal. El Procurador General interino, Eduardo Casal, que es el jefe de los fiscales y quedó muy vinculado al oficialismo, es otro de los funcionarios en condiciones de jubilarse. No obstante, desde el MPF aseguran que también podría volver a su cargo de procurador ante la Corte Suprema. Lo cierto es que con un nuevo gobierno en el horizonte su interinato tiene los días contados.

 

La mesa judicial “albertista”

 

En el búnker de Alberto Fernandez, ratifican que la estrategia en el mundo judicial se teje en una mesa que integran: el expresidente del Consejo de la Magistratura porteño y hombre fuerte del PJ local, Juan Manuel Olmos; la histórica colaboradora de Alberto en temas jurídicos, Marcela Losardo; el diputado cristinista y consejero Eduardo “Wado” De Pedro; y el exministro de Justicia de Kirchner Alberto Iribarne, entre otros. Cualquiera de ellos podría tener un puesto de relevancia en un futuro Gabinete. Aunque eso aún no está definido. A pesar de la danza de apellidos, desde el Frente de Todos adelantaron que no pretenden dar a conocer los nombres de quienes integrarán el Gabinete “hasta noviembre”. En ese sentido, aseguraron: “Alberto tiene credibilidad y legitimidad. Hoy no le hace falta nombrar a alguien para que respalde lo que dice”.