Córdoba: comienza el juicio a empresarios rurales que evadían impuestos con indigentes

Usaban personas de bajos recursos para lograr beneficios impositivos. El vínculo entre una de las acusadas con Juliana Awada. 

17 de febrero, 2020 | 09.45
Comienza juicio a ruralistas que evadían usando indigentes | Evasión impositiva

Esta semana comenzará a ser juzgada en los Tribunales Federales de Córdoba la empresaria y abogada María Pía Cardoso Magri, quien junto a otros 13 cómplices, integró una banda de productores rurales y agroexportadores que evadieron millones de dólares en impuestos. El juicio comenzará el próximo jueves 20

El jefe de la banda sería el empresario y productor agrario Atilio Omar Mengo, quien está sospechado de haber realizado “maniobras de comercialización marginal de granos a través de la utilización de personas indigentes y operatoria de cheques”.

El nombre de María Pía Cardoso Magri fue conocido en el país a fines de 2006, al ser testigo en el caso del asesinato de Nora Dalmasso. Posteriormente, la mujer fue pareja del viudo Marcelo Macarrón, único sospechoso de haber planificado el asesinato de su esposa, quien fue hallada estrangulada en su chalé de Villa Golf el 26 de noviembre de 2006.

Un año después del femicidio de Dalmasso, el nombre de Pía Cardoso –en esa época no usaba el segundo apellido Magri- volvió a ocupar los titulares: en noviembre de 2007, Nilda Romero, una indigente de Río Cuarto que era beneficiaria de planes sociales estaba en la cola de las cajas del Banco Francés junto a su hijo Esteban Príncipe. Le iban a pagar $ 150, dos días después que depositara el cheque que tenía en sus manos y le habían dado en las oficinas municipales donde Cardoso era funcionaria.

La mujer dio vuelta el documento financiero y se sorprendió tanto, que le gritó a su hijo: “Tati, son 40 mil pesos, no 150!”. El chico agarró el cheque para verificar lo que le acababa de decir su mamá, cuando un carterazo en la cabeza lo aturdió y casi tira al piso. El policía que custodiaba la seguridad del banco intercedió y demoró a la agresora de Esteban Príncipe: Pía Cardoso, funcionaria del área de Saneamiento de Títulos de la Municipalidad de Río Cuarto.

Ese escándalo derivó en una investigación que determinó que Cardoso utilizó su cargo en el municipio para acceder a padrones de indigentes; y junto a empresarios agroexportadoras de la zona, los hicieron aparecer como titulares de firmas que recibían beneficios impositivos. Al enterarse del escándalo, el intendente radical Antonio Rins despidió a Cardoso.

En junio de 2008, la ex funcionaria municipal fue detenida, acusada por la Justicia federal de evasión impositiva, y recuperó la libertad tres meses después, luego de pagar una fianza de $ 600 mil. Junto a María Pía Cardoso Magri fueron detenidos tres cómplices: un policía, un abogado y un puntero político.

En noviembre de 2009, Cardoso Magri y el abogado Miguel Pettiti fueron absueltos por la agresión que sufrió en el Banco Francés el joven Esteban Romero, que disparó la investigación por evasión fiscal.

Esta vez, la situación es más complicada: según la acusación del fiscal Carlos Gonella –la causa fue elevada a juicio por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa-; los 14 sospechosos armaron una asociación ilícita para conformar empresas fantasma ligadas a la producción y exportación de granos y evadir sumas millonarias de impuestos.

Como funcionaria municipal, Pía Cardoso Magri entregaba a personas carenciadas los títulos de propiedad de sus terrenos o viviendas. Así, se valió de los padrones de indigentes para armar las carpetas con las que sus cómplices conformaban las empresas fantasmas.

Los otros imputados son el empresario y presunto jefe de la banda, Atilio Omar Mengo y sus hijas Francina Evelin Mengo y Luisina Sol Mengo; Eduardo Meta y sus hijos Diego Meta y Gabriel Meta; Claudio Fabián Giles, Hugo Alfredo Agüero, Vanesa Romina Moyano, Sebastián Guillermo Barreiro, Sergio Raúl Bertoni, Leonardo Fabián Petitti y Gabriel Alberto Ludueña.

“Como primer eslabón de la cadena delictiva se detectó el reclutamiento de personas, en general de bajos recursos, a quienes mediante la promesa de dinero y con la finalidad de burlar el sistema tributario, al tratarse de sujetos insolventes, se los instaba a inscribirse en el régimen impositivo de monotributistas. Una vez inscriptos, se les habría hecho firmar documentación necesaria para la comercialización referida”, detalló el juez Ochoa al elevar la causa a juicio.

Las víctimas primarias de esta estafa fueron los indigentes que fueron inscriptos como monotributistas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como productores agropecuarios, con el fin de sustituir a los verdaderos vendedores en “negro”, ocultando así la identidad de quienes efectuaban las transacciones.

Según la acusación, Cardoso operó en el reclutamiento de indigentes junto a los empleados municipales Claudio Giles y Vanesa Moyano.

Una vez generada la documentación falsa del vendedor; quien compraba esos productos obtenía los beneficios del cómputo del crédito fiscal del IVA y la deducción del costo respectivo en Ganancias. Además, por tratarse de proveedores monotributistas, se burlaban los regímenes de retenciones impositivas, ya que estos sujetos no resultaban alcanzados por carecer de solvencia económica.

Además, la banda emitió cheques por montos inferiores a los $ 50 mil a nombre de falsos monotributistas –el caso que destapó la olla fue el de Nilda Romero en el Banco Francés-; que eran cobrados con la complicidad de funcionarios bancarios. Ese dinero, posteriormente era reingresado al circuito financiero a través de Gordon SA, una cueva financiera, propiedad de Leonardo Petitti y Gabriel Ludueña.

El presunto jefe de la banda, Atilio Omar Mengo, era en esa época presidente del directorio de FLG Agropecuaria SA y Soybeans SA, mientras que sus hijas figuraban como presidenta o directoras de esas sociedades.

Sebastián Barreiro y Sergio Bertoni eran gerentes de las empresas Cereales y Pasturas SA y Oro Verde SRL; ambas investigadas por comercializar granos con monotributistas de escasos recursos. Estas personas inscriptas por Cardoso, declararon que nunca desarrollaron actividades ligadas al campo; en cambio reconocieron que prestaron sus nombres, sin saberlo, a cambio del pago de una mensualidad o subsidio.

Mientras que los Meta –Eduardo y sus hijos Diego y Gabriel-, están acusados de haber metido en el sistema legal financiero, cheques de las empresas ligadas a Mengo.

Actualmente, María Pía Cardoso Magri preside la fundación Patagonia Flooring, dejó Río Cuarto y vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde realiza eventos sociales en los que participó, entre otras figuras, Juliana Awada, esposa del ex presidente Mauricio Macri.

El tribunal federal que juzgará a Mengo, Cardoso y el resto de la banda está presidido por la jueza Carolina Prado e integrado por Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci.

 

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