Apuntan contra el gobernador macrista, Gustavo Sáenz, por la crisis wichi en Salta

Confirmaron a El Destape que la situación podría empeorar porque hay otros 23 menores internados, siete de extrema gravedad.

28 de enero, 2020 | 17.22

Ya son seis los niños y niñas wichi que murieron por desnutrición y deshidratación en la provincia de Salta y la dramática situación podría empeorar porque hay cerca de 23 menores más internados, algunos en una situación muy grave, con riesgo de vida.

La situación "es más grave de lo que se ve", confió el diputado nacional Juan Emilio Ameri a El Destape y reveló que hay cerca de 23 casos de niños y niñas wichi internados de los cuales siete están en "extremísima gravedad".

El diputado advirtió por la inacción del gobierno del macrista Gustavo Sáenz y aseguró que la provincia debería tomar parte del presupuesto de $110.000 millones que tiene para atender, de forma urgente e inmediata, esta dramática situación. Hay un "abandono por parte del Estado", sostuvo, y contó que "nadie les llevó una camioneta con comida" cuando se deberían "brindar soluciones inmediatas".

El contexto es grave, algunos menores presentan "valores nutricionales del África Subsahariana", algo inaceptable para un país que "produce alimentos para 400 millones de personas". Por eso, calificó lo que ocurre en la provincia, y la falta de acción de la gobernación, como "un crimen".

“Este problema lo venimos arrastrando desde hace años. Tuvimos visitas del gobernador Gustavo Sáenz y del ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, pero no veo frutos. Hay un problema inmenso de pobreza, hambre y de salud”, dijo Rogelio Nerón, intendente de la comunidad originaria de Las Vertientes, en el municipio de Santa Victoria del Este a la AM 750.

Lejos de resolver el problema, el diputado contó que la gobernación envió, con el Ejército, sólo un potabilizador para un único lugar sin atender al resto. Atender la situación no es sencillo, las comunidades originarias están "aisladas" porque "fueron empujadas" fuera de sus tierras a lugares "donde no se puede sembrar ni una papa". 

Esto ocurrió sin su consentimiento, por "el avance de desmontes y frontera agrícola" que "les quitó sus territorios" para llevarlos a misiones que son "campos de consentración modernos a la expectativa de que el Estado pueda llegar con comida y agua", describió el diputado a El Destape.

Si bien se precisa una acción rápida y urgente de parte del Ejecutivo, en el Congreso nacional ya están trabajando en proyectos de ley para intentar encontrar una solución a un problema estructural. Ya está redactado, según adelantó Ameri, un texto para declarar zona de desastre hídrica, económica, social y sanitaria a Orán, Rivadavia y San Martín, las localidades con más problemas en la actualidad.

El proyecto está listo para ser tratado cuanto antes mientras, en paralelo, avanzan con uno que buscará solucionar "el 70% del problema de las comunidades originarias" al "devolverle las tierras ancestrales" sabiendo que van "a tocar intereses muy grandes de enemigos muy poderosos" pero que servirá para avanzar en una respuesta a las demandas.

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