Un lugar común de la política argentina afirma que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires llega jamás a ser presidente de la Nación. La historia lo confirma. Dirigentes de la talla de Domingo Mercante y Antonio Cafiero, en diferentes contextos y por distintos motivos, fracasaron en el intento de acceder a la Casa Rosada. Sin embargo, parece clave en esta etapa evaluar la historia reciente de esas apuestas presidenciales fallidas.
Desde la recuperación de la democracia en 1983 el peronismo tuvo dos gobiernos por las urnas de más de una década: el Carlos Menem entre 1989 y 1999 y los de Néstor y Cristina entre 2003 y 2015.
Las dos veces el peronismo tuvo que asumir la gestión del Estado en el marco de severas crisis nacionales que concluyeron en forma anticipada la administración de dos presidentes radicales: la hiperinflación de 1989 y el crack de la convertibilidad en el 2001. A la vez, lo hizo enfrentando la modificación profunda del escenario internacional. En efecto, la caída del muro de Berlín en 1989 marca el fin de la guerra fría y el mundo bipolar se vuelve unipolar, mientras que el atentado a las Torres Gemelas en New York en 2001 marca que el "fin de la historia" de Francis Fukuyama cede paso al "choque de civilizaciones" pronosticado por Samuel Huntington, emergiendo el mundo multipolar del presente.
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El peronismo pareciera tener la responsabilidad de conducir a la Argentina en las corrientes mundiales, a veces con subordinación como en 1998, otras con mucha autonomía como en 2003. De hecho, la década de Perón entre 1946 y 1955 se desarrolló al inicio de la guerra fría.
Ahora bien, al fin de estos largos gobiernos, ni Eduardo Duhalde -gobernador de la Provincia de Buenos Aires- sucedió a Carlos Menem en 1999, ni Daniel Scioli, también gobernador bonaerense, sucedió a Cristina en 2015.
Las causas del fracaso son diversas en ambos casos, pero es necesario focalizarse en las aristas estructurales de la arquitectura federal del país, tanto en el plano institucional como presupuestario, que limitan la autonomía de la primer provincia argentina. Sin perder de vista el recorrido seguido por el gobierno macrista desde su inicio.
La Constitución de 1994, surgida del núcleo de coincidencias básicas del Pacto de Olivos, le otorgó rango constitucional al reparto de fondos federales surgido de los coeficientes acordados en 1988 entre los gobernadores peronistas y un debilitado gobierno nacional radical. La coparticipación de los tributos nacionales cristalizó en coeficientes adversos a la Provincia de Buenos Aires, pues en tanto el distrito genera alrededor el 40 % del PIB, la alícuota de distribución de recursos es el 21 % y en el devenir del tiempo se redujo en los hechos al 18 %.
El sistema institucional y de reparto de recursos contenido en la Constitución de 1994 definió un esquema político por el cual los presidentes peronistas provienen de provincias de menor volumen económico, concretamente La Rioja (Menem) y Santa Cruz (Néstor y Cristina) y los presidentes de las coaliciones anti-peronistas emergen de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (De la Rúa-Macri). Por su parte, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires ve restringida su autonomía por carencia de fondos y tiende a correr la misma suerte que el Gobierno Nacional de su mismo signo político, sobre todo frente al desgaste propio de períodos largos de gestión.
Sin embargo, Macri ha encarado un rumbo distinto a las experiencias peronistas dotando de recursos en forma potente al gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal desde sus comienzos. Dos reformas fiscales han formalizado esta decisión:
- La restitución del 15 % de coparticipación retenido para financiar la ANsES, devuelto en cuotas anuales del 3 %. Si bien esto es común a todas la provincias, para Buenos Aires adquiere una magnitud singular, pues supone para el año 2018 una cifra próxima a $ 14.000 millones. [1]
- El descongelamiento del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano bonaerense, llevándolo de $ 650 millones $ 21.000 millones en 2018 y con una proyección de recursos de $ 40.000 millones para 2019. La conflictiva reforma previsional se llevó adelante esencialmente para transferir a Vidal recursos de la ANsES recortados de las jubilaciones.
Además, se autorizó a la provincia a endeudarse sin restricciones por encima de los topes impuestos por la ley de Responsabilidad Fiscal.
Los recursos disponibles de la gobernadora Vidal se acrecentaron en un 43,7 % en 2016 (de $ 274.304 millones en 2015 a $ 394.097 millones en 2016) y en un 43,2 % en 2017 (alcanzando a $ 564.505 millones). El stock de deuda provincial subió un 60,8 % en 2016 (de $ 122.085 millones en 2015 a $ 196.294 millones en 2016) y un 32,3 % al tercer trimestre 2017 ($ 259.690 millones).
"La plata de los jubilados financia a Vidal", es una lectura viable. ¿Se encamina a romper el maleficio y llegar a Balcarce 50, si es que la figura política de Macri se sigue erosionando rápidamente? Recursos no le faltan.
[1] Todas las cifras vertidas en este artículo corresponden a datos oficiales nacionales y provinciales elaborados por las actuales autoridades gubernativas.
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