01 de marzo, 2020 | 00.05

Jubilados: ¿Cómo se van a calcular los aumentos con la nueva fórmula?

Por inflación no se pudo. Ahora empieza el camino para llegar a un consenso final sobre cómo hay que aumentar los haberes de los jubilados.

Tras las discusiones y acusaciones por el decreto que aumentó los haberes jubilatorios a modo de reemplazo de la ley de movilidad suspendida, ya comenzó la cuenta regresiva para redactar un proyecto que contenga una nueva fórmula. Desidenxar será el horizonte al que quiere llegar el Gobierno para darle sustentabilidad al sistema y retomar el sendero de la recuperación del poder adquisitivo.

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Uno de los puntos de la Ley de Emergencia explicitaba que, además de suspender la movilidad jubilatoria creada por el gobierno de Mauricio Macri, la gestión actual debía crear una comisión "integrada por representantes de los ministerios de Economía y de Trabajo y miembros de las comisiones competentes en la materia del Congreso de la Nación", para proponer "un proyecto de Ley de Movilidad de los haberes previsionales", de acuerdo a "los principios de solidaridad y redistribución" en un lapso de 180 días.

Por el Poder Ejecutivo, ya fueron designados Miguel Baelo, jefe de Gabinete de Asesores; Luis Goñi, secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, y Roberto Arias, secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía. Asimismo, de Diputados estarán el presidente y vice de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Previsión y Seguridad Social, y Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales.

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De las mencionadas, las que tienen autoridades confirmadas son Presupuesto y Hacienda, con Carlos Heller  (FdT) como presidente y Luciano Laspina (PRO) como vice. Asimismo, en la de Previsión y Seguridad Social se designaron a Marcelo Casaretto (FdT) como presidente y a Alejandro Cacace (UCR Juntos por el Cambio).

Hacia dónde va el sistema jubilatorio

La fórmula de actualización de los haberes o movilidad jubilatoria se estableció por Ley 26.417 en el año 2008 como un mecanismo de actualización automática de los haberes jubilatorios. Esta prefijaba dos incrementos al año (marzo y septiembre), tanto de las jubilaciones como de las pensiones, las asignaciones familiares, las asignaciones por hijo (AUH) y otras prestaciones de Anses.

Dichos incrementos semestrales estaban basados en la evolución de la recaudación tributaria y total de la Anses y de la evolución de los salarios registrados, tomando el semestre anterior y los dos años anteriores en el caso de que aplique el tope de la recaudación total.

Sin embargo, con la reforma previsional de diciembre de 2017, se reemplazó ese cálculo por una que tomaba a la inflación y en menor medida la evolución salarial. La ponderación del índice se había fijado en 70 % para el índice de precios al consumidor de Indec y un 30 % para la evolución salarial (mediante el Ripte- Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Tal vez el macrismo no imaginaba que iba a romper todos los récords en torno a esta variable, lo cual haría impagable un eventual incremento en términos fiscales. 

Desindexar, desindexar, desindexar 

En economía, indexar significar poner en relación las variaciones de un valor con las de un índice de referencia. La idea de una actualización de los haberes por inflación es una idea interesante para un país con valores estables, pero Argentina no has sido el caso en los últimos años. El objetivo de Alberto Fernández será entonces encontrar una vía alternativa que evite atar las jubilaciones a los vaivenes del país: desindexar.

Según datos oficiales, en Argentina alrededor del 22% del PBI se insume en las prestaciones de la seguridad social: jubilaciones y pensiones; pensiones no contributivas; asignaciones familiares; asignación universal por hijo; enfermedades laborales y riesgos del trabajo;  obras sociales y otras políticas sociales.

Si se desagrega este dato, se comprende el peso de proporción que representa el Anses: los regímenes de prestaciones dinerarias de jubilaciones y pensiones representan casi el 50% del total de la inversión a la seguridad social. Por ende, la disputa sobre los controles en los aumentos del sistema previsional abarca alrededor del 10% del producto.

En conversación con El Destape, el director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, Miguel Fernández Pastor, expresó que es probable que se "vuelva a la fórmula Boudou". Sin embargo, aclaró que sería adecuado ofrecer una garantía para que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo, por ejemplo a través de la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Por lo pronto, el propio titular de la Anses, Alejandro Vanoli, ya planteó la necesidad de reeditar aquel esquema promovido por el kirchnerismo. "Mi opinión como titular de la ANSES es que se debería volver a una fórmula que contemple a trabajadores activos y que tenga en cuenta la recaudación. Es decir, que en momentos que le vaya mejor al país, mejoren los ingresos. Un 50% según el índice de salarios de trabajadores activos y un 50% recaudación”, expresó.

Respecto a las complicaciones presupuestarias que atraviesa el país, el abogado previsionalista remarcó que la discusión por la nueva fórmula "se va a desprender del tema de la deuda porque hay un imperativo constitucional que reglamenta la necesidad de una movilidad". En ese sentido, Pastor insistió en la idea de que "hay caminos para darle estabilidad sin implicar un financiamiento del Tesoro, con una fórmula pro cíclica que se conforme en paralelo a un fondo anticíclico".

¿Juicios por inmovilidad?

Quienes cobran la mínima pasarán de cobrar $ 14.068 a $ 15.890 (ascenso del 13%), lo cual representa un universo cercano al 50% de todo el sistema jubilatorio. Asimismo, aquellos que recibían hasta $ 16.200 tendrán una suba del 11,56%, lo cual elevará la cifra a $ 18.072.

Así, el 74% de los beneficiarios recibirá un aumento mayor al de la fórmula suspendida. De esta manera, la inversión en el sistema previsional será mayor a la estipulada bajo los parámetros anteriores.

Si se suman los dos bonos de $ 5000 otorgados en bimestre pasado, el gasto será mayor al que hubiese habido con fórmula suspendida. Con las normativas que había fijado el macrismo, una persona con un haber mínimo hubiese recibido $ 75.219 en primeros cinco meses del año.

Sin embargo, con el vuelco de ingresos que efectuó el Gobierno, si se suman los bonos y los aumentos decretados, la misma persona recibirá $ 85.812 en mismo período. Es decir, un 14,1% más que el caso analizado con lo previsto por la fórmula ideada por Cambiemos.

Claro, la crítica principal al aumento se dio por el porcentaje de jubilados que no fueron alcanzados por la iniciativa. Claramente, quienes ganan más de $ 16.200 no son privilegiados ni mucho menos, por lo cual podrían abrir una causa contra el Estado.

A pesar de esta especulación, Pastor sostuvo: “que prosperen los juicios estará atado a la movilidad de junio. Si para ese mes se ordenan las cuentas para los segmentos no alcanzados, se minimizarán los procesos”.

“Si no es así, van a accionar judicialmente. Hay que tener en cuenta que el poder judicial está herido, pero para que toda causa funcione debe tener un alto contenido económico”, agregó el abogado especialista en previsión social.

 

 

 

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