Mauricio Macri logró un dictamen en Diputados para un viejo proyecto que impulsa desde su paso por la jefatura de Gobierno porteño: convertir a la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal. En el discurso, se trata de la transferencia funciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) nacional a un ente igual en la ciudad. En los papeles, de relajar los controles para las empresas, en especial las extranjeras. En lo concreto, de habilitar maniobras vinculadas al mundo offshore, que tanto conocen el Presidente, su familia, sus amigos y sus funcionarios.

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El dictamen de mayoría tiene firmas de Cambiemos y sus satélites. Firma Diego Mestre, radical que presidente de la comisión de Justicia. Por el PRO firmaron, entre otros, Pablo Tonelli (la espada de Macri para sus tropelías judiciales), Daniel Lipovetzky, Graciela Ocaña y Silvina Lospennato. Por el interbloque Argentina Federal apoyaron Juan Brügge y Verónica Derna, junto a Carla Carrizo, que milita en las filas de Martin Lousteau.

Los diputados del Frente para la Victoria presentaron un dictamen de rechazo, que firmó la vicepresidenta de la comisión de Justicia Vanesa Siley junto a Guillermo Carmona, Eduardo "Wado" de Pedro y Analía Rach Quiroga. El rechazo hace eje especialmente en la cuestión laboral y en los privilegios presupuestarios para la ciudad de Buenos Aires.

La clave del proyecto, sin embargo, es la desregulación de los controles para las empresas, en especial, sociedades extranjeras. Esto se complementa con una norma que dictó la IGJ hace pocos días, el 28 de agosto. Se trata de la resolución 6, que lleva la firma de Sergio Ruben Brodsky, el titular de la IGJ cuya terminal es nada menos que Daniel “Tano” Angelici. Esta resolución plantea en sus fundamentos que es para “agilizar los procedimientos administrativos, a efectos de reducir los tiempos que afectan a los administrados, y simplificar sus gestiones”. En lenguaje empresarial, esto significa reducir controles. En lo concreto, modificó buena parte de la resolución 7 del 2015 que había complementado las disposiciones de la IGJ durante la gestión de Ricardo Nissen, quien logró aumentar los controles para las sociedades extrajeras. Ahora, el objetivo es liberalizarlos, desregularlos y habilitar un nuevo organismo para hacer el camino más sencillo para la contabilidad creativa en las empresas.

Tras la resolución de la IGJ, la Comisión de Justicia de Diputados trató este tema el 4 de septiembre y ya logró dictamen. Según pudo saber El Destape, el oficialismo buscará tratarlo lo antes posible en el recinto.

Pica con Gils Carbó

La obsesión de Macri con la ex procuradora Alejandra Gils Carbó data de 2008 y está vinculada a este tema. El 9 de octubre de ese año, la legislatura porteña sancionó la ley 2.875 que creaba un “Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas”. Tendría entre sus competencias la “fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Es decir, el registro y control de las sociedades extranjeras.

Gils Carbó, por entonces fiscal general ante la Cámara Comercial, presentó una medida cautelar ya que esta ley infringía la Constitución y otras leyes. La iniciativa de Macri planteaba que esta nueva IGJ porteña tendría como función registrar y fiscalizar las sociedades tanto nacionales como extranjeras. Esto generaba un doble registro entre la ciudad y la Nación, pero con una trampita: los de la ciudad serían mucho más laxos.

La posición de Gils Carbó fue contundente: “En la medida en que rijan en los registros locales diferentes políticas sobre el control y fiscalización de las sociedades extranjeras offshore, ello permite la creación de ‘paraísos societarios’ en nuestro país, en beneficio de un sector privilegiado de la sociedad y con grave daño al resto de la comunidad”.

La iniciativa de Macri apuntaba a romper los controles que regían en la IGJ nacional desde el 2003, cuando se creó el “Registro de Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el Extranjero” para mejorar el control sobre operaciones de las sociedades offshore. Gils Carbó hizo hincapié en este punto: “Hasta entonces, era una práctica tolerada que un sector privilegiado de ciudadanos argentinos ocultara sus ganancias y sus bienes de la acción del fisco, de los derechos del cónyuge, de los trabajadores y de los acreedores por cualquier otra causa, registrando sus propiedades a nombre de una sociedad extranjera offshore. También es el sistema que se utiliza para esconder el producido de actividades ilegales y delictivas provenientes de la corrupción pública y privada. (…) esta clase de sociedades pantalla permite ocultar al verdadero titular del patrimonio gracias a un régimen de confidencialidad ofrecido por los centros offshore”. La fiscal aseguró que, de constituirse el nuevo organismo que pretendía y pretende Macri, “los grandes evasores podrán acudir al nuevo registro societario simplificado para eludir el Registro de Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el Extranjero y otras reglamentaciones que dictó la Inspección General de Justicia nacional en defensa de la equidad fiscal, la transparencia y los derechos de terceros”.

El dictamen de Gils Carbó adelantó lo que luego Macri hizo al llegar a la presidencia, es decir, ir a contramano del mundo: “Vale decir, mientras todo el resto de los países avanzados se orienta hacia un nuevo proteccionismo y a un perfeccionamiento de las regulaciones del mercado, la Ciudad de Buenos Aires viene contra la corriente seduciendo a las sociedades con trámites sencillos y simplificados”, afirmó la entonces fiscal.

La creación de un registro local paralelo y simplificado no permite un control eficaz del fraude societario y, menos aún, del fraude cometido a través de la utilización de sociedades extranjeras offshore. Ello beneficia directamente la actividad de los paraísos fiscales obstruyendo cualquier planificación fiscal basada en la equidad, además, protege las actividades delictivas. La sola idea de liberalizar la actuación de sociedades pantalla amenaza el tejido social y el Estado de Derecho, a la vez que conduce a descargar el peso tributario sobre la gente más pobre (la evasión elevada lleva a gravar el consumo) y sobre los que no tienen facilidades para recurrir a los sofisticados tipos societarios que permiten ocultar las rentas”, sintetizó Gils Carbó. Pasaron 10 años y el plan de Macri sigue intacto. Ahora, con impulso del Congreso.

Para colmo, la jueza que intervino en la causa donde se frenó esta cuestión es Macarena Marra Gimenez, que hasta ahora era subrogante pero concursó para titularizar el cargo y esto depende de la decisión de Macri.

El 23 de febrero de 2016, apenas Macri asumió la presidencia, la jueza subrogante Marra Giménez anuló la cautelar que bloqueaba la posibilidad de convertir a Buenos Aires en un paraíso fiscal. El 3 de marzo la fiscal general Gabriela Boquín (que ocupó el lugar de Gils Carbó), apeló. “Sigue vigente la cuestión de la grave inseguridad jurídica que acarrearía la doble registración, a lo que se ha sumado la pretensión de control de sociedades comerciales- incluidas las extranjeras -que hoy en su categoría de off shore conmocionan a la opinión pública”, escribió Boquin, en clara alusión a los casos en los que Macri y sus amigotes tenían participación en empresas radicadas en guaridas fiscales.

Pero la causa siguió abierta, Marra Gimenez bailó al ritmo del Gobierno y hoy busca su ascenso.