El secretario de Energía, Javier Iguacel, fue imputado por los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público por la bochornosa medida de imponer a los usuarios del servicio de gas que pagar una compensación por la devaluación causada por el e Gobierno.

Si bien el Gobierno buscó calmar la crispación entre los trabajadores retirando el peso del cargo de forma directa, pero estatizando la deuda (una forma indirecta de que sean los argentinos quienes paguen), la causa continuó su curso y el ex ministro quedó formalmente implicado.

La denuncia había sido presentada por el fiscal Guillermo Marijuan y recayó en su colega Paloma Ochoa, quien realizó la imputación.

La fiscal pidió además a la jueza María Romilda Servini de Cubría que dicte una medida de no innovar para suspender durante 60 días la aplicación de la resolución.

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