Las autoridades venezolanas avanzaron este domingo con un nuevo grupo de liberaciones de presos políticos, entre ellas la del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa y la del abogado Perkins Rocha, asesor cercano a la líder opositora María Corina Machado, según informaron sus familiares.
Las excarcelaciones forman parte de un proceso anunciado por el gobierno venezolano a comienzos de enero, que contempla la liberación progresiva de detenidos por motivos políticos y que ha sido seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos. Tras conocerse la liberación de Guanipa, Machado celebró en redes sociales: "Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte. Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá SIEMPRE. Libertad para TODOS los presos políticos!! (SIC)".
El director del Foro Penal, Alfredo Romero, informó en la red social X que “al menos 30 excarcelaciones de presos políticos” fueron verificadas durante la jornada del 8 de febrero y que la organización continúa corroborando otros casos.
El Foro Penal, una ONG que monitorea la situación de los detenidos por razones políticas en Venezuela, señaló que desde que el gobierno anunció una nueva serie de liberaciones el 8 de enero verificó la excarcelación de 383 presos políticos. Sin embargo, familiares de detenidos advierten que todavía queda un número significativo de personas en prisión y reclaman mayor transparencia sobre las listas oficiales de liberados.
La presión internacional
Las liberaciones fueron celebradas por sectores de la oposición y por familiares de los detenidos, que mantienen la presión para que el proceso se extienda a todos los presos políticos.
El gobierno venezolano presentó estas medidas como parte de un plan para reducir la tensión política interna, mientras que Estados Unidos y organismos internacionales han elogiado las excarcelaciones pero insisten en la necesidad de que continúen. Organizaciones de derechos humanos también advierten que el proceso debe ser verificable y garantizar la libertad plena de los excarcelados, sin restricciones que limiten su actividad política o sus derechos civiles.
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