La Casa Blanca envió este miércoles un proyecto de ley sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Se trata de un documento de apenas tres páginas que, entre sus objetivos, pretende ampliar el poder del Estado Nacional sobre los usos de las aplicaciones y sistemas de IA sin consultar a las empresas propietarias. Tampoco permitiría que los estados federales puedan crear sus propios marcos legales.
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Semanas después de haber secuestrado al presidente Nicolás Maduro durante la agresión contra Caracas a principios de enero, el presidente Donald Trump confirmó haber usado la herramienta Claude, de la empresa Anthropic, para orquestar la operación armada en el territorio venezolano. Con las quejas de los ejecutivos de la compañía, quienes acusaron al republicano por violar sus normas de uso ético, desde Washington prometieron dejar de usarla con esos fines. Pero con la agresión a Irán de finales de febrero se corrió el rumor luego confirmado por la administración Trump de que habían vuelto a usarla.
Desde entonces los titulares de Anthropic iniciaron una batalla legal con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien los amenazó con apelar a una vieja ley de la Guerra Fría que habilita al Estado norteamericano a utilizar los productos de cualquier compañía nacional "con fines de defensa a la seguridad de la Nación".
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Entre los puntos que fija la propuesta está el de la llamada "primacía federal", que busca impedir que los estados legislen de manera independiente sobre inteligencia artificial. De avanzar, esta cláusula dejaría sin efecto normativas ya vigentes en distritos como California o Texas, y además limitaría la responsabilidad de los desarrolladores por el uso que terceros hagan de sus modelos, dándole independencia al Estado nacional para hacer lo que quiera. El control quedaría en manos de organismos ya existentes, como la Federal Trade Commission, evitando la creación de una nueva autoridad específica.
En materia de propiedad intelectual, el proyecto de ley sostiene que el entrenamiento de modelos con contenido protegido sería legal, a la par que propone avanzar con esquemas de licencias colectivas que permitan a los titulares de derechos negociar directamente con las empresas tecnológicas que quieran utilizar sus productos.
Otro de los puntos de debate radica en la presunta libertad de expresión. Mientras que el proyecto quiere impedir que los sistemas de IA se usen para silenciar o censurar la expresión política legítima o la disidencia, la administración Trump quiere crear "salvaguardias para garantizar que la IA pueda buscar la verdad y la precisión sin limitaciones", aunque sin plantear ningún tipo de parámetro sobre cómo se haría esto.
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