La Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, encargada de monitorear el país, reconoció con satisfacción la liberación de presos políticos ocurrida en los últimos días, pero marcó un fuerte contrapunto respecto a la magnitud de la medida. Según el organismo, hasta el momento solo se concretaron alrededor de 50 liberaciones, una cifra que contrasta drásticamente con el total estimado de 800 personas que permanecen privadas de su libertad por motivos políticos.
"Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos", sentenció la Misión a través de un comunicado, en el que reiteró su exigencia de una liberación "inmediata e incondicional" para la totalidad de los detenidos arbitrariamente.
El informe hace hincapié en el trato humanitario hacia quienes recuperan la libertad y hacia sus familias. El organismo subrayó que cualquier necesidad de atención médica de los liberados debe ser atendida con urgencia, dado el deterioro que suelen sufrir en cautiverio.
A su vez, la Misión exigió terminar con el régimen de incomunicación. "La detención prolongada en régimen de incomunicación agrava el sufrimiento de las familias y debe cesar", advirtieron. En esa línea, exhortón a las autoridades venezolanas a brindar información "clara y oportuna" sobre el paradero y la situación jurídica de los detenidos, así como a garantizar las visitas de abogados y familiares.
La ONU también pidió al gobierno claridad sobre el futuro: solicitó que se hagan públicos los planes para nuevas liberaciones, en el que se detallen criterios, plazos y cuántas personas más serán beneficiadas.
Alerta por "colectivos armados" y represión
Más allá de la situación carcelaria, la Misión expresó su profunda preocupación por la persistencia de un aparato represivo activo en las calles. El organismo reveló que continúa monitoreando la "rápida evolución" de la crisis y denunció prácticas intimidatorias.
"Hemos recibido información preocupante sobre colectivos armados patrullando ciudades, intimidando a la población y realizando requisas e inspecciones de teléfonos", detalló el comunicado. Además, se reportaron nuevas detenciones de ciudadanos simplemente por expresar opiniones políticas. Ante este escenario, la Misión concluyó con un llamado a la comunidad internacional para que convierta el respeto a los derechos humanos en una "prioridad" absoluta en este momento crucial para Venezuela.
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