Las reformas tributarias, nueva prioridad del progresismo latinoamericano

En Colombia y Chile, Petro y Boric ya las presentaron; en Ecuador, el año pasado, Arauz hizo campaña con ella y, ahora, este año, Lula hace lo mismo en Brasil. Por qué se volvieron un eje central y qué objetivos persiguen.

14 de agosto, 2022 | 00.05

La segunda oleada de gobiernos progresistas en la región está cambiando sus prioridades y ejemplo de ello es la insistencia en llevar adelante reformas tributarias. Lo hizo Gustavo Petro el lunes pasado en su primer día como presidente y lo hizo el chileno Gabriel Boric antes de cumplir los primeros seis meses de gestión; fue una de las principales propuestas de campaña del ecuatoriano Andrés Arauz y el favorito para las elecciones de octubre y ex presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ya anunció que si gana también impulsará la propia. 

"La intención es empujar un nuevo momento de la arquitectura económica y financiera en la región", opinó en diálogo con El Destape Andrés Chiriboga, investigador y docente en el Instituto de Estudios Políticos de París y miembro del equipo de campaña de Arauz. El economista ecuatoriano había sido ministro de Conocimiento y Talento Humano durante la Presidencia de Rafael Correa y luego se presentó como candidato a presidente en las elecciones de 2021, cuando perdió contra Guillermo Lasso. Una de las propuestas más fuertes de su plataforma electoral fue, precisamente, una reforma tributaria acompañada además de una fuerte inyección de recursos en la economía y un alivio financiero para personas endeudadas. 

En ese momento -explicó Chiriboga- Ecuador estaba en una profunda crisis, producto de la pandemia del coronavirus, de los shocks externos y del impacto por las malas decisiones en política económica que llevó adelante el Gobierno de Lenín Moreno. Ante ese escenario, la salida que propuso la fórmula impulsada por Correa apuntaba a ir hacia un sistema tributario progresivo que implicaba, por ejemplo, crear un impuesto a las grandes fortunas que gravara los patrimonios de más de un millón de dólares, además de eliminar el IVA a artículos de higiene femenina. 

"Las propuestas de política tributaria siempre fueron un tema políticamente sensible, por eso en Ecuador tuvimos que manejarlo con mucho tino", opinó el investigador en referencia a la "idea muy instalada" sobre que la mejor política es la eliminación de impuestos. 

"Cuando los sectores empresarios y de la clase media dicen que no hay que aumentar impuestos es importante mostrarles a los empresarios que este tipo de reformas incluyen incentivos a la producción", dijo Chiriboga y agregó que el proyecto de reforma tributaria que impulsaba Arauz se estructuró a partir de haber hecho una lectura política de lo que no se había hecho en el Gobierno de Correa y de lo que se podría haber mejorado.

"Por ejemplo en cuanto a incentivos a la producción se habló mucho y se aterrizó muy poco", consideró. Pero Arauz perdió contra Lasso en segundo vuelta y el banquero, que en época electoral había propuesto eliminar algunos impuestos, presentó una reforma tributaria que terminó siendo regresiva: afectó a las pequeñas y medianas empresas al no eliminar un impuesto del 2% como había prometido y aumentó la carga del aporte a la renta a la clase media. 

Chile: reforma tributaria y cambio constitucional

La victoria de Boric en Chile operó como un parteaguas en la política del país andino con la promesa de responder a las demandas sociales de las movilizaciones de 2011 y 2019 que se sintetizan en el traspaso de un Estado neoliberal a un Estado social de derecho, cristalizado en la nueva Carta Magna. Para llevar adelante ese giro, la reforma tributaria que presentó el primero de julio es la condición necesaria sin la cual no podría encarar esa transformación histórica. Porque la nueva Constitución que chilenos y chilenas votarán el próximo 4 de septiembre consagra una serie de derechos sociales (derecho a la salud pública, a la educación pública, entre otros) que requieren un financiamiento que hoy Chile no tiene.

"Hoy el porcentaje de incidencia del Estado chileno sobre el PBI ronda el 23 por ciento, es un Estado muy chiquito, casi prescindente. En cambio, con la reforma tributaria se propone aumentar el gasto público en un cuatro por ciento", explicó a El Destape el economista Jorge Gajardo. 

Si el Congreso chileno aprueba la reforma tributaria, Boric espera financiar con ella al menos la mitad del programa social que implicaría la puesta en funcionamiento de la nueva Constitución. Los grandes ejes de ese proyecto incluyen aumentar la tributación a la renta para los deciles más altos de la sociedad, algo que afectaría al tres o cuatro por ciento de la población total. Además establece un aumento del royalty a la minería y una fuerte política de ataque a la evasión tributaria.

Esto se haría, en principio, desagregando el sistema integrado de tributación entre personas físicas y empresas que tiene Chile y se iría hacia una separación. Esto significa que no se podrá descontar de la base imponible los impuestos pagados por los dueños de las empresas respecto a sus utilidades, como actualmente se hace para descontar los impuestos personales. Con este último cambio, el Gobierno calculó que un 40 por ciento de todo lo recaudado correspondería solamente a atacar la evasión tributaria. Por último, la reforma también contempla un impuesto a la tenencia de propiedades para alquilarlas. 

Reforma tributaria, la gran apuesta de Petro

"Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social", así bautizó Petro a una de las mayores apuestas de su Gobierno. Se trata, con la misma lógica que tiene la reforma chilena, de pasar de una tributación regresiva a una progresiva; de modificar el índice de Gini a través de una modificación de los impuestos.

"El espíritu de la reforma es introducir progresividad en el impuesto a la renta para personas naturales porque hoy, del total de impuestos, solo el 19 corresponde a las personas naturales mientras que el otro 81 corresponde a las empresas. Esto contrasta con la realidad de los otros países de la OCDE donde la proporción es del 75 por ciento para personas naturales y el otro 25 para las jurídicas", explicó en diálogo con El Destape el economista y ex secretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla. 

El objetivo -siguió Bonilla- es nivelar la cancha entre los impuestos que recaen sobre las personas naturales y los que recaen sobre las personas jurídicas. En conversación con María Jimena Durán para el podcast A fondo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó que, con la nueva reforma, los beneficios impositivos que existen para aquellas personas que ganan hasta 2.336 dólares mensuales se mantienen, pero para aquellas que ganan arriba de eso se reducen.

A eso se le agrega también un impuesto a la renta para aquellos hogares que superen los 700.000 dólares de patrimonio. Esta propuesta de establecer un impuesto al patrimonio, una experiencia que ya se hizo en otras oportunidades en Colombia, se espera que recaiga sobre 60 mil contribuyentes. Además, esta reforma en última instancia va a ir acompañada de una fuerte política antievasión y, según adelantaron, cárcel efectiva para los evasores. 

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