Los Estados miembros de la Unión Europea y la Eurocámara alcanzaron el martes un acuerdo para suavizar las leyes de sostenibilidad empresarial, tras meses de presiones de empresas y países, entre ellos Estados Unidos y Qatar.
Los cambios, que debilitarían dichas normas para una gran mayoría de las empresas ahora cubiertas, responden a las críticas de algunos sectores de que la burocracia y la estricta normativa de la UE obstaculizan la competitividad frente a rivales extranjeros.
"Se trata de un paso importante hacia nuestro objetivo común de crear un entorno empresarial más favorable que ayude a nuestras empresas a crecer e innovar", dijo Marie Bjerre, ministra de Asuntos Europeos de Dinamarca.
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El acuerdo supone un equilibrio muy satisfactorio, añadió Jorgen Warborn, diputado sueco de centro-derecha.
La presión para debilitar las leyes había consternado a los defensores del medio ambiente, algunos inversores y Gobiernos, entre ellos el de España, que había instado a Bruselas a mantener intactas las normas para apoyar las prioridades europeas en materia de sostenibilidad y derechos humanos.
La directiva de la UE sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) obliga a las empresas a revelar detalles de su impacto ambiental y social para ser más transparentes ante inversores y consumidores.
Los negociadores de la UE acordaron que este tipo de informes sólo se aplicarán a las empresas con más de 1.000 trabajadores y un volumen de negocios neto anual superior a 450 millones de euros (524 millones de dólares), frente a las 50.000 empresas actuales con más de 250 empleados.
Para las empresas de fuera de la UE, el umbral se fijó en 450 millones de euros de volumen de negocios generado dentro del bloque.
El acuerdo limita la directiva de la UE sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés) únicamente a las mayores empresas de la UE, con más de 5.000 trabajadores y un volumen de negocios anual superior a 1.500 millones de euros.
Las mismas normas se aplicarán a las empresas no comunitarias que facturen en la UE por encima de ese nivel.
La Unión Europea también ha eliminado una cláusula para que las empresas adopten planes de transición climática en virtud de la directiva.
Estados Unidos y Qatar han presionado a Bruselas para que suavice la ley de diligencia debida, advirtiendo que las normas corrían el riesgo de perturbar el comercio de gas natural licuado con Europa.
Los colegisladores de la UE también acordaron limitar las sanciones por incumplimiento al 3% de la facturación global de las empresas, con directrices a seguir por la Comisión, y exigir el cumplimiento antes de julio de 2029.
Empresas como Exxon Mobil , así como los líderes de Alemania y Francia, habían solicitado cambios más drásticos, incluida la supresión total de la ley de diligencia debida, alegando que perjudicaba a la competitividad de las empresas europeas.
Tanto el Parlamento Europeo como los países de la UE deben dar su aprobación oficial para que los cambios se conviertan en ley, lo que suele ser una formalidad que refrenda los acuerdos preacordados.
(1 dólar = 0,8591 euros)
Con información de Reuters
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