El defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, junto al gerente de la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda (AATHA) y protesorero de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), Mario Ramello, solicitaron informes al Gobierno nacional sobre el destino de los fondos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), los cuales, según la normativa vigente, deben destinarse al mantenimiento y la reparación de las rutas nacionales.
En comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), ambos advirtieron que la situación de la red vial del país se volvió “verdaderamente crítica” y la calificaron como una “emergencia nacional”, al señalar que el deterioro de las rutas se traduce en un incremento sostenido de los siniestros viales y en mayores riesgos para el transporte de personas y cargas.
En ese marco, remarcaron que, si bien el Gobierno nacional anunció la implementación de la denominada Nueva Red Federal de Concesiones (RFC) y la licitación de unos 9.100 kilómetros de corredores viales, se trata de procesos que requieren plazos prolongados y trámites administrativos que no se condicen con el estado actual de gran parte de la red vial. Según indicaron, muchas rutas presentan un nivel de deterioro que no admite demoras.
Asimismo, señalaron que el esquema propuesto implica una privatización total y sin subsidios del mantenimiento vial, en el que las empresas concesionarias asumirían las obras a cambio de la instalación de peajes y la habilitación de negocios complementarios, como locales comerciales. Frente a este escenario, solicitaron al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y al secretario coordinador de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, que se adopten medidas paliativas urgentes ante las quejas diarias de usuarios por rutas con baches profundos, falta de señalización, banquinas deterioradas y puentes en condiciones críticas.
Desde FADEEAC, Ramello explicó que existen recursos disponibles para afrontar trabajos de reparación y mantenimiento, provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Señaló que el sector del transporte es el principal aportante de este tributo, dado que es el mayor consumidor de gasoil del país.
Según datos del sector, durante 2025 el consumo de combustible del transporte de cargas rondó los 6.000 millones de litros anuales, lo que representa cerca del 45% de los 14.000 millones de litros que se consumen en total por año.
De acuerdo con la legislación vigente, los fondos recaudados por el ICL deben destinarse al Fideicomiso del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), creado específicamente para financiar obras viales. Sin embargo, Gialluca afirmó que se reiteró al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el pedido de informes para que se aclare el destino de esos recursos, al tiempo que recordó que el secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, fue denunciado por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no transferir a la Dirección Nacional de Vialidad los fondos recaudados conforme lo establece el Decreto 976/01.
En la misma línea, el ombudsman provincial mencionó que la Federación del Personal de Vialidad Nacional denunció al administrador general del organismo, Marcelo Jorge Campoy, por presunta malversación de fondos públicos y desvío de recursos destinados al mantenimiento de la red vial. Según datos documentados, durante el primer bimestre de 2025 se recaudaron unos 600.000 millones de pesos, de los cuales debían ingresar a Vialidad Nacional alrededor de 86.000 millones, pero solo se habrían transferido 18.000 millones.
Finalmente, alertó que, de acuerdo con evaluaciones del sistema SIG VIAL, el 60% de las rutas nacionales se encuentra en estado crítico, el 23% en condiciones malas y el 22,1% en situación regular. En ese sentido, subrayó que cada peso no invertido a tiempo en mantenimiento obliga luego a gastar entre tres y cinco veces más en obras de rehabilitación.
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