Las empresas de medicina prepaga vuelven a quedar en el centro de la escena. Un conjunto de asociaciones, agremiaciones y cámaras médicas denunciaron los magros honorarios que reciben de estas sociedades, muchas de ellas ampliamente rentables y con beneficios tributarios millonarios. A partir de este escenario, los prestadores médicos que brindan servicios para las prepagas anunciaron la implementación de un “honorario médico ético mínimo”, una suerte de nuevo copago con un valor fijo de 6000 pesos que debería ser cubierto por los usuarios. El titular de la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, explicó –en diálogo con El Destape- que las empresas de medicina prepaga “juegan a un límite con el pago de honorarios a sus prestadores” como un mecanismo para “incrementar sus rentabilidades”.
Los copagos que pueden cobran las empresas de medicina prepaga a través de los prestadores médicos están regulados y sus valores son publicados en la página web de la Superintendencia de Salud. Por ejemplo, un médico pediatra está autorizado a cobrar un coseguro de 1175 pesos. Este importe contribuye a complementar lo que las empresas de medicina prepaga les abonan a los especialistas por brindar su servicio. Y ahí radica el tema de fondo. Los médicos reclaman mejores honorarios, y las empresas hacen silencio. Los perjudicados, los millones de usuarios.
“Se implementa a partir de la presente, un valor ético mínimo de la consulta médica, y el honorario médico ético mínimo al que hemos arribado para mantener un piso arancelario federal digno es de $6.000 (seis mil) pesos. La diferencia entre lo que percibamos del sistema (gerenciadores, obras sociales, prepagos, sanatorios, clínicas, etc) como valor de consulta y dicho honorario médico ético mínimo, deberá ser abonado por el paciente en la consulta. No es un coseguro. No es un adicional. No es un copago. Dicha diferencia es un bono complementario no reintegrable”, puede leerse en una comunicación emitida por un conjunto de Asociaciones, Cámaras, Consejos, Federaciones y Sociedades Médicas Autoconvocadas.
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Las empresas de medicina prepaga son las principales interesadas en que se aumenten los copagos; de esa manera, podrían seguir escatimándole recursos a sus principales prestadores, médicos pediatras, generalistas, oftalmólogos, cardiólogos, entre otros. Los damnificados serían los seis millones de usuarios del sistema, que además de pagar cuotas altísimas y esperar meses por un turno, padecen la desinversión de este sector. Esta sería la principal conclusión de Bussetti:
“En relación al tema copagos, más allá de la regulación de la Superindentencia de servicios de salud, las empresas están dispuesto a no cumplirlo. Por eso me parece relevante lo que mencionó la Vicepresidenta sobre la necesidad de que las asociaciones de consumidores integren la Superintendencia. Esto lo dice la ley y el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga. La norma vigente ya estable nuestra participación y no se cumple. Los millones de afiliados siguen siendo víctimas de la falta de inversión de las prepagas, que dirigen recursos hacia otras inversiones como canales de televisión en vez de mejorar los servicios para la salud. Mientras tanto, las mismas organizaciones obligan de manera solapada a pagar copagos porque no les abonan lo suficiente a los médicos con los que trabajan”.
La Agrupación Pediatras Unidos informó que empresas como Swiss Medical u OSDE abonan 4000 pesos por consulta. Los médicos están autorizados a cobrar un coseguro de 1175 pesos, valor a septiembre de este año. Por ende, los usuarios podrían tener que pagar hasta 1000 pesos por encima del coseguro fijado para cubrir la diferencia del llamado “aporte ético”.
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De rentabilidades y presiones
“Las prepagas usan los copagos para presionar - afirma Roberto Zorzoli, especialista en temas de defensa del consumidor- justo en el momento en que el Gobierno estableció un período de congelamiento de cuotas para el sector”. Dichas sociedades cuentan con varias vías para presionar.
En el caso del congelamiento de las cuotas, las prepagas jugaron a hacerse las distraídas. ¿De qué manera? Para acceder al congelamiento, los usuarios deberían haber completado una declaración jurada ante la AFIP, con una serie de pasos burocráticos, para acceder a una suerte de análisis patrimonial que justificase el congelamiento. Un esquema similar a la quita de subsidios energéticos.
O como afirma Zorzoli, “un esquema donde se invierte la carga de la prueba”, es decir, son los usuarios quienes deben demostrar que no pueden pagar más por una prestación privada. “No existe ninguna figura en la ley de defensa de los consumidores que obligue a los usuarios a demostrar que pueden o no pagar aumentos en un servicio, que además está regulado por el Estado”, argumentó.
Entre la decisión del Gobierno nacional de congelar las cuotas y las nuevas facturas, las empresas privadas “se olvidaron” de comunicarle a los usuarios la posibilidad de solicitar el congelamiento tarifario. “Tal desliz –dicho con ironía por Zorzoli- dificulta la adhesión al congelamiento y les mejora la rentabilidad al sector”.
Las empresas suelen quejare de un (inexistente) desfinanciamiento, cuando sus balances marcan ganancias. “Considerando seis de las principales siete prepagas del país - Galeno, Medicus, Medifé, Omint, OSDE y Swiss Medical- es posible identificar que facturaron, en dólares, casi USD 40 mil millones entre 2015 a 2020. En términos de ingresos con relación a las cápitas, la evolución es similar, va de USD 1.000 a USD 1.500 aproximadamente por persona, sin demasiada dispersión entre las distintas compañías”, puede leerse en un informe del Centro de Economía Política Argentina.
Además de sus ingresos vía cuotas, no son pocos los beneficios fiscales que reciben, tal como queda expuesto en la separata del proyecto del Presupuesto 2024.
Por un lado, siguen sin pagar contribuciones patronales a partir del decreto 34/2021, dictado en el marco de la pandemia. Pero ya pasada la crisis sanitaria, y con subas de las cuotas de manera periódicas – aunque ahora congeladas por dos meses -, continúan con este beneficio calculado en 20.000 millones de pesos. Además, gozan de una alícuota reducida del IVA. Según el Presupuesto vigente, serían 103.000 millones que dejarían de recaudarse.
Es decir, con pandemia y todo, estas empresas podrían soportar mejores pagos a sus prestadores y mejorar la calidad del servicio que venden.
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