Tras la aprobación del Presupuesto 2026, el Gobierno pone el foco ahora en la discusión de la reforma laboral, pospuesta a febrero. Pero mientras que un sector del oficialismo se muestra intransigente respecto al dictamen alcanzado, otro admite que es posible que haya que introducir cambios, incluso sumando a la CGT al diálogo.
El Poder Ejecutivo reveló su proyecto de reforma laboral el pasado 11 de diciembre. Pero entre ese día y el momento del dictamen en el Senado, ocho jornadas después, pasaron varias cosas.
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La principal fue que los partidos dialoguistas no garantizaron el apoyo parlamentario, cobrándole al Gobierno su falta de flexibilidad en la discusión del Presupuesto y la negociación de lugares en la AGN con el kirchnerismo.
Otra fue la importante movilización de la CGT en Plaza de Mayo, que tras meses de dialoguismo en el Consejo de Mayo optó por mostrar una oposición frontal al proyecto final, sobre todo por la cuestión de la "cuota solidaria" que financia a los sindicatos: aunque finalmente Javier Milei aceptó no eliminarla, sí impulsa que el empleado deba prestar conformidad explícita con aval de la Secretaría de Trabajo, lo que es casi una supresión de hecho.
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Además, incluso sectores empresarios plantearon su rechazo a algunos artículos puntuales del proyecto, como las cámaras de comercio respecto al fin de los aportes patronales a sus asociaciones, o las cámaras bancarias en relación a la posibilidad de acreditar salarios en billeteras virtuales.
La interna en el Gabinete de Milei por la reforma laboral
Finalmente, el dictamen se aprobó con algunas modificaciones menores al proyecto ingresado una semana antes, al mismo tiempo que se postergó el debate en el recinto para el 10 de febrero próximo.
La propia Patricia Bullrich admitió, al lograr el dictamen, que el mes y medio que hay hasta la sesión dará tiempo de rediscutir algunos de los puntos cruciales cuestionados. "Nos gustaría dejar el instrumento firmado, lo cual no impide que el dictamen pueda ser modificado posteriormente", expresó la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza durante el debate en las comisiones de Trabajo y Previsión Social.
Pero la postura bullrichista no es es compartida por todo el Gabinete. La que sí coincide es el ala política del Poder Ejecutivo, encargada de las negociaciones para que sea aprobada en el Congreso. "Tenemos que ver si hay cambios o no en el proyecto", afirmaron a El Destape fuentes oficiales, que de este modo se mostraron abiertas a esa posibilidad.
Las mismas fuentes agregaron que "es una buena oportunidad para discutir con la CGT en las comisiones", algo que difícilmente la central sindical acepte si no implica charlar modificaciones en el régimen propuesto de cuota solidaria.
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Sin embargo, el dialoguismo de este sector choca con las intenciones del ala económica del Gabinete, más vinculada con los funcionarios que se encargaron de la redacción y el diseño de la reforma.
Fuentes de ese sector insistieron a este medio en que "ya hay dictamen" y, de esta manera, descartaron la chance de introducir mayores cambios en él. Del mismo modo y en contra de lo que plantea el ala dialoguista del Gobierno, recordaron que "la CGT ya habló en el Consejo de Mayo" y cerraron la posibilidad de reabrir las negociaciones con los gremios pese a la masiva marcha que tuvo lugar hace 10 días.
Incluso, rechazaron atender los reclamos de las cámaras de comercio. Entre los argumentos que esgrimen, destacan que el titular de la CAC, Mario Grinman, afirmó en un discurso reciente que la organización que preside puede funcionar sin los aportes patronales. "Entonces no tienen drama" en eliminarlos, ironizaron las fuentes consultadas del ala económica.
Nuevamente, será tarea de Javier Milei terminar de dirimir hacia uno u otro lado, aunque, como mostró la discusión por el Presupuesto, no sería la primera vez que el Presidente acepta resignar algún aspecto central del proyecto para conseguir la mayoría necesaria en el Congreso.
