Recuperación y derrame: beneficios de postergar un acuerdo con el FMI

La principal fuente de inestabilidad macroeconómica, y por lo tanto política, de la economía local es el precio del dólar. Quien consigue mantener estable el precio de la divisa está en condiciones de lograr la ansiada meta de la estabilidad macroeconómica y viceversa. No hay mayor devoradora de gobiernos que las consecuencias de la escasez de la moneda estadounidense.

Frente a esta ley de hierro, la actual administración asumió con reservas internacionales netas raleadas y un horizonte de inmensos vencimientos de deuda. Su evidente desafío inmediato fue evitar el desmadre que el macrismo pospuso rifando los dólares que generosamente le adelantó el FMI. Para 2020 la reestructuración de los pasivos heredados resultaba indispensable. Lograda satisfactoriamente con los privados, al menos para lo que resta del actual período de gobierno, restaba la odiosa tarea de acordar con el FMI. “Odiosa” porque a esta altura se sabe que tener un acuerdo con el Fondo significa la aceptación de un orden económico más o menos ortodoxo. Y más ortodoxia luego de tres años de caída de los ingresos salariales solo puede significar inestabilidad política.

¿Pero por qué era urgente acordar también con el FMI? La respuesta está en el primer párrafo: para evitar las presiones sobre el dólar. En esta línea en 2020 ocurrieron dos cosas, hubo pericia para patear pasivos con privados por años y la pandemia “ayudó” con el derrumbe de la actividad económica, es decir, ayudó a conseguir un superávit comercial mayor por la vía de la caída de las importaciones. Para 2021 se esperaba seguir con el FMI la tarea iniciada con los privados: la propuesta no sería muy diferente, período de gracia y prorratear vencimientos lo máximo posible manteniendo a raya las condicionalidades. Sobre fines de 2020 la consigna era lograr un “acuerdo rápido” que se plasme en un programa de facilidades extendidas ya en los primeros meses de 2021, la fecha objetivo era marzo.

Pero el escenario cambió en dos dimensiones. La primera es que la economía internacional comenzó a rebotar. Países como China, que nunca cayeron, aceleraron su marcha y lo mismo sucedió en Estados Unidos. En pocos meses las principales potencias habrán vacunado al grueso de su población y controlado con ello la crisis sanitaria. La demanda global se acelerará todavía más y “los mercados” lo saben. La tasa de interés estadounidense se recupera tras años de mantenerse por el piso. No sería la mejor noticia para la economía local, aunque la mayor tasa no opera con la deuda ya reestructurada, sino que es referencia para futuras colocaciones, especialmente para refinanciar vencimientos, pura futurología. Hoy, con el riesgo país en torno a los 1600 puntos los mercados externos están cerrados.

La segunda dimensión es que la reactivación de la demanda global coincidió con la disminución de la oferta mundial (por razones climáticas) de las principales commodities agropecuarias que Argentina exporta, lo que se tradujo en que los precios de la soja y el maíz volaran, el viejo “viento de cola”. Esta nueva realidad aumentó el ingreso de divisas y mejoró el resultado fiscal. La primer consecuencia fue que la presión sobre el precio del dólar aflojó y en lo que va del año las reservas internacionales dejaron de caer e incluso se recuperaron en el margen (+250 millones). Luego, a pesar de la mejora de la actividad económica (aumento de importaciones) se recuperó el saldo comercial y el ministro Martín Guzmán, gracias a estos dos factores, actividad y exportaciones, anuncio dos meses seguidos superávit fiscal. Incluso pudo cubrir el leve déficit financiero con recursos del mercado local y sin recurrir al Banco Central. No es que recurrir al financiamiento del Central sea malo, simplemente al ministro no le gusta. Según su diagnóstico la emisión genera inflación, pero el canal no es monetario sino a través del precio del dólar: antes o después toda emisión se va a demanda de dólares, sube la cotización y por esa vía genera inflación. Es un paso adelante sobre el diagnóstico monetarista más ramplón, pero con iguales recomendaciones de política. El punto no se discute aquí.

En trazos gruesos para 2021, los nuevos datos permiten proyectar que mejorará el ingreso de dólares, se recuperarán la actividad y las exportaciones y, en consecuencia, mejorarán los ingresos fiscales, a los que se sumarían los 250 mil millones de pesos que se esperan recaudar por el impuesto a la riqueza. El dato de que los más ricos puedan pagar en hasta 5 cuotas, como diligentemente resolvió AFIP para que no sufran un pico de estrés, no cambia la ecuación. Para la macroeconomía, si no median desgracias inesperadas, 2021 será un año holgado.

La consecuencia inmediata surge de la alta correlación inversa entre holgura y necesidad de acordar con el FMI. Si a ello se suma que el reparto de Derechos Especiales de Giro (DEG, la “moneda” del Fondo) con motivo de la pandemia, algo frenado por Trump que ahora Biden habilitará, posibilitará afrontar la mayor parte de los vencimientos de este año con el organismo. Por su cuota Argentina recibirá algo menos de 3500 millones de dólares y debe pagar unos 4.500 en lo que resta de 2021. La suma de estos factores indica que la posibilidad de postergar el acuerdo para después de las elecciones es un hecho posible. Dicho de otra manera, postergar el acuerdo no tendrá efectos cambiarios.

Lo que resta puertas adentro es cómo se repartirán los beneficios de esta recuperación de la actividad y las exportaciones en un marco de potencial estabilidad macroeconómica. La aceleración de la inflación desde el pasado noviembre, con especial énfasis en alimentos (8,8 puntos solamente en el primer bimestre, lo que además explicó 2 puntos de los 7 que creció el IPC en los primeros dos meses) se convirtió en uno de los principales factores de distribución regresiva del ingreso que atentan contra los planes del gobierno. Para los asalariados estas subas en alimentos son el efecto directo de los mayores precios internacionales. No es un problema de controles. En el promedio los precios se forman por la suma de los costos. Los precios básicos son dólar, salarios y tarifas, pero la “inflación importada” también suma.

El plan de Economía antes de la noticia de la mejora de los precios internacionales de las principales exportaciones era que dólar y tarifas crezcan por debajo de la inflación y salarios un poco por encima. Sin embargo, si no se compensa el efecto precios internacionales, la recuperación salarial será cada vez más difícil. Algo similar ocurre en materia de tarifas. Mantenerlas por debajo de la inflación tiene costo fiscal en subsidios a la energía, precisamente esos que el FMI siempre pide reducir. Postergar el acuerdo, se supone, servirá para estirar un poco más la reestructuración tarifaria, es decir para mantener los ajustes por debajo de la inflación el mayor tiempo posible. Como se ve, existe una correlación directa entre mejora del poder adquisitivo de los salarios y masa de subsidios tarifarios. Está claro que los subsidios también deben aumentar si sube el dólar, problema que por ahora está despejado.

Finalmente existe un último dato de tensión con potencial impacto en la inflación 2021. La cotización del petróleo se está recuperando rápidamente. Y no poco, el barril Brent pasó en lo que va del año de 50 a 69 dólares y los analistas del mercado, como por ejemplo el banco Goldman Sachs, esperan que supere los 80 dólares en el tercer trimestre del año. La razón, como casi siempre, es la combinación entre la recuperación de la demanda y una oferta sin variaciones por los acuerdos al interior de la OPEP. Sí, el aleteo de la mariposa de la OPEP puede significar menos salarios en el lejano sur de América.