La Justicia federal ordenó un allanamiento a la sede del Banco Central, en el marco de un operativo en la causa que investiga a Elías Piccirillo, ex de Jesica Cirio, por diversos delitos como fraude, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Según pudo confirmar El Destape de fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, el allanamiento al BCRA fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, a cargo de Sebastián Casanello.
Se trata de un operativo que, en total, realizará seis allanamientos en distintos domicilios de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, incluyendo la sede del Banco Central de la calle Reconquista al 200.
El objetivo es el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, documentación y dinero en efectivo que puedan encontrarse en esos lugares.
Según trascendió, los allanamientos buscan confirmar el presunto vínculo entre Piccirillo y uno o más funcionarios o exfuncionarios del Banco Central, que tendrían el cargo de inspector y habrían participado de las maniobras con el dólar que beneficiarion al ex de Cirio.
La causa contra Elías Piccirillo
En abril pasado, Piccirillo fue denunciado por el legislador porteño Yamil Santoro como pieza clave en una estructura delictiva que habría defraudado al Estado Nacional. Los delitos que se le imputan incluyen fraude, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La denuncia original, presentada en diciembre de 2023, advertía sobre irregularidades en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Se investigaba el uso del sistema para obtener dólares al tipo de cambio oficial, que luego se comercializaban en el mercado paralelo. Los denunciantes señalaron a Piccirillo como el actor central de la maniobra.
La investigación busca determinar si empresas vinculadas a Piccirillo obtuvieron divisas sin realizar importaciones reales, para luego venderlas informalmente a un precio superior. Esto habría generado un perjuicio millonario al Estado, y violaría el artículo 174, inciso 5°, del Código Penal.
Santoro declaró que “con esta ampliación de la denuncia, queda en evidencia que no solo había irregularidades, sino una organización delictiva que utilizó el Estado como herramienta de saqueo”. Según la investigación, Piccirillo habría operado con la connivencia de funcionarios de la Aduana y del Banco Central, lo que podría configurar el delito de asociación ilícita (art. 210 del Código Penal).
Piccirillo se encuentra en prisión domiciliaria desde noviembre. El ex empresario también está procesado por los delitos de “secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma”.
Piccirillo, que se encontraba detenido con prisión preventiva, había padecido “un trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo y ansioso” a raíz del “encierro”, el cual generaba “un riesgo cierto y progresivo para su integridad psíquica”, sostuvo la Justicia al justificar el otorgamiento de la prisión domiciliaria.
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