Desde febrero de 2026, la inflación se medirá con una metodología actualizada. El INDEC comenzará a publicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, dejando atrás una estructura de ponderaciones vigente desde 2004. El cambio no implica una “nueva inflación”, pero sí modifica el peso relativo de precios clave como alimentos, tarifas y servicios, con impactos concretos en la lectura mensual del índice.
La principal novedad del nuevo IPC es la actualización de la canasta de consumo. En poco más de dos décadas, los patrones de gasto de los hogares cambiaron de manera significativa: hoy los servicios tienen un rol mucho más relevante y los alimentos pierden peso relativo dentro del presupuesto familiar.
Con la metodología anterior, Alimentos y Bebidas explicaban cerca del 27% del índice. Con la nueva canasta, su participación baja a alrededor del 22,7%. Esto implica que los aumentos en precios de alimentos seguirán siendo relevantes, pero tendrán menor incidencia directa en la inflación general que la que tenían hasta ahora.
En contrapartida, rubros como Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles pasan de menos del 10% a más del 14%, mientras que Transporte también incrementa su ponderación. Se trata de un giro metodológico que vuelve al IPC más sensible a tarifas y servicios regulados.
Menos peso de alimentos, más impacto de tarifas y servicios
Uno de los efectos más claros del cambio, de acuerdo a un informe de la consultora Qualy, es lo que los analistas definen como una “desalimentación relativa” del índice. Al reducirse el peso de los alimentos, la inflación se vuelve menos volátil frente a factores climáticos o estacionales —como frutas, verduras o carnes— y también frente a shocks internacionales en commodities básicos.
Sin embargo, esta menor sensibilidad a los alimentos viene acompañada de una mayor rigidez del índice. Los servicios suelen tener ajustes más espaciados, pero más persistentes, y muchos están indexados o regulados. Con la nueva metodología, subas en tarifas de luz, gas, agua, transporte o comunicaciones impactarán con mayor fuerza en el IPC.
Por ejemplo, un aumento del 10% en servicios públicos tendrá ahora un efecto más alto sobre la inflación que con la canasta anterior, justamente porque esos gastos ocupan hoy una porción mayor del ingreso de los hogares.
Qué puede pasar con la inflación según el contexto económico
El cambio metodológico no empuja la inflación siempre en la misma dirección. Su impacto depende del tipo de precios que lideren las subas en cada período.
Si los aumentos se concentran en servicios y tarifas, la nueva medición tenderá a mostrar una inflación más elevada que la que hubiera arrojado la canasta vieja. En cambio, si los incrementos más fuertes se dan en alimentos u otros bienes, el índice podría marcar registros algo más moderados que en el pasado.
Este comportamiento ya se observa al rehacer series históricas: en años donde dominaron los ajustes tarifarios, la inflación medida con la nueva canasta resulta más alta; en períodos con subas concentradas en bienes, ocurre lo contrario.
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Con la nueva metodología, tarifas y servicios ganan centralidad en la medición de la inflación. Esto vuelve al IPC más dependiente de decisiones de política económica, especialmente en un contexto donde los servicios regulados y privados representan una porción creciente del gasto de los hogares.
En síntesis, el nuevo IPC no redefine qué es la inflación, pero sí cómo se la observa. A partir de 2026, entender la dinámica de precios, alimentos, tarifas y servicios será clave para interpretar cada dato mensual.
