Responsabilidades compartidas: Cambiemos y el FMI

El mundo debe al menos dos veces lo que produce. Según cálculos del FMI, la deuda global actual acumulada post crisis del 2008, esto es sumando la estatal y la corporativa, es más de dos veces el PBI mundial; es decir, que la humanidad debe al menos dos veces lo que produce, lo que resulta en un nivel de endeudamiento global insostenible. Todo indica que luego de la última crisis económica provocada por la financiarización, concentración económica y sobreendeudamiento, la “solución” fue profundizar la tendencia en este sentido.

El 2020 estuvo atravesado por la mayor caída del PBI mundial después de la Gran Depresión como consecuencia de la pandemia. Según un estudio del Banco Mundial, más de 350 millones de personas podrían caer en la pobreza y 100 millones en la pobreza extrema a causa de esta crisis. Para la CEPAL, solo en Latinoamérica 30 millones de personas corren el riesgo de caer en la pobreza extrema y 46 millones en la pobreza, lo que demuestra la gravedad de la situación en la región. Simultáneamente, de acuerdo con las proyecciones de la OIT, en el segundo trimestre de este año se habrían perdido horas de trabajo equivalentes a 495 millones de empleos a tiempo completo.

En ese contexto, el 2020 fue el segundo año con mayores niveles de préstamos en la historia del FMI. Para paliar esta crisis, el organismo desembolsó préstamos por U$D 41.885 millones. Es decir que el principal organismo de financiamiento internacional prestó un 5% menos de dinero a todo el mundo en el primer año de la peor pandemia de la historia que lo desembolsado en Argentina.

El acuerdo Stand-By, que fue el acuerdo de reserva más grande en la historia del Fondo -por un total de $57 mil millones de dólares- equivale al 1.227% de la cuota de Argentina en el FMI, encontrándose muy por encima del límite preestablecido de préstamos. Esto convierte a la Argentina en el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. A modo de comparación, Egipto es el segundo país con la mayor deuda con el FMI, y se le prestó un 650% de su cuota.

A su vez, las economías nacionales se encuentran cada vez más expuestas a la aparición de una crisis debido al alto nivel de interdependencia, desregulación de la cuenta capital y altas tasas de elusión y evasión fiscal que termina el ciclo en guaridas fiscales.

La evaluación ex post del Acuerdo Stand-By de la Argentina con el FMI

El 22 de diciembre el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el análisis de la evaluación ex post (EPE) del acceso excepcional de Argentina en el marco del Acuerdo Stand-By de 2018. Como la publicación lo indica, se requiere una evaluación ex post en todos los casos de préstamos del FMI por encima de los límites normales de endeudamiento para revisar el desempeño con respecto a los objetivos originales del programa, discutir si el diseño del programa fue apropiado y evaluar si el programa fue consistente con las políticas del Fondo.

En dicho informe, el Directorio concluye que el programa de endeudamiento no cumplió con sus objetivos de restablecer la confianza, reducir la balanza de pagos y los desequilibrios fiscales y reducir la inflación. La publicación, en ese sentido, indica: “El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio. A pesar de las intervenciones cambiarias más allá de las disposiciones del programa, el tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y debilitando los ingresos reales, especialmente de los sectores más pobres. En resumen, el informe concluye que el programa no cumplió con los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa y, al mismo tiempo, propiciar el crecimiento económico. El programa salió de su curso en agosto de 2019 y la Junta Ejecutiva solo completó cuatro de las doce revisiones previstas. Las autoridades decidieron cancelar el acuerdo el 24 de julio de 2020.”

El punto más interesante e importante que se desprende del análisis del informe es la crítica del Fondo al gobierno de Cambiemos, por negarse a imponer un régimen de control de capitales, que hubiese contenido la fuga y el consecuente deterioro de las arcas públicas de la República Argentina.

La bicicleta financiera y la fuga de capitales en la gestión Cambiemos

Apenas iniciada la gestión Cambiemos, el ejecutivo puso fin a las regulaciones cambiarias y controles de capitales existentes en la Argentina hasta ese momento. El 17 de diciembre de 2015, el gobierno aumentó el límite de compra mensual de 2.000 dólares a 2 millones para las personas físicas y definió que todo nuevo ingreso de dólares del exterior tendría derecho a la libre salida por igual monto (a través de la Resolución General 3819/2015 de AFIP). Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, cuya conducción estaba en manos de Alfonso Prat Gay, eliminó el encaje -depósito obligatorio en dólares que debe mantenerse durante un determinado plazo y que sirve como herramienta de regulación al ingreso de capitales- del 30% por un año cuando se ingresaran capitales del exterior y redujo el requisito de permanencia de dichos fondos de 365 a 120 días (Resolución 3/2015 – Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas). Luego, Nicolás Dujovne, a través de la Resolución 1-E/2017 del Ministerio de Hacienda, removió el plazo de permanencia mínimo para las inversiones de cartera.

Esta fue la situación basal del mecanismo de carry trade o bicicleta financiera que convirtió a la Argentina en el epicentro del ciclo de valorización financiera, endeudamiento y fuga de capitales, generando un daño excepcional a las arcas del Estado, distribución regresiva del ingreso y, en consecuencia, un desfinanciamiento y desarticulación del tejido productivo industrial.

¿Quién vigila a los vigilantes?

La responsabilidad de la insostenibilidad de la deuda es del gobierno de Cambiemos y también del staff del FMI que llevó a cabo el acuerdo y, por ende, de dicho organismo multilateral. Como advertimos desde OCIPEx en 2018, a pesar de estar prohibido por estatuto que los fondos asignados por el FMI se destinen a la fuga de capitales, el organismo no avaló la imposición de restricciones para evitarlo hasta septiembre de 2019.

Los capitales especulativos, como su nombre lo indica, que ingresaron por billones para aprovechar el carry trade, se fueron también por billones. De los 37.126 millones de dólares de inversiones de cartera que arribaron entre 2016 y 2019, emigraron 35.389, un 95,3 % del monto total. Este ciclo de ingreso-valorización-fuga se acentuó particularmente entre mediados de 2018 y 2019, lo cual fue recogido por el Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del BCRA de diciembre del año pasado, el cual refiere que “los ingresos netos acumulados por inversiones de cartera de no residentes desde junio de 2017 hasta febrero de 2018 casi se compensan con los egresos netos de los últimos nueve meses”.

Un informe del año pasado de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI observó la falta de intervención de las misiones en el país:

“En diciembre de 2015, un nuevo gobierno argentino levantó rápidamente la mayoría de las restricciones a la cuenta de capital que habían estado en vigor, incluidas las restricciones a la salida y los límites al endeudamiento a corto plazo, como parte de un programa más amplio de reformas orientadas al mercado. El personal tuvo pocas posibilidades de ofrecer asesoramiento antes de que se levantaran las restricciones, pero los documentos internos no plantearon preocupaciones y el tema no ocupó un lugar destacado en las consultas del Artículo IV de 2016 y 2017, a pesar de que Argentina experimentó salidas de residentes bastante fuertes y un aumento del endeudamiento a corto plazo.”

Sin embargo, este patrón de comportamiento del Organismo para con la Argentina no es nuevo. Ya en 2003, la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo había advertido sobre el mal accionar del organismo al permitir la fuga de capitales en Argentina. Dejamos algunos pasajes del informe:

• “A fines de 2000, el acceso de Argentina a los mercados de capital comenzó a verse severamente limitado, con un pronunciado y sostenido aumento de los márgenes de los bonos del país en relación con los del tesoro de Estados Unidos. Ante esto, el FMI reaccionó proporcionando apoyo financiero excepcional”.
• “En varias oportunidades durante el año siguiente, el FMI enfrentó un dilema crítico: proporcionar financiamiento, evitando de este modo una crisis, pero también prolongando una situación potencialmente insostenible o bien poner punto final a su respaldo, desatando de este modo consecuencias impredecibles que potencialmente podrían extenderse a otras economías de mercado emergente”.
• “Hasta los últimos meses de 2001, se había encomiado con suma frecuencia al país por sus logros en materia de estabilización, crecimiento económico y reformas orientadas al mercado en el marco de los programas respaldados por el FMI”.
• “¿Recibió Argentina un respaldo financiero superior a su capacidad de pago? ¿Cuáles eran las alternativas y en qué medida fueron consideradas al tomar esta decisión? ¿Tenían las decisiones tomadas una posibilidad razonable de éxito? ¿Había un plan de contingencia?”
• “¿El paquete solo financió y proporcionó más tiempo para la fuga de capitales?”

En síntesis, esta situación constituye una violación del Artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI, que prohíbe al organismo “financiar” la salida de divisas, y la reincidencia en dicha conducta, si se considera el desempeño del Fondo en la crisis argentina de 2001-2002.

¿Por qué es necesario que Argentina extienda los plazos para pagar el préstamo del FMI?

El cronograma de vencimientos acordado entre el gobierno anterior y el staff del organismo es de imposible cumplimiento para el país. No sólo eso, sino que según las proyecciones del propio organismo nuestro país sería la principal fuente de reintegros en conceptos de capital e intereses. En 2021 aportaríamos el 47% de los desembolsos, en 2022 el 70% de las devoluciones y en 2023 el 55%.

Como es de suponer, las reservas disponibles para afrontar estos vencimientos provendrían del superávit comercial. En 2020 el superávit fue de U$D 12.528 millones. Sin embargo, los vencimientos de 2022 y 2023 serían un 50% mayor que el saldo comercial positivo.

Por esta razón es de suma importancia revisar el origen, el destino y la gestión de la deuda con el FMI; así como extender los plazos de los vencimientos para que Argentina pueda pagar. De esta forma nuestro país tendría la capacidad de crecer para invertir en la economía doméstica y con ello aumentar sus excedentes, a la vez que generar empleo y reducir los márgenes de desigualdad existentes en nuestro país. A su vez, es importante considerar alternativas recaudatorias, a partir de las cuales la Argentina pueda pagar sus deudas sin perder la posibilidad de encarar políticas distributivas del ingreso y de inversión que garanticen su desarrollo nacional. Por último, es menester recomponer una política de Estado orientada al seguimiento y control de la fuga de capitales.