Imputación por desabastecimiento: las claves de la medida mientras se busca un acuerdo de precios-salarios

La medida adoptada por el Gobierno es la señal de una estrategia que busca alinear precios y evitar conflictos sobre la demanda del sector más importante en un contexto pandémico.

18 de febrero, 2021 | 06.00

Mientras se busca lograr un mega acuerdo de precios-salarios, la Secretaría de Comercio Interior imputó a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización. Todas las firmas son grandes jugadores que intervienen en la cadena de producción del sector alimentario.

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De acuerdo a la Secretaría que comanda Paula Español, las imputaciones se realizaron luego de verificar que las mencionadas compañías habían incumplido la intimación a “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, establecida por la resolución 100/2020 y sus modificatorias, en el marco de la emergencia sanitaria establecida en 20 marzo del año 2020.

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¿Qué significa esta imputación? Implica la apertura de un expediente de oficio en el cual se registran las actuaciones de la Secretaría, la información que se recolectó y el motivo de la imputación. Una vez notificada, la empresa debe responder en el plazo de cinco días o modificar la actitud que causó la imputación. Las sanciones posibles llegan hasta los 10 millones de pesos.

Si la información que remite la empresa da cuenta que retomó el normal abastecimiento, se termina el proceso administrativo, pero si es insuficiente o no la presentan, se avanza en el proceso de multa, a pedido de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores. 

Las empresas pueden apelar en la Justicia y a partir de ahí el proceso se ajusta a los plazos judiciales. El objetivo principal de estas imputaciones es que las firmas restablezcan los niveles de producción y stock, y que tomen las medidas necesarias para asegurar el transporte y provisión de los productos en los comercios.

Cómo fue la investigación

Los inspectores de la Secretaría de Comercio Interior identificaron faltantes en góndolas. Entre los productos ausentes se destacaron el aceite, aderezos, pan lactal, detergente, arroz y lácteos.

Luego, los agentes del Gobierno fiscalizaron los centros de distribución y constataron que desde las empresas proveedoras hubo inconvenientes en la entrega de mercadería. Por esa razón, se realizaron requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021 a las empresas proveedoras.

Finalmente, se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos. Las compañías tienen un plazo de 5 días hábiles para retomar la producción y comercialización en los niveles de capacidad máxima.

En busca de un acuerdo de precios

En diálogo con El Destape, la economista de Avancemos por el Progreso Social Luciana Romero aseguró: “La intimación de la Secretaría de Comercio es una de las tantas herramientas que posee el Gobierno para ejecutar el plan que tiene para contener los precios de los alimentos. Justamente, estas empresas forman parte de la cadena de producción de alimentos, un segmento que actualmente presenta una demanda muy alta ante los efectos de la pandemia”.  En ese sentido, agregó: “La industria de los alimentos fue un sector que se desempeñó con mucha fuerza durante la pandemia”.

Asimismo, Romero aseveró que “no es preferible  fijar pautas coercitivas sobre las empresas para que produzcan, pero a veces los contextos puntuales no dan otras alternativas”.

El ministro de Economía está en la búsqueda de un gran acuerdo de precios y salarios y considero que es una estrategia acertada en este momento. Por supuesto que habrá actores sociales que entrarán de una forma más simple y otros que presenten resistencia, pero creo que absolutamente viable que se pueda llegar a concretar”, analizó la economista.

En esa línea, Romero afirmó que “lo que el ministro pretende es potenciar su credibilidad sobre los supuestos económicos que expuso el Gobierno”. Al respecto, profundizó: “Para alinear a los actores es necesario poder cumplir con las metas autoimpuestas e incluso ir corrigiendo sobre la marcha de ser necesario. Un ejemplo es la inflación proyectada en el Presupuesto, que fue del 29%. Ahora está proyectada unos puntos por encima”.

Según su parecer, “un problema que tuvo nuestro país es la generación de pronósticos que no se cumplieron. Lo que pasa es que la repetición constante genera expectativas negativas, algo que deriva luego en el cumplimiento de estas profecías”.

El Gobierno ya definió  las próximas reuniones sectoriales para avanzar con el acuerdo de precios y salarios, mediante el análisis de las distintas cadenas de valor en las industria de la construcción, alimentos y tecnología. Durante el encuentro mantenido por el gabinete económico se abarcó también el abastecimiento de productos en las góndolas y se solicitó a la SIGEN la auditoría integral del Programa ATP. 

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