Deuda externa: El Gobierno define la letra chica de la modificación a la propuesta para bonistas

Los acreedores exigen más rentabilidad y que no se les cierre las puertas a los fondos buitre que quieran litigar luego de cerrado el proceso. Esta semana vencen más de 900 millones de dólares que no se pagarán e ingresarán al default.

29 de junio, 2020 | 15.48

La Secretaría de Finanzas prepara la adenda formal a la oferta de canje para presentar ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), mientras se siguen acumulando vencimientos de pasivos que no se pagarán e ingresan a la prórroga de un mes. El plazo para la presentación de una nueva propuesta para que sea tomada en cuenta vencería el viernes de la semana próxima y para negociarla hasta el 24 de julio. Sin triunfalismos, desde el Palacio de Hacienda dicen ser optimistas.

El peor Call Center del mundo

Las conversaciones llevan varias semanas empantanadas en una diferencia de 5 centavos por dólar de valor presente de los bonos a reestructurarse, que en el fondo responde a distintos pronósticos de crecimiento de largo plazo. Pero también se encuentra trabada por la posción intransigente del mayor acreedor privado externo del país. El gigante financiero BlackRock, quien exige que se incumplan las cláusulas contenidas en los bonos, lo que dejaría abierta una ventana de oportunidad al ingreso de fondos buitre.

Esta semana vencen intereses de cuatro títulos, entre ellos el tristemente célebre Bono Centenario, por 581 millones de dólares, y la próximo se suman compromisos de otras cinco series por 363 millones de dólares. Como sucedió con el vencimiento de los Globales, en la medida en que estos vencimientos no se paguen ingresan al plazo de 30 días de prórroga automática, tras lo cual, como sucedió con los Globales, se los considera impagos (en default). Desde el equipo económico que conduce Martín Guzmán remarcan que todos estos bonos que vencen son parte del menú canjeable en el proceso de reestructuración, con lo cual recibirán el mismo tratamiento (no se pagarán).

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De todos modos, la redacción de una mejora en la propuesta se aceleró en los últimos días luego de que se reconociese entre las partes un mayor acercamiento, aunque haya acreedores institucionales que buscan trabar la operación. El objetivo es lograr darle un cierre formal a esta primera etapa con la propuesta en la mesa para testear el nivel de aceptación durante el mes de apertura de las negociaciones (hasta el 24 de julio) que estableció Economía en la última prórroga. 

Para cumplir con los pasos necesarios y llegar a inscribir los cambios en la oferta, ésta debería ser planteada diez días antes del vencimiento de las negociaciones ante la SEC. El reglamento del organismo plantea un mínimo de diez días para que la oferta esté abierta, por lo cual debería ser en la primera mita de este. Esto permitirá también evitar que se sumen los bonos que vencen esta semana a la categoría de default ya que se mantendrían en el plazo de gracia de 30 días, aunque en términos prácticos no cambia en nada la situación, porque el país está en los hechos en cesación de pagos hace ya dos años. 

En números, la propuesta argentina se mantiene --por orden del presidente Alberto Fernández-- en un valor presente teórico de 50 centavos por dólar de deuda a canjear. Sin embargo, con la incorporación de un cupón por exportaciones y otras modificaciones podría llegar (dependiendo del bono elegible) a los 52 centavos. Los fondos más beligerantes, como BlackRock, Fidelity y Ashmore se plantaron en un valor teórico de 55-56 centavos por dólar. La diferencia, que se construye bajo combinaciones de plazos, intereses y quitas de capital,  radica en el rendimiento que los acreedores quieren que se les garantice por los nuevos bonos. Los bonistas pretenden obtener por los nuevos papeles un rendimiento real en dólares del 10 por ciento anual. El gobierno argentino entiende que eso es insustentable e insisten en que en el mundo se pagan tasas negativas.

La otra discusión tiene que ver con las cláusulas de acción colectiva, tal como reconoció el ministro Guzmán la semana pasada. Estas cláusulas establecen un umbral para que los acreedores acepten un acuerdo de un deudor. Si se alcanza, la operación es extensiva a todo el universo de tenedores dejando escaso o nulo margen de acciones a bonistas que pretenden litigar contra el país. 

El canje incorpora dos universos de bonos: los que nacieron con el canje de 2005/2010 y los que emitió el macrismo. En el medio hubo un cambio en las condiciones de las cláusulas de acción colectiva, más exigentes y neutralizando la famosa cláusula pari-passu a la que apelaron los buitres para pedir igualdad de trato y condiciones entre los que ingresaron al canje y los que no. Con una interpretación antojadiza de esta norma trabaron los últimos el pago a los primeros. 
Otra diferencia es que se reduce el umbral de aceptación y se plantea pisos por serie de bonos, lo cual permite avanzar en el canje de unos títulos y seguir negociando otros. La propuesta de BlacRock es que se tome para todos las condiciones de los bonos de 2005/2010, que son menos restrictivos para los buitres. "Quieren volver el tiempo atrás", aseguró Guzmán en una entrevista a Bloomberg. Volver atrás para dejar la ventana abierta a los fondos especulativos.

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