Consecuencias de las medidas en pandemia: Argentina, líder de la región en Inclusión Financiera

Una prestigiosa revista internacional ubicó a nuestro país entre los mejores posicionados respecto a la inclusión financiera. El efecto de la pandemia y la necesidad de la bancarización masiva.

16 de noviembre, 2020 | 19.49

La revista The Economist presentó un informe sobre Inclusión Financiera global y Argentina está en el cuarto lugar entre 55 países emergentes. Además, se posiciona primera en una de las categorías analizadas por el estudio y lidera la región en todos los aspectos.

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El Microscopio global es una herramienta de referencia creada en 2007 para evaluar el entorno propicio para la inclusión financiera en países de todo el mundo. El índice tomado en cuenta presenta 20 indicadores y 71 preguntas organizadas en cinco categorías:

-Apoyo de las políticas y el gobierno: evalúa el grado de coordinación y los incentivos que los gobiernos están creando para generar entornos favorables para la inclusión financiera. En este rubro, Argentina ocupa el primer lugar del ranking.

-Estabilidad e integridad: analiza la regulación, la supervisión y el monitoreo de los proveedores de servicios financieros que atienden a las poblaciones de ingresos bajos y medianos.

-Productos y puntos de venta: esta categoría evalúa la regulación de una selección de productos y puntos de venta que se enfocan o llegan a poblaciones de ingresos bajos y medianos.

-Protección del consumidor: evalúa la protección y la privacidad del consumidor y su cumplimiento.

-Infraestructura: toma en cuenta la infraestructura que facilita la inclusión financiera, así como la política y las medidas normativas que los gobiernos pueden tomar para mejorar este tipo de infraestructura.

Respecto al análisis de Argentina, el informe al que accedió El Destape señaló que el Banco Central (BCRA) respondió a la crisis provocada por la COVID-19 “aumentando el crédito disponible para las personas; micro, pequeñas y medianas empresas; y empresas más grandes”, al tiempo que remarcó que las instituciones financieras “se consideraron servicios esenciales”. Asimismo, soslayó que “el Gobierno proporcionó transferencias de fondos de emergencia y apoyo salarial a las empresas para evitar que los trabajadores perdieran sus empleos”.

Sobre el impacto de las medidas en materia de inclusión, el estudio remarcó: “Se incluyó a cooperativas como CrediCoop, que prestan servicios a clientes de menores ingresos, en los programas de préstamos subsidiados del BCRA. Las instituciones financieras abrieron una diversidad de canales digitales para sus clientes, que van desde las aplicaciones bancarias más tradicionales hasta procesos de apertura de cuentas de cinco minutos a través de teléfonos celulares e incluso canales de atención al cliente habilitados por WhatsApp”.

“A pesar de la disponibilidad de crédito subsidiado para pequeñas empresas y autónomos, un banco informó que la mitad de sus clientes elegibles no solicitaron estos préstamos. En algunos casos, los bancos terminaron con exceso de liquidez debido a que la demanda fue menor de la esperada”, sostuvo el informe.

El impacto de la pandemia

Según el estudio, las consecuencias económicas de los confinamientos generaron “un impacto desproporcionado en las poblaciones de bajos recursos”. En ese marco, la crisis “puso la inclusión financiera en el centro de las prioridades de los gobiernos mientras intentaban llegar a los más afectados por el confinamiento”.

“Las transferencias digitales garantizan que la asistencia social se pueda distribuir de forma rápida, segura y sin desviaciones. Si bien las condiciones varían de un país a otro, el Centro para el Desarrollo Global (CGD) señaló que la infraestructura digital, que incluye altos niveles de acceso a la identificación, teléfonos celulares y cuentas financieras, les permitió a los gobiernos realizar transferencias de fondos para la pandemia de COVID-19 de manera rápida y eficaz. Las infraestructuras digitales les han permitido a los gobiernos identificar, registrar y movilizar fondos a gran escala”, explicó el documento difundido por la revista.

A medida que los gobiernos implementaron programas de asistencia financiera en respuesta a la pandemia, la identificación adecuada de las poblaciones beneficiarias representó un desafío para algunos. En ese sentido, el informe sintetizó: "Proporcionar identificación de todas las personas es un apoyo imprescindible para aumentar la inclusión financiera y el acceso a los servicios financieros. Los programas de identidad también pueden fomentar la inclusión social, permitiendo a los usuarios utilizar una identificación única para múltiples propósitos, incluyendo la inscripción escolar, el acceso a la atención médica y la votación”.

Lo que sucedió en muchos casos fue que los nuevos desempleados eran trabajadores del sector informal que no estaban registrados en las bases de datos de impuestos y seguridad social y, posiblemente, ni siquiera en los programas de protección social.

¿Por qué aumentó la bancarización?

A partir de la necesidad de bancarizar a personas para el que reciban el bono de 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), se abrieron 4,8 millones de nuevas cuentas de depósito en pesos durante el segundo trimestre de 2020. En ese lapso, la cobertura disponible de cuentas posibilitó la canalización de ayuda social, según detalló el Informe de Inclusión Financiera que publicó el BCRA hace algunos días.

"La posibilidad de su apertura remota y la obligación de las entidades financieras de ofrecer la Cuenta Gratuita Universal (CGU), permitieron dar respuesta a la mayor demanda de cuentas bancarias y medios de pago electrónicos", detalló el informe. En particular, facilitaron el pago del IFE y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción a quienes carecían de una cuenta bancaria.

Según el documento, más de la mitad (53%) de los 8,9 millones de personas que cobraron la primera liquidación del IFE lo hizo a través de una cuenta bancaria, mientras que, de la mitad restante, el 54% ya poseía una cuenta al momento del cobro. "Es decir, un 78% de las personas con mayor grado de vulnerabilidad socioeconómica del país poseía al menos una cuenta bancaria", explicó la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce.

Las transferencias electrónicas acumularon de marzo a agosto incrementos del 61% y 93%, en montos reales y cantidades por adulto, respectivamente. En ese mismo periodo, los pagos con tarjetas de débito en comercio electrónico también se incrementaron, con sumas reales que se triplicaron y cantidades que se duplicaron medidos por adulto.

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