La Ciudad de Buenos Aires emprendió una embestida contra el magistrado que frenó dos medidas declaradas luego anticonstitucionales por vulnerar derechos de los menores. Como respuesta a los amparos contra la Secundaria del Futuro, que obliga a pasantías gratuitas, y al protocolo anti-tomas, una funcionaria que responde al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recortó las funciones del asesor tutelar Gustavo Moreno.

La titular del Ministerio Público Tutelar (MPT), Yael Bendel, fue funcionaria del PRO cuando Mauricio Macri ostentaba la Jefatura de Gobierno. En su momento presidió el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mientras que ahora oficia de asesora General Tutelar. Es decir que, entre otras funciones, debe controlar al organismo del Poder Ejecutivo que ella misma dirigió.

El MPT es un organismo judicial que debe velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como de las personas que padecen sufrimiento mental. Sin embargo, Bendel no tiene idoneidad técnica para ostentar su cargo, ya que nunca se especializó en temas de infancia ni salud mental. Al menos así lo señalaron el CELS y ACIJ y otros organismos cuando objetaron su designación por su “limitado currículum vitae” en 2013. Además, destacó el claro conflicto de intereses de la entonces candidata macrista a un organismo que debía mantener su independencia y que hoy evidencia su subordinación al Gobierno de la Ciudad.

Las asociaciones que luchan por los derechos humanos se habían preguntado si podría asegurar independencia de criterio al evaluar las causas respecto de la influencia del poder gubernamental. Un hecho que incumple de forma flagrante.

El Consejo de los Derechos de Niños que antes presidió depende se encarga de promover y proteger los derechos de los menores y, justamente, había sido denunciada por incumplir con esos deberes.

“La gestión de Yael Bendel en el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se ha mantenido profundamente alejado de dichos compromisos constitucionales. Su gestión se enmarca dentro de los viejos paradigmas que como comunidad hemos decidido dejar en el olvido”, habían sentenciado.

“Los conflictos de intereses, sin duda, constituyen un claro rasgo de falta de independencia que implican un impedimento para el buen desempeño del cargo al que se postula a la candidata, y una clara amenaza para los afectados que verían sesgada su representación y defensa”, habían expresado.

Las críticas de las ONGs no fueron atendidas por el PRO en la Legislatura y aprobaron el pliego que había alzado el en su momento jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

Moreno lleva una extensa trayectoria en defensa de los menores e incapaces. Ingresó al Poder Judicial de meritorio en un juzgado civil en 1986. En 1999 llegó al MPT como prosecretario de la Asesoría General Tutelar. En 2000 ganó concurso para asesor de primera instancia y en 2010 hizo lo propio para alcanzar la titularidad del cargo ante la Cámara del fuero. Además, fue perito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Sebastián Furlán contra Argentina” en 2012, un joven discapacitado al que el Estado no le garantizó protección judicial.