Mientras Larreta insiste que no existirán desalojos compulsivos en el marco de la urbanización, el Gobierno de la Ciudad emitió una resolución con el protocolo para desalojos compulsivos, que figura prohibida expresamente por La ley 3343 de Urbanización de la Villa 31.

En su art. 9 la ley 3343 es muy específica al respecto: “La implementación de este proyecto no implicará desalojo forzoso alguno".

En la nota del Banco Mundial, se menciona al Galpón y al Portal (ambos espacios en la Villa 31) cono lugares acordados para abordar todo lo relativo al Proyecto de Urbanización.

Sin embargo, la Ciudad avanza en un dictamen cuya última versión aún no ha sido difundida. Tampoco existe convocatoria oficial a la reunión para la firma de los consejeros del barrio, a quienes han decidido citar por separado y telefónicamente, “para que se presenten a firmar el libro de actas" fuera de la Villa 31 (en las oficinas del Gobierno de la Ciudad de la calle Venezuela al 100, en San Telmo).

El Banco Mundial, que otorgó el crédito de 196 Millones de dólares para el proyecto, respondió a la Mesa de Urbanización Participativa Villa 31 -31 bis en una nota firmada por Jesko Hentschel, Director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay - Región de América Latina y el Caribe.

La respuesta detalla “la SECISYU (Ciudad) es responsable de la aplicación de las políticas operacionales del Banco Mundial aplicables, incluyendo la 4.01 - Evaluación ambiental y Social- y la 4.12 Reasentamiento Involuntario”.

carta banco mundial

El Reasentamiento Involuntario fue normado en la resolución 2018-128-SECISYU del año en curso: “La relocalización será compulsiva cuando la población no tenga opción de permanecer en el lugar ya que se realiza en el marco de un bien mayor". De esta manera confirma que se realizarán desalojos compulsivos en el marco del proyecto acordado y apelando a un supuesto “bien mayor" que no se explica en los informes oficiales del Gobierno de la Ciudad.

Esto aumenta la incertidumbre ya que el plan de apertura de calles no aporta claridad a cuál será el resultado de estas intervenciones prioritarias que serán llevadas a cabo por la autoridad de aplicación. ¿A dónde irán los vecinos que ni siquiera están enterados que en el lugar donde están sus viviendas pasará una calle? ¿Es para estos vecinos que se tiene reservada la aplicación del protocolo de desalojo compulsivo? ¿La Legislatura aprobará un dictamen que expresamente viola el art 9 de una normativa vigente Ley 3343?

Mientras el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pudo llegar a un acuerdo con el Banco Mundial, los vecinos de la villa 31 siguen luchando para conseguir certezas y así evitar que este proyecto no sea la máscara de un desalojo encubierto.