El peronismo bonaerense acudirá a los organismos internacionales para protestar por el decreto del gobierno nacional que busca prevenir la unidad de la oposición en los comicios de octubre. El titular del PJ de la provincia de Buenos Aires, Fernando Gray, enviará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que la reglamentación que busca prohibir las listas colectoras atenta contra la institucionalidad y el Estado de derecho al cambiar las reglas de juego en pleno proceso electoral.

El intendente de Esteban Echeverría y jefe del justicialismo en la provincia consensuó la decisión con sus pares y otros referentes que estuvieron este sábado en Avellaneda, donde prácticamente todo el peronismo bonaerense coincidió en un acto que fungió prácticamente como lanzamiento de campaña de cara a los comicios de octubre. Por estas horas se prepara el texto con el que se denunciará ante la CIDH el decreto publicado el jueves en el boletín oficial.

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De esta forma, la oposición buscará blindarse en el plano internacional mientras prepara un recurso ante la justicia electoral argentina que obligue al gobierno a dar marcha atrás con la decisión. Según pudo averiguar El Destape, el PJ presentará esta semana un escrito en ese sentido ante la jueza María Romilda Servini, planteando la inconstitucionalidad del decreto. El avance de esa causa es relevante porque la CIDH no puede actuar de manera resolutiva hasta tanto no se hayan agotado las instancias locales.

De todas formas, la presentación ante el tribunal con sede en San José de Costa Rica tendrá otros efectos de cara al proceso electoral, ya que puede servir -por ejemplo- como precedente a la hora de solicitar veedores internacionales que supervisen los comicios y el escrutinio. En la oposición existen inquietudes respecto a la transparencia con la que se llevarán a cabo esos procesos, en vista a decisiones clave tomadas por el gobierno de forma inconsulta durante los últimos meses.

En el PJ está muy instalada la sospecha de que el gobierno echará mano a todos los recursos posibles para evitar una derrota en octubre, incluso cuando se trate de medios de dudosa o nula legalidad. El antecedente del escrutinio provisorio de 2017, sobre el que aún existen suspicacias, está todavía muy presente. En el equipo que trabaja desde hace varios meses para evitar sobresaltos en las próximas elecciones la premisa es que conseguir más votos es condición necesaria pero ya no suficiente para garantizar un triunfo.

En ese sentido, el decreto del gobierno para evitar la utilización de listas colectoras encendió las alarmas. Se trata de una decisión unilateral que “manipula las normas para favorecer a una de las partes”, consideran en la oposición. Además, aseguran, resulta inconstitucional, porque “restringe la capacidad de acción de los partidos” a la hora de diseñar sus estrategias electorales. Existe consenso en el PJ en considerar que la transparencia de los comicios no debe darse por sentada. También en la necesidad de recurrir a todas las instancias que sean necesarias para garantizarla.