A tres meses del rechazo del proyecto de aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso Nacional, un nuevo caso de embarazo adolescente, negligencia estatal, abusos sexuales y pobreza extrema sacude al país.

Esta vez es en Chaco, pero es una historia que se repite. Una nena de la comunidad wichi, de 13 años, está internada en grave estado luego de haber sido sometida a una cesárea de emergencia por un embarazo de casi siete meses, producto de abusos sexuales. Además, tiene un cuadro crónico de desnutrición, anemia y neumonía.

El bebé pesó menos de un kilo y murió horas después de nacer. Mientras tanto, la niña pelea por su vida. De esta forma, se vio obligada a parir, a pesar de que cumplía con todas las causales contempladas por la ley para interrumpir un embarazo -el mismo representaba un peligro para su vida y su salud, y era resultado de abusos.

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"La niña llegó al hospital el viernes 2. La trasladaron del hospital de Castelli porque necesitaba estar en terapia intensiva”, explicó a Clarín Andrea Mayol, directora del hospital Perrando, donde se encuentra la nena, y remarcó que la cesárea fue hecha “por deterioro y riesgo de salud materna y fetal”. No creen que pueda sobrevivir: tiene falla multiorgánica, no le llega oxígeno a los tejidos.

La nena no sabía que estaba embarazada cuando llegó al hospital por su delicado cuadro de salud. Tampoco podría haberlo sabido: vive en la extrema pobreza, es analfabeta y no está escolarizada. Está desde hace dos años con su novio, de 19: o sea, están juntos desde que ella tenía sólo 11 años, y él ya tenía 17, por lo cual se trata de un caso de pedofilia.

Algunas cifras de la situación en Chaco: el 23,6% de las embarazadas es una niña o adolescente, unos seis puntos arriba del promedio nacional. De ellas, el 56,6% quedó embarazada de forma no intencional o producto de una violación. Además, tiene una de las más altas tasas de muerte materna: en lo que va del año, ya murieron más de 15 mujeres gestantes, según Unicef.

Alrededor del 10% de las madres adolescentes chaqueñas son analfabetas o no completaron la primaria, con lo cual nunca recibieron ningún contenido remotamente relacionado a la Educación Sexual Integral. De todas formas, si estuvieran escolarizadas lo más problable es que tampoco los hubieran recibido, ya que en las escuelas chaqueñas no se cumple con la ley nacional de ESI.

Por otra parte, Chaco no sólo tiene uno de los peores índices de pobreza del país (39,2% en Gran Resistencia) sino que, además, durante 2017 fue la provincia con más abortos registrados en el sistema de salud del noreste argentino, con 1881 egresos hospitalarios por aborto en el último año.

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