La consultora FIEL criticó el nuevo ajuste tarifario del gobierno de Mauricio Macri y denunció que detrás del nuevo aumento se esconde una medida que favorece a los sectores más ricos y afecta a los más humildes.

En materia de tarifas de servicios públicos, parece que ahora la demagógica es la oposición. Pero cuando la UCR -con Alfredo Cornejo a la cabeza- puso el grito en el cielo con las tarifas eso fue otra cosa (el gobernador dijo textualmente "Aranguren le ha hecho meter la pata a este gobierno").

Igual con la negativa del radicalismo a la privatización completa de Transener o una Elisa Carrió denunciando por conflictos de interés a funcionarios de Juan José Aranguren como afirmando, a principios de abril: "Ya le dije al presidente que me opongo al aumento de tarifas".

¿Y cuando el propio Macri ordenó vía decreto al CEO-ministro a no intervenir en actos y acciones vinculadas al Grupo Shell? ¿Todo esto qué fue? Al listado de críticas al tarifazo desde las propias entrañas del modelo se suma ahora nada más ni nada menos que FIEL.

¿Qué es FIEL? Conjuntamente con las universidades del CEMA y de Torcuato Di Tella -con las cuales ha suscripto diversos tipos de convenios-, se trata de la principal y más representativa usina ultra-conservadora de la República Argentina y entre las más importantes de América Latina. Desde su tribuna, FIEL ha apoyado el golpe de Estado de 1976 y las políticas económicas que desde la llegada de Martínez de Hoz al poder y hasta mayo de 2003 convirtieron al país en una semicolonia atrasada, excluyente y sometida.

En efecto, parece que el economista jefe de la mencionada organización planteó, días atrás en evento organizado por el centro de estudios energéticos de Jorge Lapeña (UCR), que la quita de subsidios a la energía no es otra cosa que una "operación de transferencia colosal de ingresos desde la demanda, equivalente a 5 puntos del PIB, la mitad [recayendo] sobre las familias (sic)". El economista ubicó esa transferencia en 16.500 millones de dólares. Notable, ¿no es así?

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