El Parto Respetado es una conquista en la soberanía de los cuerpos de las mujeres y todas las personas gestantes: el derecho a elegir cuándo, cómo y con quién parir. Sin embargo, un proyecto de ley pone en riesgo esa posibilidad, ya que llevaría a la clandestinidad a los partos domiciliarios.

Bajo el número de expediente 2070-D-2018 y con la firma de los diputados del PRO Carmen Polledo (referente de la postura antiaborto en el Congreso), Eduardo Amadeo y Sergio Wisky, la iniciativa plantea delimitar los alcances del ejercicio de la obstetricia. En ese afán, restringen toda actividad relacionada al acompañamiento pre y post parto sólo a quienes tienen un título de obstetra.

De esta manera, las mujeres embarazadas ya no podrán elegir parir en sus casas con el acompañamiento de parteras, doulas y puericultoras, ya que esto no será legal de aprobarse el proyecto. Sólo podrán parir en un hospital, expuestas a la posibilidad de recibir violencia obstétrica y que no se acate a la ley de Parto Respetado.

La iniciativa plantea que el ejercicio profesional de la obstetricia “comprende las funciones de asistencia pre y post eventos obstétricos”, incluidas “las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud en todos los niveles de atención de la mujer y su núcleo familiar”, lo cual sólo podrán realizar quienes tengan el título de licenciatura “debidamente acreditado”.

Las doulas -personas especializadas en dar apoyo emocional, físico y educativo antes, durante y después del parto- y las puericultoras -encargadas del seguimiento de la lactancia y desarrollo del desde bebé hasta el destete-, tendrían que ejercer estas tareas de manera clandestina, mientras que las madres se verán obligadas a parir en un hospital contra su voluntad o hacerlo de manera ilegal en sus casas, sin un amparo legal ni marco regulatorio.

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