Una de las cuestiones más claras que deja el debate por la despenalización del aborto en el Congreso es que se trata de un tema de salud pública y derechos humanos: desde el regreso de la democracia 3030 mujeres murieron por abortos clandestinos.

La falta de una ley de aborto legal, seguro y gratuito se traduce en criminalización, muerte y falta de acceso a derechos sexuales y reproductivos. En este capítulo vamos a repasar casos emblemáticos. Detrás de las cifras hay historias.

Un caso emblemático es el de Ana María Acevedo en Santa Fe. Tenía 19 años, sufría de cáncer de mandíbula, estaba embarazada y en un hospital le negaron el acceso al aborto. Murió en 2007. Tenía tres hijos. Su mamá, Norma Cuevas, expuso su historia en el Congreso de la Nación. El Estado provincial tuvo que pedir perdón por la muerte de Ana María.

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Otro de los casos emblemáticos es el de Belén, la joven tucumana que estuvo presa casi tres años por un aborto espontáneo. Fue condenada a ocho años de prisión, acusada de haber asesinado a su bebé luego de tener un aborto espontáneo. La detuvieron y luego pudo revertirse esa injusta condena. Su abogada Soledad Deza, también fue otra de las expositoras en el Congreso.

Otra historia es la de Juana, una niña wichi de 12 años, víctima de violación colectiva en manos de criollos en Salta. Ella no tuvo acceso a su derecho a abortar y tuvo que sostener un embarazo inviable hasta la semana 31.

Mientras el Congreso se prepara para discutir en el recinto. En Mendoza, una nena de once años está sufriendo un embarazo forzado. En Salta, otra de diez años.

La ley que se apruebe tiene que ampliar derechos para que ya no haya muertas ni presas por abortar.

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