Las declaraciones de Mauricio Macri sobre las políticas de Derechos Humanos, la última dictadura y la cifra de los desaparecidos generaron fuerte rechazo por parte de la sociedad y en las organizaciones que luchan hace 40 años y fueron las impulsoras del programa Memoria, Verdad y Justicia.

En ocho meses de gestión de Cambiemos, hubo varios gestos de parte del Ejecutivo y de la Justicia que cambian las políticas de Derechos Humanos de los últimos 10 años, época donde se logró un importante avance tanto a nivel discursivo y cultural como desde la Justicia y las políticas estatales. Varios de esos triunfos están sufriendo un deterioro por decisiones de parte del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.

Éste es el repaso de los retrocesos que se vivieron en materia de Derechos Humanos en estos últimos ocho meses y el cambio cultural y discursivo sobre la última dictadura militar que se está viviendo en el país por este tipo de decisiones.

DEMORAS Y OBSTÁCULOS A LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD

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La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad advirtió que durante el primer semestre del año los juicios por delitos de lesa humanidad fueron demorados.

"El informe analiza los primeros seis meses del año en materia de persecución penal de los delitos de lesa humanidad y advierte acerca de los obstáculos que subsisten en los procesos. El documento aclara que, si bien estas barreras ya habían sido identificadas en informes anteriores, "resulta preocupante su persistencia y en algunos casos su intensificación, luego de una década de juicios", afirma la Procuraduría.

Se destaca en el informe la reducción en la cantidad de sentencias. "En 2016 sólo se dictaron nueve. En este contexto, menos del 30 por ciento de los condenados tiene sentencia firme y sólo 9 de 112 causas elevadas a juicio tiene fecha de inicio de debate", manifiesta.

PRISIÓN DOMICILIARIA PARA REPRESORES

Desde que asumió Macri ya son 50 los condenados por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar que lograron salir de la prisión para cumplir con su condena desde el confort de su casa.

Desde febrero pasado, juzgados federales de todo el país concedieron decenas de prisiones domiciliarias a militares y policías encarcelados.

Los represores obtuvieron la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y tener problemas de salud, un beneficio que no es automático y depende del criterio del magistrado.

Se dio a conocer ayer cómo Luis Tomás Trillo, principal responsable de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), fue fotografiado cuando salía a caminar con su perro. Trillo cumple su condena con prisión domiciliaria.

Además, organismos de Derechos Humanos están alertas ante la posibilidad de que la Cámara Federal de La Plata le otorgue la domiciliaria a Miguel Etchecolatz, ex jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura y condenado por delitos de lesa humanidad.

LA VUELTA A LOS HOSPITALES MILITARES

El ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, volvió a habilitar que los presos por delitos de lesa humanidad puedan volver a ser atendidos en hospitales militares.

Esta medida había sido prohibida por su antecesor en el cargo, Agustín Rossi, luego de que dos condenados, Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, se fugaran del Hospital Militar Central en julio de 2013.

“El deber del Estado de proporcionar la atención médica adecuada e idónea a las personas bajo su custodia es aún mayor en aquellos casos en que las lesiones o la afectación de la salud provengan de enfermedades cuya falta de tratamiento puede ocasionar la muerte”, argumentó Ángel Tello, secretario de Estrategia y Asuntos Militares.

NEGAR LOS 30 MIL DESAPARECIDOS

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La polémica está instalada con fuerza desde la llegada del macrismo al poder, amplificada desde los grandes medios, donde reaparecieron en forma multiplicada voces como Cecilia Pando (esposa de militar preso) o Aldo Rico (intentó dos veces hacer un Golpe de Estado).

Pero no termina sólo en los medios. Primero el ex ministro de Cultura Darío Lopérfido lo manifestó públicamente y esta semana lo dejó claro hasta el mismísimo Presidente de la Nación. Macri afirmó en una entrevista: "No sé si son 9 mil o 30 mil, no tengo idea".

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En el nuevo Tecnópolis también se hace énfasis en esa versión. Y se toma como número final el de la Conadep de 1984. Este hecho generó fuerte rechazo contra Hernán Lombardi, a cargo de la organización del predio.

LA "GUERRA SUCIA"

Fue una de las definiciones más polémicas del Presidente en su última entrevista. Macri habló de que en Argentina "se vivió una tragedia, una guerra sucia". La idea de instalar en el discurso público nuevamente "La Teoría de los Dos Demonios"

Esta versión, también amplificada en los grandes medios, es apoyada fuertemente desde los editoriales del diario La Nación y en consonancia con la voz de muchos de los funcionarios de Gobierno.

En diálogo con El Destape, el músico y referente de los DD.HH. Víctor Heredia afirmó sobre esta postura del Ejecutivo: "Un presidente no puede desconocer lo que dijo la Corte Suprema en el momento de juzgar a las juntas militares. Esto no fue una guerra sucia. Fue un acto de terrosimo por parte del Estado. Aquí se secuestraron embarazadas, aquí se robaron bebés, ¿qué clase de soldado es un bebé, una embarazada? Aquí se tiró gente desde los aviones".

MILITARES GOLPISTAS EN DESFILES PATRIOS

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La vuelta de personajes relacionados con la dictadura de volver a la escena pública e impulsados por el Gobierno. Así fue como Aldo Rico, ex carapintada y quien intentó en dos oportunidades hacer un Golpe de Estado durante la presidencia de Raúl Alfonsín, participó y fue homenajeado en el Día del Bicentenario.

Por decisión del Gobierno, los militares volvieron a participar de los actos patrios. Un decisión que se tomó en el Ministerio de Defensa. Y fue celebrada por varios ministros, entre ellos Patricia Bullrich, titular de la cartera de Seguridad.

Otro que fue homenajeado en ese día de festejos fue Emilio Nani, un teniente coronel reconocido por haber reivindicado la dictadura.

EL ESTADO DEJA DE SER QUERELLANTE

Sucedió esta semana. El Gobierno decidió dejar de ser querellante en una delicada causa por delitos de lesa humanidad. Fue en el caso Saiegh, donde se investigan delitos perpetrados por un grupo de tareas de represores ligados a la Policía Federal.

Eduardo Saiegh fue secuestrado el 31 de octubre de 1980 por un grupo de tareas de la División Bancos de la Policía Federal. El empresario aseguró que durante su cautiverio en varias dependencias de la Federal le aplicaron distintos métodos de tortura, con el fin de que "confesara delitos inexistentes" en el banco del que era directivo.

El abogado Alejandro Rúa, defensor de Saiegh, afirmó a Perfil.com: "Los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos presentaron un escrito afirmando que por instrucción del secretario (Claudio Avruj) desisten de la querella".

EL GOBIERNO JUNTO A LOS VICTIMARIOS

El ministro de Justicia, Germán Garavano, recibió en reiteradas oportunidades a familiares de represores, quienes insisten en pedir la libertad de los genocidas de la dictadura.

Así fue que Garavano se reunió el 25 de abril con Cecilia Pando, defensora de los genocidas de la última dictadura y esposa de un militar preso. El encuentro debía mantenerse en secreto, según reveló la propia Pando, pero el titular de la cartera de Justicia admitió la reunión y sostuvo que hasta se cruzó con organismos de derechos humanos.

Según publicó el diario Página 12, Pando le llevó a Garavano su "preocupación" por el devenir de los juicios de lesa humanidad, las "prisiones preventivas prolongadas" y las "muertes en las cárceles" de los condenados por violaciones a los derechos humanos.

El ministro además recibió dos veces en sus oficinas a los abogados de represores nucleados en la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia. "Hablamos sobre los presos políticos y pedimos (que se les conceda) la prisión domiciliaria. Pedimos que se cumplan con las garantías que la Constitución prevé para todos los habitantes de la República Argentina", dijo Alberto Solanet, titular de la organización y hermano del secretario de Hacienda de la dictadura, que en noviembre del año pasado manifestó públicamente su entusiasmo con la llegada del nuevo gobierno.