La política es el arte de la negociación y el presidente de la Corte Suprema de Justiciade la Nación, Ricardo Lorenzetti, considerado el “más político” de los ministros cortesanos, lo sabe. De allí que las decisiones del tribunal más importante del país, que el abogado oriundo de Rafaela preside desde hace once años, no sean azarosas. Cada movimiento tiene una lógica. También la respuesta que recibe por parte del Gobierno.

Lorenzetti no es el favorito de la Casa Rosada para presidir la Corte, por eso desde Balcarce 50 buscan influir en la elección interna que los cinco supremos realizarán este año para renovar autoridades. El mandato del presidente vence el 31 de diciembre. Si bien el actual mandamás judicial no deja de ser un interlocutor válido para el oficialismo, reinan las tensiones.

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Desde la Casa Rosada dejan correr las denuncias de la diputada Elisa Carrió contra el cortesano por enriquecimiento ilícito, o presionan a diversos magistrados, como Ariel Lijo, uno de los jueces federales de Comodoro Py que le sirve de sostén a Lorenzetti, en el marco de un “toma y daca” entre el Gobierno y el presidente de la Corte que no puede desatenderse a la hora de interpretar los fallos del máximo tribunal.

En este contexto, el Centro de Información Judicial (CIJ) publicó entre sus noticias más destacas del 12 de abril el comunicado 20/2018 de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial -que junto a la FAM nuclea a la mayoría de los jueces del país- en el que expresó “nuevamente su preocupación por las frecuentes imputaciones y cuestionamientos proferidos por funcionarios de la política, respecto de la máxima autoridad del Poder Judicial de la Nación y, sin mayor especificación, a los jueces en forma general”.

Las acusaciones preocupan a Lorenzetti. Su imagen pública, así como la del poder que comanda, son un tema que sigue de cerca. “Hay que escuchar los reclamos del pueblo”, había dicho el 6 de marzo, al inaugurar el año judicial, atento a la desconfianza que la sociedad le tiene a la Justicia.

Y allí es donde golpea el macrismo. Es que el 12 de abril sumó un nuevo elemento para poner sobre la mesa de negociación, al presentar la primera auditoría integral sobre la Justicia Federal que impulsó el Consejo de la Magistratura, dominado por el macrismo, y que llevó dos años de trabajo. Se trata un estudio sobre los casos de corrupción que tramitan en tribunales: abarcó casi 10.000 expedientes del período 1996-2016. Se concluyó que casi el 90% de las causas de corrupción no llegan ni siquiera a un procesamiento. Las decisiones que toman los magistrados fueron expuestas por los “reflectores” mediáticos.

El dato se conoció casi un mes después de que la Corte suscribiera la acordada 4/2018 con la que derribó el armado judicial del PRO en los tribunales orales federales de la Capital Federal -que juzgan las causas políticas más sensibles del país-. El macrismo pretendía duplicar los TOF mediante la conversión de jueces ordinarios en federales. La maniobra, que había avanzado hasta lograr que un tribunal gestado por Cambiemos (el TOF 9) se quedara con los juicios que tienen por protagonista a la expresidenta Cristina Kirchner, fue disuelta el 15 de marzo de un plumazo por Lorenzetti y los cortesanos Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

El 11 de abril, a instancias del consejo que interrogó por los alcances de las impugnaciones, la Corte emitió una nueva acordada, la N° 7, por la que ratificó la suerte de los tribunales ordinarios devenidos en federales (el TOF 9 dejó de existir) pero flexibilizó su postura en lo que hace a dos traslados clave para la alianza de Gobierno: los de Carlos Mahiques y Leopoldo Bruglia.

Ambos magistrados, que llegaron a sus cargos a dedo (el primero a la Cámara Federal de Casación Penal y el segundo a la Cámara Federal de Apelaciones) quedarán en funciones hasta que el Senado defina su suerte, previa negociación entre el interbloque Cambiemos y el del PJ que lidera Miguel Ángel Pichetto (ambas bancadas suman 50 senadores sobre los 72 totales que representan a las provincias). Así, su suerte deberá pagar ciertos condicionamientos, clásicos de la política.

Entre acordada y acordada se abrió otro flanco: el de las filtraciones de las escuchas legales que están bajo control de la Corte –por decisión de Macri-. Una secuencia de comunicados y excusas dejó expuesto el tenso vínculo que reina entre un sector de la AFI que comanda el amigo del Presidente, Gustavo Arribas, y el máximo tribunal, que reaccionó con un letargo que pareció legitimar la difusión de los audios en que se escucha el diálogo privado de Cristina Kirchner con Oscar Parrilli. El 27 de marzo, en una nota dirigida a Arribas, el Tribunal Superior solicitó "que ponga en conocimiento las actuaciones que hubiera iniciado en razón de las filtraciones". La oposición estaba pidiendo que Lorenzetti concurriese al Congreso a brindar explicaciones.

En medio también está la pulseada entre el Gobierno y la Corte por la reforma judicial y la administración de los recursos del tercer poder del estado que ascienden a $30 mil millones.

En este contexto, Lorenzetti mostró una nueva carta –que tenía guardada desde el año pasado-, que de prosperar provocará una nueva escalada con Macri. La Corte empezará a tratar un planteo por la modificación del consejo que realizó el kirchnerismo, que lo redujo a 13 miembros. Debe ratificar o rectificar la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que consideró inconstitucional los cambios. Es decir, puede avalar ese fallo y determinar así que la estructura del órgano que designa y sanciona jueces vuelva a tener 20 miembros, lo que desbarataría la mayoría automática que logró el oficialismo y que tanto usufructo le está dando. Incluso, si el consejo vuelve a fojas cero, el propio Lorenzetti quedaría como presidente. Sería un golpe duro para el macrismo en su estrategia por domesticar al Poder Judicial.

La corporación judicial se siente inestable. Sus tres representantes hoy no le garantizan una protección porque su estamento no puede frenar la hegemonía macrista en el Consejo. Muchos jueces le exigen a la Corte que tome cartas en el asunto. Así se evidenció en las jornadas que se realizaron tras la inauguración del año judicial, con un pedido expreso sobre el tema.

Aquel 6 de marzo, Lorenzetti afirmó: “Hay un exceso de coyuntura, una ausencia de estatura para ver los grandes problemas en el mediano y largo plazo”. Y con tono político, tendió una de sus manos: “No tenemos que crear conflictos divisorios” sino “buscar soluciones unificadoras”. Aún no está claro cómo utilizará la otra.