El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi determinó la intervención del consorcio de empresas que trabajan en el soterramiento de la línea de trenes Sarmiento y nombró un veedor para que analice el manejo de los números, ya que considera que hay indicios suficientes de pagos de coimas,

La medida apunta a controlar e investigar a la Unión transitoria de empresas (UTE) que integraron las compañías Odebrecht, Ghella, Comsa e Iecsa. Esta última está vinculada a la familia del presidente Mauricio Macri, en particular a Ángelo Calcaterra, el primo del jefe de estado.

Según detalló el periodista Hugo Alconado Mon en La Nación, el abogado Roberto Muguillo será el encargado de controlar a las empresas. Además de fiscalizar el trabajo, también deberá "informarle al juez sobre las estructuras societarias utilizadas, y lo que pueda detectar de valía sobre la posible ruta de los sobornos tras revisar sus libros contables".

La decisión de Martínez de Giorgi cumple con uno de los dos pedidos que le hizo el fiscal federal Franco Picardi. El otro era una larga lista de embargos y medidas cautelares sobre funcionarios, compañías, empresarios y ejecutivos, entre los que figuraba un embargo a Calcaterra por $167 millones.

Sin embargo, el juez consideró que es medida no era necesaria en el momento que se estaba por definir la situación procesal de los investigados.