La Justicia ordenó que el Gobierno porteño deberá garantizar Internet y notebooks a los alumnos de las villas

La educación a distancia dejó en evidencia las grandes desigualdades sociales y el Gobierno porteño deberá garantizar el acceso a la educación.

08 de junio, 2020 | 14.23

La Justicia ordenó que el Gobierno porteño deberá garantizar el acceso a Internet y computadoras o tablet a los niños, niñas y adolescentes que viven en las villas porteñas. El objetivo es que puedan continuar con sus estudios que, por la pandemia, se realizan de forma remota y no todos tienen las mismas condiciones de accesibilidad.

Puntualmente, el Juzgado de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario ordenó que en cinco días se entregue a todos los alumnos y alumnas que concurren a establecimientos educativos de gestión pública o de gestión privada con cuota cero y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, un dispositivo informático adecuado (sea computadora portátil, notebook o tablet) para acceder a Internet y realizar las tareas escolares que garanticen su continuidad pedagógica en modalidad virtual o a distancia.

En el mismo plazo, deberá garantizar en la totalidad de las villas, barrios de emergencia y asentamientos el acceso inalámbrico libre a Internet. En caso de no poder hacerlo, tendrá que entregar un dispositivo móvil con línea con datos que permita el acceso a internet a cada grupo familiar integrado por niños, niñas y/o adolescentes que concurren a establecimientos educativos de nivel primario.

Según el fallo, que salió este lunes, la situación de vulnerabilidad social se entenderá automáticamente acreditada en el caso que alguno de los miembros del grupo familiar del estudiante sea beneficiario de algún plan, beca, subsidio o programa social del Gobierno porteño o del Estado Nacional, o bien cuando residan en villas, barrios de emergencia o asentamientos de la Ciudad.

Para garantizar el procedimiento se deberá generar un registro de solicitantes y un mecanismo de entrega de los equipos que respeten la totalidad de las pautas sanitarias vigentes para hacer frente a la pandemia, utilizando, preferentemente, canales institucionales insertos en los barrios, como comedores, parroquias, juntas vecinales, movimientos sociales.

En caso de que haya más solicitudes que equipos, se deberá presentar una propuesta de entrega prioritaria de los equipos existentes, y un plan para atender la demanda insatisfecha en los próximos cinco días.

Se argumentó que de dilatarse la adopción de una medida que contrarreste la falta de acceso igualitario, "el daño podría ser aún más grave e irreparable de lo que ha sido hasta la fecha", teniendo en cuenta que van casi tres meses de aislamiento social y que la cuarentena se extendió, en principio, hasta el 28 de junio. Por lo tanto, quienes no pudieron gozar del derecho a la educación por falta de Internet o computadoras, ya llevan perdidos dos meses y medio de formación escolar, lo que genera más desigualdades.

Respecto al interés público, el fallo justificó que "no existe riesgo de afectación del interés público ya que no se advierte cuál sería la contradicción con una orden que tenga en miras la protección de derechos fundamentales como el de la educación, la salud, la igualdad y la dignidad de las personas involucradas".

El fallo, de 37 hojas, dio por "acreditado el menoscabo en su derecho a la educación en condiciones igualitarias que padecen los niños, niñas y adolescentes en edad escolar en el actual contexto de suspensión de clases presenciales". Una situación "que sería la consecuencia de la actuación del Gobierno porteño, al imponer exigencias carentes de razonabilidad para la entrega de equipamiento informático a los estudiantes cuyas familias no pueden afrontar el costo de una computadora o tablet, y de una conexión de Internet".

La acción de amparo fue presentada el miércoles 20 de mayo por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) porque ante las medidas de aislamiento social obligatorio, la Ciudad de Buenos Aires dispuso que la escolaridad y la mayoría de los trámites continuaran por vías virtuales. Situación que evidenció las desigualdades que atraviesan las -aproximadamente- 300 mil personas que residen en las villas y asentamientos porteños.

En el resto de la Ciudad el servicio es provisto por compañías prestadoras o por el Gobierno porteño en los espacios públicos pero "las villas y asentamientos porteños no cuentan con la infraestructura para que dicho servicio ingrese", a lo que se suma la falta de computadoras para poder continuar con el cursado virtual dispuesto por las autoridades.

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