El represor Luis Muiña dio positivo de coronavirus

Es el primer genocida en ser diagnosticado con COVID-19. Fue inmediatamente trasladado y aislado en una unidad penitenciaria que funciona en el Hospital Muñiz.

22 de junio, 2020 | 17.54

Luis Muiña, el represor del 2x1 de la Corte, dio positivo de coronavirus dentro de la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde cumple condena por un asesinato en el Hospital Alejandro Posadas durante la última dictadura. Según pudo saber El Destape, Muiña fue inmediatamente trasladado y aislado en una unidad penitenciaria que funciona en el Hospital Muñiz.

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Muiña, de 65 años, estuvo internado extramuros por un cólico biliar. Desde el 4 de junio hasta el 17 de junio permaneció en el Hospital Raúl Larcade de San Miguel. El 17 reingresó a la Unidad 34 – rehabilitada durante el macrismo para alojar a criminales de lesa humanidad. A su llegada, las autoridades le realizaron un hisopado y lo aislaron – según establecen los protocolos que viene poniendo en marcha el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Fue recién anoche, después de las 20, que llegaron los resultados del test que confirmaron que Muiña era positivo, por lo que lo trasladaron a la Unidad 21 – que funciona en el Hospital Muñiz. Los penitenciarios que habían estado custodiándolo en el Hospital Larcade ya están aislados también.

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Las autoridades penitenciarias también informaron a la justicia que Héctor Vergez, represor que actuó en Córdoba, está aislado por haber tenido contacto con Muiña. Según la información que el SPF envía todos los días a los tribunales, se registraron tres casos sospechosos en el penal de Campo de Mayo. De esos, se descartaron dos y sólo Muiña dio positivo hasta el momento.

Temor al efecto cascada

Muiña es el primer represor en ser diagnosticado con coronavirus. Esta situación provocará, estiman en los organismos, una catarata de presentaciones por parte de los genocidas que comparten cárcel con Muiña. La Unidad 34 es una de las penitenciarías con menor población, ya que únicamente aloja a 70 represores.

“Aunque esté en edad de riesgo y con COVID-19, Muiña es un genocida. No me gustaría saberlo de vecino a él ni a ningún otro. Mucho menos atendiéndose en el Posadas”, dice Zulema Chester, hija de una de las víctimas del represor. “Siempre corremos detrás de estos problemas, pero nos costó 44 años que lo condenen y el Covid suena a premio”.

Condenado por primera vez en 2011 por crímenes en el Hospital Alejandro Posadas, Muiña saltó a la escena pública en mayo de 2017 al ser beneficiado por el 2x1 de la Corte Suprema. Su caso abrió entonces una ventana de oportunidad para cientos de represores que buscaban salir de la prisión en plena era de Cambiemos. A las semanas volvió a ser detenido para ser juzgado por los homicidios de Jorge Roitman y Jacobo Chester, trabajadores del policlínico desaparecidos entre noviembre y diciembre de 1976.

En 2018, Muiña fue condenado a perpetua por el asesinato del médico Roitman, cuyo cuerpo apareció en noviembre de 2017 enterrado a metros del centro clandestino que funcionó dentro de un chalet del Posadas. Diez días atrás, la Sala IV de la Cámara de Casación Federal confirmó la condena contra Muiña por el asesinato de Roitman y anuló la absolución que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 le había dictado en el caso de Chester. Se espera que ese tribunal dicte una nueva sentencia, siguiendo los lineamientos que le señalaron los casadores Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

Los reclamos de los represores

Desde que se declaró la pandemia, los represores plantearon múltiples recursos para abandonar las cárceles. Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hasta el 11 de mayo, se habían recibido 177 pedidos y se habían concedido 34 arrestos domiciliarios. Algunos fueron revocados – como en el caso de tres represores presos por un homicidio en La Plata y más recientemente en el caso del médico Omar Di Nápoli, que el viernes fue detenido para ser reingresado a la Unidad 34 de Campo de Mayo.

En las últimas semanas, se produjo una nueva ola de pedidos por parte de los abogados de los represores. En una de las causas donde se comprobó esa tendencia fue en la que investiga los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Allí dos de los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de Casación, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, dieron señales de acompañar los reclamos de la defensa de los represores y pidieron que el TOF 5 revise la situación de Jorge Radice, Carlos Néstor Carrillo y Rubén Zanabria. Los tres están alojados en la Unidad 31 del penal de Ezeiza. El tercer juez de la Sala, Alejandro Slokar, se opuso.

Se espera que este martes haya una audiencia en Casación para tratar un pedido de Jorge “Tigre” Acosta, quien comandaba el grupo de tareas de la ESMA y quiere volver a su casa.

El COVID-19 en las cárceles federales

En las cárceles federales, se registraron hasta ahora 31 casos de internos con COVID, según información del SPF. De esos, hay diez que aun están bajo tratamiento y 21 que se recuperaron. La mayoría de los casos – 26 – se registraron en el penal de Villa Devoto, donde en abril tuvo lugar una protesta violenta que terminó con 36 internos heridos – dos de ellos con balas de plomo.

La protesta en Devoto fue la punta del iceberg de una campaña de los medios y de la oposición contra la salida de la cárcel de presos por delitos leves, que incluso tuvo su correlato en los tribunales con jueces declarando inconstitucionales las acordadas dictadas por las Cámaras de Casación – tanto federal como nacional. En provincia de Buenos Aires, fue la propia Suprema Corte la que encorsetó una decisión de la Casación provincial que habilitaba la salida mientras dure la pandemia de personas privadas de la libertad que se encuentren en grupos de riesgo y que no hubieran sido condenadas por delitos violentos.

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