Semanas atrás, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, en su carácter de presidenta de la Federación Argentina de Municipios (F.A.M.), presentó ante la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, un reclamo fundado en cifras por los recortes sistemáticos de fondos coparticipables a los municipios.

Este conjunto de lesiones a la autarquía financiera de los municipios se jalona con:

  • La supresión del Fondo de Infraestructura Municipal de libre disponibilidad, coparticipado directamente a los municipios, que rigió en los ejercicios 2016 por $10.000 millones y en el 2017 por $8.500 millones.
  • La baja del Coeficiente Único de Distribución (CUD) de reparto de fondos en los municipios de mayor población, sobre todo en aquéllos que cuentan con efectores de salud propios.
  • El cese de la coparticipación de los derechos de exportación que liquidó otro fondo autónomo para obras municipales, el Fondo Federal Solidario. La PBA perdió recursos por un total de $ 3.400 millones en 2018 y de $ 17.800 millones para 2019. Los gobiernos locales perdieron ingresos por $1.100 millones en 2018 y $5.725 millones para 2019.
  • La adhesión de la Provincia a la Ley de Responsabilidad Fiscal Nacional, que recorta el impuesto a los ingresos brutos, principal recurso provincial coparticipable a los municipios. En línea con el Pacto Fiscal se rebajarán alícuotas:
  • Para la producción primaria de 1,5% a 0,75%.
  • Para la construcción de 3% a 2,5%.
  • Para los servicios de 5% a 4,5%.
  • Para transporte de 3% a 2%.
  • Para las comunicaciones de 5% a 4%.
  • Para los servicios inmobiliarios de 6% a 5%.
  • Para la electricidad, gas y agua de 4% a 3,75%

La recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos del año 2017 fue de $151.735 millones, mientras que la del año 2018 alcanzó los $191.135 millones. La variación interanual de lo recaudado por el principal tributo fue del 26,3%, perdiendo casi 17 puntos reales de ingresos respecto de la inflación minorista (47,6%) en el año pasado.

  • El traspaso a la Provincia, y parcialmente a los municipios, del impacto de los aumentos tarifarios a partir de la provincialización del servicio de transporte, agua y electricidad en el Área Metropolitana. Los incrementos en los precios regulados de gas, luz y combustible han significado una fuga de ingresos disponibles para los distritos bonaerenses del orden de los 5.998 millones de pesos por mes. La transferencia de ingresos anuales es de $ 71.987 millones.

La Provincia de Buenos Aires incurre entonces en un permanente asedio a la autarquía financiera municipal con recorte de fondos institucionales, en procura de cercenar la autonomía política de los intendentes de distinto signo partidario y, a la vez, para transferir el peso del ajuste nacional y provincial a las jurisdicciones de tercer rango.

Ahora ¿Por qué una gobernadora que dispuso de un aumento de recursos fiscales y crediticios inéditos en anteriores gobernaciones no utilizó los mismos para construir consensos que permitieran un desarrollo armónico de su administración, atendiendo las demandas de las jurisdicciones?

Un ensayo de respuesta obliga a un repaso de los números agregados del ejecutado presupuestario provincial desde el cierre 2015, punto de arranque de la gestión, hasta el último año publicado que es el 2018.

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Como se puede advertir, el incremento de los ingresos en el trienio 2016-2018 fue del 150,3%, con una leve pérdida real respecto de la inflación mayorista en ese plazo, que fue del 156,8%. Sobresale la decisión de la gobernadora de adherir al pacto fiscal que limita el peso del impuesto a los Ingresos Brutos, siendo esta principal fuente de recursos de la Provincia.

La otra fuente de financiamiento fue el acceso al mercado internacional durante el bienio 2016-2017. La deuda provincial experimentó entre 2016 y 2018 un crecimiento del 188,5%.

Con estos ingentes incrementos de recursos -una vez y media los ingresos y casi dos la deuda- el único resultado positivo relevante que puede exhibir la gobernación es cierta contención del déficit fiscal. Este permaneció estable a lo largo del período y, consecuentemente, redujo su peso sobre el total de ingresos, de un 7,7% al 3,2%. Lo sorprendente es que, en tanto el porcentaje de deuda sobre ingresos ha aumentado del 44,5% al final del 2015 al 69,1% sobre el final del 2018, la tasa de inversión pública apenas lo hizo del 4,1% al 6,3%. Estos guarismos desmienten que el incremento de deuda haya estado vinculado a una fuerte expansión de la infraestructura provincial.

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Este rápido recorrido por los números agregados del comportamiento fiscal de la administración Vidal despeja el interrogante del fuerte ataque al federalismo municipal. Los recursos disponibles no se utilizaron para resolver cuestiones estructurales. Por el contrario, la Provincia de Buenos Aires tiene mayor volumen de deuda que antes, una tasa de inversión pública apenas incrementada y un déficit fiscal que, si bien permanece establece, puede verse seriamente comprometido a futuro debido al traspaso de los servicios del área metropolitana.

La gobernadora Vidal no sólo perdió tres años claves en avanzar paulatinamente en la resolución de problemas estructurales de la Provincia de Buenos Aires, como la expansión de la infraestructura y la relación fiscal Provincia-Municipios, sino que afronta las consecuencias gravosas de su inoperancia. Ha comprometido recursos con deuda y deberá hacerse cargo de administrar servicios públicos sin ingresos para subsidiar tarifas. Es evidente que la gobernación va hacia una crisis fiscal y busca compartir las consecuencias de la misma con los municipios que, en su gran mayoría, tienen equilibrio en sus cuentas públicas y bajo nivel de endeudamiento.

Este último es un punto central en el debate provincial de la inminente campaña electoral, entre una gobernadora de Cambiemos que dilapidó recursos y oportunidades para elevar la gestión del principal estado argentino, e intendentes peronistas que han podido sostener con recursos exiguos crecientes demandas sociales, niveles de inversión pública básicos y colocarse al frente de los reclamos vecinales a consecuencia del desorden macroeconómico provocado por las políticas nacionales.

La intendenta Magario, como presidenta de la F.A.M., en el reclamo efectuado en defensa de la autarquía municipal, pone en el centro de escena este debate entre una gobernación paralizada y municipios autónomos que afrontan activamente el impacto de la crisis en sus territorios.