“Un colega intentó besarme en un pasillo. Me buscaba a mí y a otras compañeras. Cuando lo quise denunciar para que la cortara, otros colegas varones me dijeron que no lo hiciera, que iba a quedar como una histérica”, relata una funcionaria judicial de extensa trayectoria.

Aunque no se hagan públicos, existen este tipo de casos puertas adentro de los tribunales. El hecho, condensa la problemática de género en el Poder Judicial, acaso el más atrasado de los tres poderes en esa cuestión: ¿qué servicio de justicia puede ofrecer a una mujer que denuncia violencia o acoso un poder de estas características?

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El 8M, que se sintió en todo el país, volvió a poner el tema en discusión en tribunales. No es para menos, el patriarcado judicial se manifiesta con fuerza.

La Justicia machista

El “Mapa de Género de la Justicia Argentina”, un relevamiento que realiza la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia desde 2010, expone con cifras la desigualdad de género en los tribunales: pese a que la composición del tercer poder del Estado es mayoritariamente femenina (56%, es decir, 45.153 mujeres al 2015), su presencia en cargos jerárquicos es marcadamente inferior.

Según el último estudio de esta oficina, en los Superiores Tribunales y Cortes provinciales las mujeres acceden en un 24% al cargo de ministra, un 34% al de camarista y un 46% al de jueza.

La brecha de género se agudiza todavía más en la composición jerárquica de la Justicia Federal: sólo el 24% de las damas accede al cargo de camarista. Por ejemplo:

-La Cámara Federal de San Martín, la de General Roca y la de Bahía Blanca no tienen integrantes mujeres. Eso se expande a toda la jurisdicción en Mar del Plata.

-En la Cámara Federal de La Plata una sola de las nueve vocalías la integra una dama.

-Entre los 12 jueces federales penales de la Capital Federal solo hay una mujer: María Romilda Servini de Cubría (81).

-La Cámara Nacional de Casación posee sólo una mujer en diez despachos: se trata de María Laura Garrigós de Rébori que se jubiló y está pronto a deja el cargo.

Esta distribución –al fin y al cabo, el reparto de poder- no debiera sorprender si se observa la cabeza del Poder Judicial: en la Corte Suprema la única dama en cinco vocalías es Elena Highton de Nolasco. Hasta la renovación cortesana que impulsó Néstor Kirchner cuando era presidente –entre 2003 y 2004-, no había siquiera un baño para mujeres en el máximo tribunal del país.

La segregación vertical

La situación no es azarosa y tiene un nombre: “Segregación vertical”.

“Las mujeres no pueden perforar el llamado ‘techo de cristal’ -afirma a El Destape la consejera y camarista, Gabriela Vázquez-. De cristal porque es invisible pero existe”, explica la magistrada.

Atenta a este escenario, Vázquez presentó una iniciativa en el Consejo de la Magistratura para impulsar la equidad de género en el anquilosado Poder Judicial. Se trata de una obligación que tiene el Estado nacional, de acuerdo a la suscripción de diversos acuerdos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos.

En su trabajo, que fue presentado el 22 de febrero y espera ser tratado en la comisión de Reglamentación, la ex presidenta del consejo propone una reforma del reglamento de concursos para que se logre:

-Una adecuada representación de las mujeres en la conformación de las ternas. Esta deberá ser proporcional a la cantidad de concursantes. Si un 30% son mujeres, la terna debe estar compuesta por al menos una mujer, en un concurso de un solo cargo. Si fuesen dos cargos, debiera haber dos damas. A su vez, la terna conformada deberá garantizar la representación femenina en los cargos concursados.

-La modificación del jurado, para que “en todos los casos la composición del mismo sea del 50% de hombres y mujeres”.

-La inclusión de la variable vinculada al cuidado (sea de niños como de adultos mayores) en la asignación de puntaje durante el concurso. Es que las mujeres en edad reproductiva y con hijos suelen verse en desventaja respecto de los varones en el rubro de antecedentes ya que les resulta más complejo realizar posgrados o doctorados. Por tal motivo, se plantea asignar hasta cinco puntos a las postulantes por tareas de cuidado o género. A su vez, la suma total por antecedentes académicos no puede superar los 30 puntos.

-La inclusión de dos temas con perspectiva de género en el examen que se toma a los postulantes. Es que preocupa la persistencia de los estereotipos en las sentencias.

-La revisión del lenguaje inclusivo en el texto del reglamento para evitar el masculino genérico como representante de los dos sexos.

No está claro qué definición tomará el Consejo, que tan solo incluye dos mujeres entre sus trece miembros.