Para combatir los reclamos de los trabajadores, el Gobierno flexibilizó los requisitos para comandar vuelos comerciales, pero viola la normativa vigente. Como con la apertura de importaciones para disciplinar los precios internos, el organismo regulador habilitó el ingreso de pilotos extranjeros para comandar vuelos comerciales en Argentina.

La resolución 895/2018 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) modifica el texto de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil. Donde antes a los pilotos se les imponía la obligación de rendir un examen teórico y otro de vuelo para que se acepte dentro del país la licencia que obtuvo en el extranjero, ahora el organismo regulador se atribuyó poderes excepcionales. Agregó al final del párrafo una excepción completamente discrecional: “(...) a menos que por las circunstancias del caso pueda establecerse probadamente y con razonable certeza que el solicitante posee la pericia que se requiere para el certificado de idoneidad que solicita”.

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La reválida estaba mentada exclusivamente para licencias deportivas, no así para comerciales. Esto viola el Código Aeronáutico vigente. No casualmente, el Ejecutivo planea presentarle modificaciones para los primeros meses del año próximo. Tal como acusó a El Destape el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, esta decisión fue ad-hoc a las necesidades de contratar mano de obra extranjera más barata de FlyBondi y Norwegian.

La decisión del administrador de la ANAC, Tomás Insausti, del 21 de noviembre pasó desapercibida, pero fue firmada en medio de la demanda de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas por el aumento salarial adeudado por la compañía. El objetivo, debilitar el reclamo, pese a que la empresa luego reconoció la transgresión salarial.

Las arbitrariedades de ANAC van en línea con los nulos controles a las aerolíneas bajo costo, como FlyBondi. Como denunció El Destape, cada uno de los cinco aviones registró al menos un incidente y la empresa sufrió 887 cancelaciones en tan sólo seis meses. Ninguna de estas alarmas ameritó una sanción de parte del organismo de control, quizás por los estrechos vínculos entre la aerolínea y la cúpula de la Casa Rosada.

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