El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acaba de presentar un recurso de amparo para que se declare la nulidad del DNU 941/2025, firmado el 31 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero, que introduce modificaciones muy profundas en la ley de inteligencia, especialmente en las facultades operativas de los organismos de inteligencia. “No se trata de meros ajustes de estructuras administrativas, sino que las reformas implican intervenciones restrictivas directas o invasiones sobre nuestros ámbitos de autonomía y acción social, que encima fueron decididas por un instrumento de baja calidad democrática como lo es un DNU. Además, su dictado ni siquiera cuenta con una justificación clara y precisa sobre las razones de su utilización, así como tampoco se explica por qué no puede esperar los tiempos del debate democrático”, dice Diego Morales, director de Litigio y Defensa del Cels.
Este recurso judicial es el cuarto que se interpone contra un DNU firmado cuando el año se terminaba y publicado con la feria judicial comenzada y atención política en el letargo de enero y con la atención puesta, lógicamente, en la invasión de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro. Sin embargo, la suma de recursos judiciales presentados -el del Cels se suma al presentado por Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santin y Ricardo Terrile (abogados ligados al alfonsinismo) y al que llevan Adelante Maximiliano Ferraro, Mónica del Frade y Esteban Paulón- da cuenta de la gravedad de las reformas. Y es que, como dice Morales, “es la habilitación de una especie de super policía no definida como tal, y con mayores facultades, funciones y capacidades que aquellas”
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¿Qué significa que el gobierno haya firmado este DNU apenas terminadas las sesiones extraordinarias?
—Ese es uno de los puntos más débiles del decreto. Las sesiones extraordinarias terminaron el 30 de diciembre. Es decir, el Poder Ejecutivo cerró el Congreso y al día siguiente firmó el DNU, es, como mínimo, una coartada.
¿Cuáles son los ejes centrales del amparo?
—Identificamos cuatro ejes. El primero es la ampliación vaga y genérica de las facultades de inteligencia. Se redefine qué es una investigación de inteligencia de una manera tan amplia que cualquier actividad podría quedar alcanzada. El segundo eje es la flexibilización de prohibiciones históricas, como la prohibición de que los servicios de inteligencia realicen tareas de represión o se infiltren en ámbitos sociales. Esas prohibiciones ahora quedan relativizadas bajo la excusa de la contrainteligencia, que fue re definida por este DNU. El tercer eje tiene que ver con el acceso irrestricto a bases de datos del Estado, como RENAPER, Migraciones y Aduana. Se rompe el principio de que los datos personales se entregan para fines específicos y de hecho se modifica la ley de datos personales sin ningún paso por el Congreso. El cuarto eje es el riesgo sobre la libertad personal, en particular la habilitación de detenciones bajo figuras ambiguas como la “aprehensión” en tareas de inteligencia.
¿Qué derechos busca preservar este amparo?
—El núcleo del planteo es la defensa de la autonomía y la libertad de las personas. La libertad de movimiento, de pensamiento, de asociación y de participación política. Cuando se amplían las facultades de espionaje interno, se restringe la capacidad de las personas de decidir cómo y dónde participar en la vida social y democrática.
Este DNU se suma además a un Plan de Inteligencia Nacional presentado el año pasado que también ustedes cuestionaron judicialmente.
—Hay una causa penal en la cual nosotros nos presentamos como denunciantes, como querellantes y ahí lo que está determinando la justicia es si efectivamente un plan de esas características -que ya habilitaba el espionaje interno- está vigente. Eso es lo que estamos reclamándole al juez Sebastián Casanello y al fiscal Guilllermo Marijuan. Si lees ese plan que todavía no está confirmado que esté en vigencia, que conocemos a partir de de la información que se difundió en distintos medios, bueno, ahí pareciera cerrar todo un poco más, no en cuanto a legalidad sino a explicar estas reformas que “facilitan” las tareas que se proponían en el PIN.
¿Cuál es el mecanismo que encuentra el DNU para ampliar las capacidades de la SIDE al punto de permitirle, como vos decís, convertirse en una “súper policía”?
--Ahí vos tenés la incorporación del “ARTÍCULO 2° ter” que define qué se entiende por investigación de inteligencia y dice sencillamente que es todo aquello relacionado con la Inteligencia Nacional. Eso es una gran cobertura, un canal que les va a permitir cualquier acción con la mera idea de “estoy siguiendo una pista, estoy habilitado” para intervenir y actuar de las muchas maneras que dejó pendiente el PIN2025 -si se confirma que está en vigencia- en relación a la inteligencia interna.
Y la segunda cuestión es la modificación de la definición de contrainteligencia y la cantidad de excepciones que se incorporaron en nombre de la contrainteligencia, como la de detener personas; “aprehender” dicen ellos. También, en nombre de la contrainteligencia, ahora se pueden infiltrar en ámbitos sociales y políticos, cosa que estaba prohibida en la Ley de Inteligencia Nacional.
¿Qué posibilidades hay de que se frene el DNU antes de que termine la feria judicial o vuelva a sesionar el Congreso? Porque mientras tanto la SIDE parece contar con súper poderes.
—En principio hay que valorar que la política reaccionó porque éste no es el único amparo, y creo que por lo menos se les va a dar trámite. Me refiero a que reciban la causa, que le pregunten a la SIDE y al Poder Ejecutivo para que envíen los antecedentes, que el PE sepa que están estos movimientos, eso es un límite.
Ahora, siendo una medida cautelar se debería responder rápidamente.
—Sí, los plazos tienen que ser cortos. Nosotros estamos pidiendo sobre todo suspender estos artículos que tienen que ver con los ejes que te plantee en principio, ejes que afectan la libertad y la autonomía de las personas para desarrollar su actividad, su plan social, la participación política. Todos y todas tenemos derechos de participar en el debate político de la manera que sea y ahora parece que eso puede estar siendo vigilado, puesto en riesgo y por eso es la medida cautelar que pedimos y sobre la que esperamos pronta respuesta.
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