Consejo Asesor de Reforma Judicial a Alberto: un collage de opiniones con final abierto

El consejo de expertos en materia judicial le entregó formalmente su informe al Presidente. Qué dice la letra chica de los cambios que plantean para la Corte, la Procuración y el Consejo de la Magistratura. Las diferencias entre los comisionados.  

11 de diciembre, 2020 | 10.04

El presidente Alberto Fernández ya tiene en sus manos un compendio de 969 páginas con propuestas para una Reforma Judicial integral, mucho más abarcativa que el proyecto que ya tiene media sanción en el Congreso. 

Lo realizaron los 11 integrantes del Consejo Consultivo designados por el propio Presidente, que ahora tomará las recomendaciones que le interesen y las remitirá al Congreso como proyectos de ley. El texto, que se le entregó formalmente al Presidente este jueves, revela que hubo diferencias en casi todos los puntos, con mayorías y minorías marcadas, que todos opinaron y plasmaron sus miradas en el informe más como individuos que como una Comisión unificada. Más que una síntesis Alberto cuenta con muchas miradas sobre cada uno de los temas. 

Una de las críticas que preanunciaba que este resultado podía darse –y que se desliza desde la propia comisión- surgía de la forma en que se conformó y organizó la comisión: era ecléctica y no tuvo un presidente ni un reglamento. 

El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, tal como fue nominado por el decreto 635, fue integrado por León Arslanián, Enrique Bacigalupo, Inés Weinberg de Roca, Marisa Herrera, Raúl Gustavo Ferreyra, Omar Palermo, María del Carmen Battaini, Claudio Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, Andrés Gil Domínguez y Carlos Beraldi. Tenían 5 ejes temáticos para hacer recomendaciones: 1) Corte Suprema; 2) Consejo de la Magistratura; 3) Ministerio Público; 4) Juicio por Jurados; 5) Transferencias de competencias a la ciudad de Buenos Aires. 

En todos los temas hubo propuestas de mayoría y minoría. En general, Herrera, Sbdar, Arslanián, Beraldi, Gil Domínguez y Palermo tuvieron visiones similares, aunque luego en muchos puntos cada uno agregaba propuestas particulares. Del mismo modo hubo un grupo de minoría conformado por Battaini, Kogan y Weinberg, que en muchos ítems ni siquiera emitieron recomendaciones. En el caso del juicio por jurado, Weinberg dictaminó por su cuenta. Ferreyra escribió dictámenes en solitario sobre la Corte y el Ministerio Público. Bacigalupo también hizo su propio dictamen sobre recomendaciones para la Corte y adhirió a la minoría en el caso del Ministerio Público. Esto se explica porque Ferreyra y Bacigalupo habían preparado ponencias sobre el abordaje de cambios para el Alto Tribunal.

El informe tiene una introducción, una explicación de los enfoques transversales a todos los temas como la cuestión de género y el federalismo, un capítulo con los fundamentos de cada tema en formato de dictámenes que firmaron los consejeros de forma grupal o individual y finalmente las recomendaciones. 

Corte Suprema

En las recomendaciones sobre la Corte Suprema es donde hubo más diferencias. De hecho, fue el eje que demandó más reuniones (10 de las 23) y el único de los 5 puntos en el cuál hubo 4 dictámenes diferentes: Bacigalupo y Ferreyra hicieron dictámenes individuales y luego hubo dos grupos que se mantuvieron prácticamente en todas las cuestiones a tratar. Por un lado, una mayoría conformada por Herrera, Sbdar, Arslanián, Beraldi, Gil Domínguez y Palermo. Por el otro, Battaini, Kogan y Weinberg. 

A la hora de plasmar las recomendaciones, los miembros de la Comisión remitieron primero a los dictámenes de Bacigalupo y Ferreyra ya que hicieron consideraciones sistémicas y generales más que recomendaciones puntuales. 

Un punto clave es el número de miembros de la Corte. De hecho, hubo una propuesta de Ferreyra para que haya una discusión explícita sobre el aumento de integrantes del máximo tribunal del país. Pero no prosperó. Al no haber una discusión en torno a este tema, cada comisionado tuvo la libertad de exponer (o no) su postura.

La conclusión es evidente: la Corte no puede desarrollar su tarea con el número reducido de jueces que actualmente la componen”, dijo Bacigalupo, por ejemplo. Y agregó: “Pero, el número de jueces tendría que ser establecido una vez decidido el modelo de jurisdicción constitucional que sea estimado conveniente. Por lo pronto, en los modelos de derecho comparado que han sido descriptos en este trabajo el número de jueces es bastante mayor y las designaciones son temporales. Esta última cuestión requeriría una reforma constitucional.”. 

Ferreyra emitió un extenso dictamen donde también propone que se amplíe la cantidad de miembros de la Corte, plantea que con los cinco miembros actuales bastan tres para tomar una definición que no tendrá pluralidad de enfoques jurídicos. También planteó que debe establecerse taxativamente que los jueces cesen en sus cargos a los 75 años, algo que por ejemplo viola la actual cortesana Elena Highton de Nolasco. 

La cuestión del número de miembros, sin embargo, no se plasmó en las recomendaciones finales. 

Los otros 9 consejeros acordaron que tiene que sancionarse una Ley orgánica que regule el funcionamiento de la Corte, desde su composición hasta sus competencias y funcionamiento. Hasta ahí las coincidencias. 

Luego el grupo mayoritario de 6 consejeros formado por Herrera, Sbdar, Arslanián, Beraldi, Gil Domínguez y Palermo planteó que la integración de la Corte debe tener en cuenta los principios de paridad de género, integración federal y pluralismo ideológico. Battaini, Kogan y Weinberg no emitieron ninguna recomendación sobre ese punto. 

Los 6 consejeros también recomendaron que se haga más de una audiencia pública para designar a un cortesano, que deban contestar preguntas sin ampararse en la supuesta preopinión y que debe regularse de manera restrictiva la cuestión de los 75 años como límite para seguir en el cargo. 

El grupo más numeroso también propuso que la Corte, al iniciar el año judicial, establezca una agenda de causas. El juez Palermo agregó que la agenda tiene que ser pública. 

En otro de los puntos clave, recomendaron que la oficina de escuchas, rebautizada como Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo), salga de la órbita de la Corte. 

Herrera, Sbdar, Arslanián, Beraldi, Gil Domínguez y Palermo también recomendaron crear un tribunal intermedio antes de la Corte, aunque luego presentaron distintas propuestas sobre las características que debía tener esa “tercera instancia”. Bacigalupo también compartió esta propuesta aunque con matices. Battaini, Kogan y Weinberg estuvieron en contra. 

Respecto al uso del artículo 280 (por el cual la Corte, sin fundamentar, rechaza abordar los casos que le llegan como sucedió en el caso Boudou), cinco consejeros (Herrera, Sbdar, Arslanián, Beraldi y Gil Domínguez) recomendaron mantenerlo pero con limitaciones. Las consejeras Battaini, Kogan y Weinberg coincidieron en que hay que redefinir el uso del artículo 280 y que la Corte deba fundamentar el rechazo y expresar “las principales conclusiones del estudio de la causa, que en la práctica siempre realiza la Corte previo a proponer la aplicación de la norma del 280”. Arslanián propuso que algunas causas queden excluidas de la posibilidad de utilizar el 280 como los casos en los que hay vulneración de derechos fundamentales, bienes colectivos y en causas penales. 

Hubo varias propuestas, incluida la de Palermo que propuso directamente derogar el actual artículo 280. 

“La gran mayoría entendió que la Corte debe resolver fundadamente siempre, que debe dar explicaciones de sus decisiones, por lo tanto se requiere que esas decisiones sean argumentadas. La corte debe dar razones de por qué rechaza un recurso”, indicaron desde la comisión a este medio.

Y sintetizaron: “Hemos trabajado la necesidad de darle una representación federal y de género a la Corte, que debe ser un gran foro público donde se discutan asuntos de derecho constitucional. Eso requiere que pueda canalizar los desacuerdos de la sociedad civil. Para ello, es necesaria una Corte que aborde relativamente pocos casos”.

Consejo de la Magistratura

Una mayoría de 7, integrada por Herrera, Sbdar, Arslanián, Beraldi, Ferreyra, Gil Domínguez y Palermo, consideraron que hay que modificar la integración del Consejo de la Magistratura. Plantearon que tiene que haber igualdad en las representaciones de jueces, abogados, legisladores y académicos, un 25% para cada uno. Un total de 16 consejeros, 4 de cada estamento. “Con la particularidad de que los académicos no vengan del Derecho. Se propone una apertura que el Consejo en la actualidad no tiene”, explicaron.

También se postuló que la presidencia del consejo tenga doble voto en caso de empate y sea rotativa cada año. Los comisionados sugirieron también que sea con dedicación exclusiva, algo complejo ya que todos deberían dejar sus respectivos cargos (al menos, momentáneamente) como jueces, diputados, senadores, académicos o abogados que se dedican a la profesión. Y que estén 4 años sin posibilidad de renovación o con renovación con un intervalo en el medio. 

Sobre los concursos, Battaini, Herrera, Sbdar, Arslanián, Beraldi, Ferreyra, Gil Domínguez y Palermo recomendaron hacer concursos anticipados (así cuando se libera un cargo no hay que empezar de cero), que se fortalezca el enfoque de género en el proceso de selección, que se transparenten, que los exámenes los haga un cuerpo académico y no los mismos miembros del Jurado y que se modifique “la perspectiva endogámica que prima en la etapa de evaluación de antecedentes y beneficia a las personas que se encuentran dentro del sistema judicial”. “Se propuso que la pertenencia al Poder Judicial no sea tan determinante para la elección del candidato”, indicaron desde la comisión a El Destape. 

Battaini, Herrera, Sbdar, Arslanian, Beraldi, Ferreyra, Gil Domínguez y Palermo plantearon que los procesos disciplinarios tienen que tener un plazo de 1 año y no de 3 y que se debe dar más participación a los denunciantes. 

En muchos de los puntos Kogan, Weinberg y Battaini no emitieron recomendación. 

Ministerio Público

La mayoría conformada por Herrera, Sbdar, Arslanián, Beraldi, Ferreyra, Gil Domínguez y Palermo recomendaron el avance hacia el sistema acusatorio federal y restablecer su autarquía financiera. 

Donde hubo mayor consenso fue en la duración del cargo del Procurador General de la Nación, donde 10 de los 11 consejeros opinaron que el mandato tiene que tener un plazo. Herrera, Sbdar, Arslanián, Beraldi, Ferreyra y Palermo recomendaron que sea de 5 años renovables por un período y que su elección no sea en año electoral. En este último punto coincidieron Battaini, Kogan y Weinberg, pero opinaron que el plazo no tiene que ser renovable pero sí durar lo necesario para implementar un plan de política criminal.  

Gil Domínguez opinó en soledad que debe ser vitalicio hasta los 75 años, como hasta ahora. 

Respecto a los números para la designación, 6 consejeros (Herrera, Sbdar, Arslanian, Beraldi, Ferreyra y Palermo) recomendaron que sea con mayoría absoluta de los miembros del Senado. El argumento es el mismo que da el oficialismo actualmente en el Congreso: si no es un cargo vitalicio no tiene sentido que se elija por dos tercios del Senado. Los otros 5 consejeros (Battaini, Kogan, Wainberg, Bacigalupo y Gil Domínguez) insisten en que sea por dos tercios. “La relajación de la temporalidad tiene como contrapartida la necesidad de reducir las mayorías”, señalaron desde el grupo mayoritario de la comisión. Y añadieron: “El régimen que se propone cambiar es legal y no constitucional. Más antidemocrático es tener un procurador interino por casi 3 años”, indicaron en referencia a Eduardo Casal. 

“Hay que reducir el tiempo de mandato, facilitarle la entrada del Procurador y conservarle la autonomía, dificultando la salida. Un sistema que de algún modo permita la designación con mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Senado y con las características propias del juicio político para la salida. Esa puerta garantiza al procurador la estabilidad y que no pueda ser echado”, afirmaron uno de los comisionados a El Destape. Si bien el plazo del mandato que se acordó fue de 5 años hubo propuestas para que dure 4 años. “El Ministerio Público Fiscal es el ejecutor de la política criminal por lo que podía coincidir con el período presidencial”, señalaron. 

Respecto a la remoción del Procurador y el Defensor General hubo unanimidad en que se mantenga el juicio político actual. 

Oficina Anticorrupción

La mayoría conformada por Herrera, Sbdar, Arslanián, Beraldi, Ferreyra, Gil Domínguez y Palermo recomendó que la Oficina Anticorrupción siga en el Poder Ejecutivo pero exclusivamente en temas no penales, teniendo que remitir esas cuestiones a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que es la Fiscalía Anticorrupción. Recomendaron que la designación del titular de la Oficina Anticorrupción tiene que tener acuerdo del Senado y una duración desvinculada del mandato presidencial, por ejemplo 6 años. También que su destitución no esté a tiro del Presidente. 

Battaini, Kogan, Weinberg y Bacigalupo emitieron pocas recomendaciones sobre la Oficina Anticorrupción. Consideraron que debe seguir como hasta ahora y que las causas judiciales las debe llevar adelante la PIA.  

Unidad de Información Financiera (UIF)

La mayoría conformada por Herrera, Sbdar, Arslanián, Beraldi, Ferreyra, Gil Domínguez y Palermo recomendaron que la Unidad de Información Financiera (UIF) sea un órgano autónomo e independiente. Battaini, Kogan, Weinberg y Bacigalupo agregaron que no creen conveniente que pase a depender del Ministerio Público Fiscal. 

Juicio por Jurados

La mayoría conformada por Herrera, Sbdar, Arslanian, Beraldi, Ferreyra, Gil Domínguez y Palermo postularon que se implemente el juicio por jurados en el orden federal. 

Bacigalupo, por su parte, dijo que “el jurado no es una condición de la legitimidad de la justicia penal”.

Transferencias

La mayoría conformada por Herrera, Sbdar, Arslanian, Beraldi, Ferreyra, Gil Domínguez y Palermo  recomendaron que “se debería sancionar una ley que establezca un plazo máximo de tres (3) años para dar por finalizado el proceso de transferencia de competencias” a la ciudad de Buenos Aires. 

Ahora, el presidente Alberto Fernández deberá desmalezar este informe y definir con qué propuestas avanzar. Si hay algo que quedó claro es que se necesita una reforma judicial con urgencia. 
 

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