Poner la política en el centro

El discurso presidencial para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, viene de la época en que los discursos públicos de los presidentes no eran un acto corriente.  Con escasos medios de comunicación masivos, ese acto constitucional se convertía en uno de los momentos más relevante del discurso público de la mayor autoridad política de la nación.

A pesar que con el transcurso del tiempo se han multiplicado los dispositivos tecnológicos de comunicación, primero la radio, luego la TV ahora las redes sociales, estos espacios institucionales siguen siendo relevantes. Cuanta con un factor diferencial respecto de los otros: aquí la comunicación está institucionalizada y las pautas no las imponen los dispositivos de comunicación y sus actores, sino la propia autoridad política.

En un mundo en el cual la comunicación masiva es una pieza clave de la política la disputa por la escena y las reglas de despliegue del discurso no es un dato menor. Lo también notable es que a pesar de ser un discurso en formato tradicional, sigue sucintado la atención de quienes se interesan por la política, con un agregado importante: la TV funciona en cadena nacional y los periodistas no pueden interrumpir el discurso ni cortarlo, pero sí las redes que permite a diversos públicos “intervenir” frente a quien lo emite resaltando conceptos, criticándolos o haciendo cualquier tipo de comentarios. Lo que pasa en las redes hace también a la institución misma del discurso. 

Esas intervenciones se hacen ya presentes desde hace algunos años y adelantan las conclusiones que se puedan tener del discurso una vez concluido; en algún sentido hacen también al propio discurso. Al mismo tiempo presentan lo que los distintos actores buscan significar de ese mensaje. Por ejemplo, un periodista de La Nación escribió en las redes, apenas finalizado el mensaje “el presidente no hizo autocrítica”; esa idea respecto de lo que “debe hacer” el presidente, en lugar de plantearlo como una crítica coloca a quien lo emite (o pretende hacerlo) en un lugar normativo: “esto es lo que debe hacer el presidente”; hay una fiscalización de la política, pero siempre basada en una pretendida moral universalizable, de la que mucho periodismo busca ser depositario.

Por mi parte extraño al periodismo que informa y ayuda a la comprensión de los hechos. Pero el discurso no es lo que los demás quieren leer, sino primeramente lo que es. El presidente optó por un tono mas duro que el de los últimos tiempos, y eso es ya lectura hecha por todos, pero no salió del eje político que mantiene desde que asumió. Y esto se percibe por lo que mencioné antes: una instancia de uso de la palabra sin mediaciones; todo es interpretable, pero dijo lo que dijo. ¿y de qué se trató? Eligió dos ejes principales: lo realizado hasta acá muy particularmente vinculado a la pandemia y por el otro, las propuestas para este año.

Como siempre lo mas sustantivo es el porvenir y a la vez el entrecruzamiento con el pasado. Lo que el gobierno se plantee de aquí en adelante entra en tensión con la situación heredada, mucho más ahora luego del “impasse” que implicó la pandemia. Por caso las cifras presentadas sobre obra pública fueron elocuentes y por esa misma razón no repetidas por los medios. Dijo: La obra pública ha sido prioritaria y lo será más aún en 2021. Al inicio de nuestra gestión encontramos el 70 % de las obras paralizadas. Reactivamos 270 obras públicas…La inversión pública se redujo desde el 2,7 % del PIB en el año 2015 al 1,1 % en el año 2019. En 2020 comenzó una recuperación que en 2021 alcanzará el 2,2 % del PIB”.

Uno se imaginaba que un gobierno como el presidido por Mauricio Macri donde abundaban contratistas del Estado, la obra pública tendría un impulso notable. No fue así. Semanas atrás, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, explicaba que el Programa Público Privado (PPP) creado por el macrismo destinado a financiar la obra pública con participación privada, había sido un evidente fracaso y se disolvió de común acuerdo con las partes, evitando un mayor perjuicio contra el Estado, por un programa diseñado más para beneficiar al sector financiero que a la obra pública.

No deja de ser un dato muy relevante que ese sector de la producción, haya tenido un desempeño tan mediocre en el gobierno de Cambiemos. Se anunciaron varias medidas de carácter económico, perfilando el modelo que busca estimular le mercado interno, es decir lo que se espera de un gobierno peronista.

La búsqueda de acuerdos para frenar la suba de precios, que será el gran desafío inmediato. Pero también la reivindicación de la institucionalidad: Alberto Fernández señaló que el acuerdo que se alcance con el FMI será sometido a aprobación del Congreso; y agregó en otro juego de vinculación de futuro con el pasado: “Por eso, he instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

Sin duda esta no es la institucionalidad que solemos escuchar que se demanda; pero Argentina necesita salir de los ciclos de endeudamiento que la condenan al subdesarrollo.  Las tres últimas veces que el neoliberalismo se sentó en la Rosada y en el Ministerio de Economía, el país terminó al borde del abismo: la dictadura, el menemismo, Cambiemos.

Hay una constante ahí, que no puede repetirse. Tal es así su impacto que mientras los medios se quedan haciendo elucubraciones sobre los cambios propuestos en el Poder Judicial, funcionarios de Macri se vieron en la obligación de salir por las redes a dar alguna explicación, por lo general incomprensibles. Como con las bolsas que simulaban cadáveres en la Plaza de Mayo, también nos quisieron decir “que no era tan así lo de la deuda”.

La política busca recuperar el centro. Veremos si el Poder Judicial, se convierte en un poder que responde.