Sancionar la sublevación policial: el dilema de la seguridad bonaerense

Habrá una auditoría minuciosa para determinar quiénes fueron los responsables de la revuelta de los policías bonaerenses. El camino entre la necesidad de sancionar y los límites políticos para hacerlo.

12 de septiembre, 2020 | 18.58

El dilema en el gobierno bonaerense, en la conducción política de la fuerza de seguridad y en la jefatura de la Policía Bonaerense es cuándo, cómo y a quiénes sancionar por la sublevación que hizo temblar los muebles del orden institucional, y si es conveniente.

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Al anuncio de medidas concretas que atendieron demandas históricas de la policía, tras un reclamo que puede considerarse legítimo pero cubierto por un manto de extorsión y agitación que cruzó varios límites, le sigue una investigación interna para determinar responsabilidades. No dejarla pasar para que no se repita. Comprensión y firmeza, todo dentro del arte de lo posible entre la necesidad de sancionar y los límites políticos para hacerlo.

El primer punto del petitorio que difundieron los policías bonaerenses exigía que no haya ningún tipo de sanciones, luego los reclamos salariales y laborales, y nuevamente en el último pedido, el número 14, que se terminen las “represalias (sumarios, arrestos, desafectaciones y traslados como medidas de disciplinamiento)”. No desconocían que cometían un delito, los policías saben que no es un derecho propio tener representación gremial, política ni partidaria, que no pueden realizar huelgas, protestas ni manifestaciones públicas. Un debate aparte que reflotó en estos días.

En el gobierno bonaerense anticiparon, con máxima precaución para no reavivar el conflicto, que habrá una auditoría minuciosa para determinar quiénes fueron los responsables de la sublevación. Imposible pensar en exonerar a miles de policías. Es difícil que haya una purga masiva por los efectos que eso podría generar. Pero no está en los planes una amnistía generalizada.

Las sanciones quedarán encapsuladas para que hagan el menor ruido posible. Pero habrá, y comenzarán a estudiarse esta misma semana mediante mecanismos internos de la fuerza. Buscarán aplicarlas de manera quirúrgica contra quienes hayan cometido faltas graves o sobre aquellos que se hayan montado a un reclamo genuino para desestabilizar o condicionar al gobierno, como denunciaron algunos funcionarios y dirigentes del oficialismo.

El gobernador Axel Kicillof dijo en El Destape Radio, luego de los anuncios que forman parte del Plan Integral de Seguridad, que analizarán en detalle lo sucedido. “Hay gente que no pertenece a la fuerza de manera activa. Los que son exonerados, retirados, familiares…hay quienes no están con los códigos de la fuerza. La sociedad no puede permitirse esto”, dijo al ser consultado sobre la posibilidad de aplicar sanciones.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, reapareció en la televisión el jueves por la noche, ya sin policías inquietos en las calles, para decir que “hay que separar la paja del trigo”. Consideró que hubo situaciones distintas, y que “no es lo mismo aquel que sacó su patrullero y lo dejó en el piquete, que aquel que no pudo ir a trabajar porque no tenía ese patrullero”. Resta esperar si será el propio Berni el encargado de castigar una revuelta que no supo o no pudo evitar, en lo que evidenció una grave falla en la conducción política de la fuerza. Dos veces, el jueves y el domingo, en el gobierno bonaerense fueron advertidos de la protesta que comenzaban a organizarse en algunos grupos de Facebook.

La mirada crítica está puesta en la protesta de Olivos. Mientras el punto principal de la concentración policial era en Puente 12, en La Matanza, donde trabaja Berni en una especie de base operativa, el lugar desde el cual se mueve en el conurbano bonaerense, parecía seguir una línea institucional de interlocución directa. Hasta ahí, podía encuadrarse dentro de las protestas típicas que se realizan en los lugares de trabajo o a la conducción de la fuerza.

Haber rodeado la quinta en la que vive Alberto Fernández cruzó un límite, es una falta grave y desvirtuó el reclamo, según reconocen los propios policías. Se investiga especialmente quiénes y por qué fueron a la residencia presidencial. Un detalle no menor en el discurso del miércoles a la noche es que Alberto Fernández nombró desde qué municipios llegaron los patrulleros: San Fernando, Tigre, Vicente López y San Isidro. Pudo pasar desapercibido entre los anuncios, pero los reiteró tal cual al día siguiente en una entrevista radial.

“Hay algunas departamentales o superintendencias que tuvieron órdenes de arriba para sumarse. En varios municipios, los comandos de patrulla estaban bastante coordinados, no fueron solamente los suboficiales”, advierte José Garriga Zucal, doctor en Antropología Social, a El Destape.

Es un código no escrito, pero los intendentes también conducen la policía. “Se puede investigar cuáles fueron más desoídos, qué móviles y desde dónde llegaron, cómo fue el desplazamiento para identificar los lugares más resentidos en el vínculo o que puedan haber fogoneado”, dice el antropólogo Tomás Bover a El Destape, un académico de reconocida trayectoria en el estudio del trabajo policial. Destaca que es necesario investigar qué vinculaciones se pueden hacer con la política para identificar a quienes puedan haberse montado a una demanda legítima para generar una desestabilización política.

“Lo de Olivos fue grave. Manifestarse en horario laboral, con el arma y en la residencia presidencial, llamalo como quieras pero es una amenaza. Es un lugar central para analizar sanciones”, dice Garriga Zucal. Por su parte, Bover, establece un matiz entre castigar la protesta, que considera legítima, o establecer sanciones puntuales en caso de que se encuentren “confabulaciones con sectores de la política o intentos de desestabilización”.

La protesta contó en un principio con un apoyo notable de sectores políticos opositores al gobierno. Luego algunos se apuraron a repudiarla cuando en la calle de acceso a la Quinta de Olivos aparecieron policías armados, pero dirigentes de peso como el propio Mauricio Macri, entre otros, mantuvieron un ruidoso silencio.

En paralelo a las decisiones que tome el gobierno bonaerense o Asuntos Internos de la fuerza policial, hay que observar también cómo se mueve el Poder Judicial. La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, criticó el miércoles al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia por no instruir a los fiscales a iniciar expedientes de oficio.

“Resulta sospechoso que el Procurador de la Provincia Julio Conte Grand no haya instruido a los fiscales para hacer la pertinente denuncia de oficio por los graves hechos sucedidos en la provincia”, publicó la ministra en su cuenta de Twitter.

Las múltiples sanciones posibles para castigar la sublevación

Quienes conocen en profundidad el funcionamiento interno de las fuerzas de seguridad, explican que los tipos de sanciones son múltiples y pueden discriminarse entre faltas leves, graves o gravísimas. Los mecanismos internos de la policía son independientes de las causas penales que puedan abrirse paso en la Justicia. Suelen aplicarse desde retenciones de salario; lo que llaman días de arresto, es decir, días trabajados pero sin cobrar el sueldo; suspensiones o exoneraciones de la fuerza sin derecho a haberes ni retiro.

Hay otro tipo de sanciones informales que podrían caer sobre quienes no actuaron de manera legítima. Los destinos, en especial de las jefaturas, muchas veces tienen más que ver con un sistema de premios, castigos y lealtades que con las capacidades personales. El traslado como medida de disciplinamiento o una interrupción, por un largo tiempo, en sus aspiraciones de progresar dentro de la fuerza. “Los que fueron identificados no van a tener la mejor de las carreras”, dice Tomás Bover.

“Deberían sancionarlos, pero no es el momento político para hacerlo, generaría más problemas, pero sí para iniciar investigaciones que puedan terminar en sanciones más adelante”, dice Garriga Zucal.

También será necesario revisar la efectividad de las cúpulas y analizar la continuidad de los jefes. Hubo un episodio inaudito de desconocimiento a la autoridad cuando el comisario general Daniel García, jefe de la Policía Bonaerense, no pudo hablar en público frente al grupo que estaba en Puente 12. Lo abuchearon y lo callaron a los gritos, lo que demuestra una ruptura grave de la conducción policial.

El recambio de nombres está sobre la mesa de posibilidades concretas para recuperar el control de mando y, al mismo tiempo, resetear la promesa informal de que no habrá sanciones, uno de los requisitos para que los policías volvieran a sus puestos y hogares.

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