Exclusivo: Jueces, fiscales y la exprocuradora de la Nación relatan en primera persona las presiones y amenazas que sufrieron durante el macrismo

El Destape dialogó con magistrados y fiscales cuyos casos se presentaron ante la CIDH por ataques a la independencia judicial. El rol de los medios. Habla Alejandra Gils Carbó. El fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, revela amenazas. Los casos de jueces laborales y Freiler.

17 de mayo, 2020 | 00.05

“Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen”, afirmó el entonces presidente Mauricio Macri. Corría junio de 2017. El mensaje era claro: se pretendía una Justicia representativa de sus intereses. Aquellos magistrados y fiscales que no se pronunciaron en sintonía con la voluntad de la Casa Rosada sufrieron las consecuencias. 

El peor Call Center del mundo

Hubo distintos métodos de presión por parte del macrismo, tal como se desprende de los distintos testimonios de jueces y fiscales. Había visitas o llamados de operadores hasta denuncias en el Consejo de la Magistratura, en los medios hegemónicos o directamente en sede penal. Esta situación de asfixia contra un sector del Poder Judicial –el “díscolo”, aquel que no cedía a las presiones- derivó en comunicados de repudio de diferentes agrupaciones de magistrados como Justicia Legítima y la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), por citar dos ejemplos. También hubo presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Destape se contactó con algunos de los jueces y fiscales cuyos casos se presentaron ante el organismo internacional, quienes relataron las presiones que sufrieron. 

"Un plan sistemático"

Alejandra Gils Carbó. Exprocuradora General de la Nación, quien renunció al cargo a fines de 2017 luego de una muy fuerte presión del Gobierno. 

Macri implementó un plan sistemático contra jueces y fiscales que tenía un objetivo de captación del sistema judicial por la vía del disciplinamiento en cargos estratégicos, que asumía variadas formas de hostigamiento, presiones, amenazas, denuncias falsas y sobre todo la difamación a través de los medios de comunicación. Los métodos variaban según el perfil del destinatario, pero tenían un alcance generalizado porque eran ostensibles y públicos de manera que muchos magistrados elegían someterse sin más antes que verse expuestos a escarnios y causas penales o juicios políticos.

No sólo afectó a personas sino las instituciones cuando intentó degradar la Corte Suprema de Justicia nombrando ministros por decreto o cuando armó una causa contenciosa para quitar independencia al cargo de Procurador General, reclamando la inconstitucionalidad del procedimiento de juicio político para disponer libremente del cargo.

Su objeción hacia mi persona se centró en que era una fiscal militante, nunca basado en hechos que fueran explicados, sin embargo, cuando Cambiemos pudo nombrar al fiscal general de la Ciudad y de la Provincia, ambos cargos fueron ocupados por funcionarios que se desempeñaban en el poder ejecutivo en ese momento.

Amenazas y visitas oficiales

Gabriel de Vedia, fiscal de la Seguridad Social con funciones en la Justicia del Trabajo. Extitular de la UFISES, de donde fue corrido durante el macrismo.

Entre diciembre del 2015 y diciembre de 2019 vivimos años muy difíciles quienes somos magistrados. Uno de los paradigmas de la persecución la sufrió la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Sentíamos que se estaba persiguiendo un modo de entender la función de la justicia al servicio de nuestro pueblo. En lo personal, jueces, fiscales y el entorno me veían como un fiscal perseguido. Yo no lo sentía así. Minimizaba absolutamente todo. 

Desde diciembre de 2015 sentí algunos enconos en mi alrededor. Mi forma de pensar sé que molestaba a un gran sector del poder económico. En diciembre de 2014, la Procuradora General de la Nación, siendo yo fiscal ante la Seguridad Social, me convocó para coordinar la UFISES, la unidad que investiga delitos de la seguridad social. Desde allí denuncié a un gran sector del poder económico, poderosos empresarios y a muchos funcionarios de ese momento. A partir de ahí sufrí todo tipo de entorpecimientos. Primero en la UFISES, que funcionaba por convenio en un edificio de Anses. Nos cortaban la luz, no nos permitían entrar al servidor de la información. Nos quisieron echar de Anses. Pero lo transformamos en algo positivo porque gracias a la gestión de Gils Carbó conseguimos un lugar para funcionar en el Ministerio Público Fiscal. Fueron momentos muy duros porque no nos permitían trabajar todos los días de forma tranquila. Recibía mensajes en mi celular con aprietes. 

Después de una de las denuncias más poderosas sufrimos en casa una amenaza muy fuerte. Ocurrió cerca de la Semana Santa de 2018. Una noche que yo no estaba, tres personas armadas intentaron entrar y golpearon la puerta. Los vecinos escucharon que venían en forma muy violenta, con tiros al aire, al grito de “callen al fiscal, callen al fiscal!”. Obviamente,  hice la denuncia pertinente .Yo minimicé todo. No me van amedrentar este tipo de cuestiones. Pero lo vinculé directamente a las denuncias que había hecho. 

Cuando la secretaría de la Seguridad Social resolvió vía resolución un reajuste inferior en los haberes jubilatorios a los que correspondían vinieron a la UFISES, Sergio Massa y Margarita Stolbizer y denunciaron el hecho, que tramitamos en el día: hicimos un dictamen y le hicimos ver al Poder Ejecutivo que no estaba actuando de acuerdo al mandato legal. El Presidente se tuvo que retractar. Ese también fue un día de quiebre en la UFISES. Recibí amenazas en el celular de vuelta. 

En diciembre de 2017 se sanciona la denominada Reforma de la Seguridad Social y en enero me vinieron a ver del Gobierno para plantearme que no dictamine en contra de  la reforma previsional. Me dijeron que el Presidente estaba muy preocupado por el tema de las jubilaciones, que seguía mis denuncias, que había muchas más cosa que nos unían de las que yo pensaba y que querían pedirme que no dictaminara que hay que abrir en feria algún amparo contra la denominada reforma. También me pidieron que no dijera que era inconstitucional. Mis dictámenes son públicos y es sabido que opiné que es inconstitucional. Y los amparos se abrieron. 

Durante un tiempo teníamos un auto que paraba siempre en la puerta de casa. Yo lo minimizaba. Los vecinos decían que estaba desde temprano. Nos pasó durante un año. Durante todo ese tiempo, la AFIP nos intimaba a mi esposa y a mí con que había irregularidades. Un día, cuando va mi esposa a hablar con la gente de la un empelado le dijo: “Le voy a decir la verdad, esta carpeta se abrió por orden de arriba porque había una orden de perseguir a varias personas entre los cuales está su marido, el fiscal Gabriel De Vedia”. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Somos muy sencillos. Se terminó cerrando. 

La persecución venía del entorno del entonces Presidente de la Nación que es parte del poder económico que era al que le molestaban nuestros fallos.

El ataque a jueces laborales

 Luis Raffaghelli, juez de la sala VI  de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ex presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), a quien el Gobierno le pidió el juicio político y la destitución en el Consejo de la Magistratura por fallar a favor de trabajadores. 

En mi caso personal tuve mensajes por parte del Gobierno por elevación. Me llegaba algún mensaje vía un colega al que le decían: “Mirá a tu vecino, le pegó la pelota en el palo. La próxima lo denunciamos”.

El episodio más grave en la Cámara fue cuando la plana mayor del ministerio de Trabajo nos visitó apenas inició la gestión, a principio de 2016. En esa reunión, en un hecho que nos sorprendió a todos, nos propusieron consensuar los fallos. Eso fue gravísimo. Fue algo muy guarango. La respuesta fue el silencio absoluto y la reunión terminó arrancando para otro lado. De una visita que era protocolar y salió con ese tema se pasó a algo instrumental. Rápidamente terminamos el encuentro.

La Cámara en pleno impulsó una declaración de repudio cuando se dio la primera denuncia del Gobierno contra los colegas Marino y Arias Gibert, en el caso de La Bancaria. Las denuncias las hicimos desde ANJUT hicieron en ese momento. Nos expedimos con declaraciones frente a todos los casos que hubo. No solo de jueces de trabajo. Hicimos mención a los ataques contra el fiscal Federico Delgado, Gabriel de Vedia los jueces Alejo Ramos Padilla y Martina Forns, por citar unos ejemplos. 

A mi me denunciaron en el Consejo pero no inmediatamente después de la sentencia. El fallo por los despidos en Afsca fue en 2016. Fue el primer fallo que puso un freno al Gobierno en los despidos de personal del Estado. Durante ese mes fue muy frecuente que vinieran a ver causas y llamaban por teléfono a ver si había causas contra el Ejecutivo. “El Presidente quiere saber y está muy preocupado por estos temas”, nos decían.

Desde el caso nuestro que firmamos con Diana Cañal, nos tuvieron en la mira. La denuncia la hicieron en 2017, un año después, cuando el Gobierno se sentía más fuerte. Hablaban de la reforma laboral. También atacaron a Mirta González Burbridge. Y luego vuelven a denunciar a Arias Gibert y a Rodríguez Brunengo cuando intervienen en el caso de Télam.

Quiero insistir en algo: las denuncias estuvieron hechas en su momento. Las hicimos desde la asociación y se hizo a nivel internacional en la Comisión Interamericana de DD.HH.. Hoy soy testigo. Denunciante fui en su momento. 

A mí me denunciaron y pidieron la destitución. Hubo seis jueces laborales denunciados en el Consejo de la Magistratura a lo que se sumó el ataque del Gobierno a Dora Temis.

El efecto de esas denuncias era disciplinar al conjunto de los jueces laborales de todo el país.

Los medios y la Justicia

Eduardo Freiler, integrante de la Cámara Federal porteña, destituido durante el macrismo.

Los ataques comenzaron ni bien comenzó el gobierno de Macri y no solo conmigo sino con muchos jueces, cuando el entonces Presidente dijo que iban a buscar magistrados que los representen.

En mi caso, al comienzo del Gobierno ocurrió un episodio muy sospechoso: entraron a robar a mi casa, dieron vuelta todo y no se llevaron nada de valor. Y me habían dado vuelta papeles y demás. 

Junto a mis colegas de la cámara habíamos procesado a Macri, cuando era jefe de gobierno porteño, por la causa de las escuchas. También intervine en la causa Papel Prensa. Allí sostuve que debía considerarse como crimen de lesa humanidad y que no había prescripto por lo que consideré que había que escuchar a Héctor Magneto, directivos de La Nación e integrantes del gobierno de facto en indagatoria. Lo dije en soledad. Mi voto fue minoritario.

Luego yo veía gente rara que sacaba fotos en los alrededores de mi casa. Y recibí el asedio de los medios: Clarín, Canal 13, TN, La Nación. El periodista Jorge Lanata trató de armar un escrache contra mis hijos. 

El tema es que los medios inventaban cualquier historia, las mezclaban con cuestiones reales y después un abogado como Monner Sans con miembros del colegio de abogados de la calle Montevideo me denuncia en sede penal y en el Consejo de la Magistratura. Se presentaba preocupado por las instituciones. 

En la denuncia penal presente de todo, mis declaraciones juradas e informé todo. La causa ahora se volvió a cerrar. Creo que antes la habían vuelto a abrir porque necesitaban tenerla en trámite para avanzar en el consejo. Al fiscal que reabrió mi caso, Monner Sans le había hecho una denuncia por enriquecimiento ilícito. Paralelamente, el diario La Nación había comenzado a reeditar una vieja causa que tenía ese fiscal con motivo de su divorcio. Luego de esos episodios, de un programa de Lanata y de la aparición de un abogado que no se conoce y se presenta a declarar, el fiscal reabrió el expediente sobre mi patrimonio, de forma ilegal.

Entre otras causas, yo también había dicho que no eran delitos los que había denunciado el fiscal Alberto Nisman. Había apartado al juez Claudio Bonadío de la causa Hotesur. Creo que sabían que mi presencia quizás era un obstáculo para algunos objetivos que luego se llevaron adelante. 
A todo esto se suma el escándalo del proceso en mi contra en el Consejo de la Magistratura. El instructor de mi causa fue el diputado del PRO, Pablo Tonelli.

La foto del entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, con el juez brasileño Sergio Moro y Claudio Bonadío es la foto institucional de lo que fue la Justicia en este tiempo. 

"Un castigo ejemplar"

Martina Forns, jueza federal de San Martín presionada por el Gobierno.

Para mi no es nuevo lo que dice Ana María Figueroa. Yo viví en esa época todo lo que ella nos decía. Siempre habló de la persecución. Con las denuncias en contra de determinados jueces creo que el Gobierno buscó mostrar un castigo ejemplar. Lo que quería era disciplinar. A mí, particularmente, todo lo que me pasó fue después del amparo sobre tarifas.

Creo que hubo un mecanismo muy aceitado con diferentes tipos de presiones. Cuando se vieron frente a jueces que decíamos cosas que no les gustaban o se tocaban ciertos intereses importantes empezaba el ataque: “Mire lo que le pasó al que falló de tal manera. Le pusimos una granada”. 

En mi caso, la granada la ponen en un container cerca de mi casa a los pocos días del fallo de tarifas. Hice la denuncia. Estuvo radicada en el juzgado de Daniel Rafecas. Cuando me preguntaron por qué creía que la amenaza provenía del Gobierno les contesté que había una ejército de trolls que llamaba a que me escracharan en mi casa. Inmediatamente después de eso apareció la granada.

En otra ocasión, cuando tenía 8 custodios tiraron un proyectil en la habitación de mi hijo. También hice la denuncia. A los dos o tres días me dijo un vecino que había un dron encima de mi casa. Todo fue contemporáneo al caso tarifas. 

Además de que echaron a mi marido de la IGJ después de 26 años como abogado del Estado luego de que yo dictara la medida cautelar contra el DNU que derogó la Ley de Medios. Habían puesto a mi marido en una lista listas negras. Cuando lo despidieron llamé a Esteban Conte Grand (entonces jefe de gabinete en el Ministerio de Justicia, del que depende la IGJ). Yo trabajé con su madre en la Corte. No me entraba en la cabeza lo que estaba pasando. No me atendió y luego me devolvió el llamado. Cuando empezamos a hablar me di cuenta que había una tremenda persecusión. En esa conversación me preguntó: “¿Su marido es socialista?”.

Fueron muy efectivos con sus ataques. Muchos jueces tenían miedo. Implementaron un castigo ejemplar para crear un clima de terror.

Por una justicia legítima

Jorge Auat, presidente de Justicia Legítima entre 2017 y 2019. Exfiscal a cargo de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad..

A nosotros nos pusieron el rótulo de kirchneristas. Creo que el objetivo del Gobierno era alinear, disciplinar. Al que sale del rebaño: destierro y excomunión. Eso define las razones de por las que fuimos denunciados. 

Hubo una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el camarista Alejandro Slokar e integrantes de la comisión directiva de Justicia Legítima que fue desestimada. La presentó el abogado Alejandro Fargosi. Se la trató de "temeraria".

Nosotros hicimos dos presentaciones en la Comisión Interamericana de DD.HH. y también fuimos a la OEA por el tema de Milagro Sala. Veníamos denunciando esto en el momento que las cosas estaban ocurriendo. Durante los últimos cuatro años estuvimos en estado de alerta permanente frente al fuerte embate del Poder Ejecutivo. Lo que estaba en juego era el estado de Derecho.

Cuando acudimos a la CIDH dijimos que se buscaba el disciplinamiento de los jueces. En diversos comunicados alertamos sobre los distintos ataques de Macri a la Justicia. 

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