Democracia amenazada

La concatenación de actos y hechos que se vienen registrando en los últimos meses, acentuados por la comprobación de graves operaciones delictivas que involucran a agentes de inteligencia, policiales, penitenciarios, jueces y fiscales en una acción coordinada que hace presumir, con un alto grado de certeza, en una conducción unificada durante el Gobierno de Macri, disparan alertas y reclaman reflexiones en defensa de la Democracia.

Los Poderes de la República

La división de Poderes en sistemas republicanos como el nuestro sabemos que responde, teóricamente, a dotar de una salvaguarda frente a los excesos en que pudieran incurrir, por los controles recíprocos que se les atribuyen como facultades propias a cada uno de ellos.

Es sabido también que en ese esquema, sin embargo, el acceso a esos tres Poderes no es simétrico, en tanto la voluntad popular sólo lo determina en dos de ellos (Ejecutivo y Legislativo) y está ausente en el tercero (Judicial).

Tampoco son asimilables en lo que concierne a la permanencia en los cargos, porque en los que decide el voto –admitida o no la reeligibilidad sin límites- rige un plazo de vigencia al cabo del cual deben revalidar la calidad adquirida sometiéndose a elecciones periódicas, mientras que en el otro la designación es vitalicia o equiparable a esa condición –hasta los 75 años, un límite de edad puede ser eludido- y mientras dure la buena conducta.

El origen no democrático del Poder Judicial no es una anomalía sino que integra un determinado diseño de ese sistema, una suerte de contrapoder que opera como contrapeso del poder popular y de la conducción política del Estado que pueda resultar del mismo.

Disfunciones peligrosas

La caracterización precedente no importa un descubrimiento ni menos una novedad, son muchos los ejemplos que la historia nos ofrece acerca de la interactuación de esos Poderes y los grados de potencia e impotencia que se ponen de manifiesto.

De igual manera, podemos advertir la intervención de los poderes fácticos en el ámbito judicial con el objeto de que sirvan a sus intereses sectoriales, en especial cuando han perdido presencia e influencia en el terreno político.

La conformación no democrática de la Justicia es un aspecto relevante que exige una profunda revisión, como la inamovilidad en los cargos en cuanto se pretenda equipararla con la inexistencia de un plazo de duración predeterminado; teniendo en cuenta, además, que en la práctica no han garantizado la independencia de ese Poder y la neutralización de condicionamientos para el libre ejercicio de la magistratura.

Otro tanto se impone en lo atinente a los procesos de selección y designación de jueces, como al organismo encargado de esa tarea, teniendo en cuenta las numerosas arbitrariedades –que llegan a ser escandalosas en ciertos casos- verificadas en esos trámites y en la integración de las ternas de candidatos elevadas al Poder Ejecutivo.

La politización de la Justicia es una desviación que acentúa sus vicios orgánicos y funcionales, atenta contra el Estado de Derecho y la división de Poderes, incursionando en un campo que es por demás ajeno a sus competencias específicas. De lo cual puede resultar el peor de los gobiernos, el de los jueces.

Revitalizar la conciencia colectiva

El abuso de las leyes y de las instancias judiciales se ha ido consolidando como un método para interferir en las prácticas políticas democráticas, desestabilizar gobiernos e incluso destituir gobernantes cuyas conductas no se ajustan a los mandatos del poder económico, principalmente transnacional.

Las dirigencias populares sociales, sindicales y políticas son blanco de esa metodología, cuyo objetivo no es sólo desprestigiarlas sino esterilizar su accionar colectivo. Pero tras ese propósito no se escatiman esfuerzos ni operaciones, aún cuando con ello se ponga en juego la privación ilegítima de la libertad de las personas o, directamente, cuando ése constituya el fin buscado.

La creciente permeabilidad que se advierte en la actividad jurisdiccional para concretar acciones de esa índole, a la que se prestan jueces y fiscales, sin mengua de las responsabilidades específicas que les corresponden revelan, cuanto menos, una grave falla de los dispositivos de control propios de ese ámbito, que también es indispensable corregir.

En ese contexto, adquiere una importancia mayúscula el papel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tanto por la jerarquía que reviste dentro del sistema judicial como por ser el Máximo Tribunal constitucional y la última instancia decisora nacional. Que cuenta con un grado de discrecionalidad enorme para resolver qué causas lleguen a su conocimiento y cuándo serán tratadas efectivamente, admitiendo las especulaciones más diversas y brindando una capacidad de presión sobre los otros Poderes absolutamente desproporcionada.

Un Órgano que puede definir sus “políticas” por una contingente y simple mayoría, que actualmente requiere la sola reunión de tres voluntades, en contraposición con los complejos dispositivos que se imponen para el control externo de su actuación como Cuerpo o el de cualquiera de sus miembros.

La ausencia de pronunciamientos dirigidos a prevenir y descalificar “abusos” de tal naturaleza, cuando no su participación directa –por acción u omisión- en esas maniobras execrables, tornan de toda evidencia la responsabilidad principal de la Corte y el grado de descomposición que ha alcanzado.

Tomar debida nota de esos comportamientos es vital, no sólo por su condición antidemocrática sino por la implicancia que suponen para un real equilibrio republicano y el respeto de la voluntad popular. Como también lo es identificar las causas y los intereses a que responden tamañas desviaciones, reclamar por su definitiva erradicación y por una condena eficaz de esas injerencias disfuncionales en beneficio de unos pocos.

Los valores en juego

La naturalización o banalización de tales fenómenos no hacen sino facilitar su expansión, la sensación de impunidad de quienes son sus protagonistas o promotores y el menoscabo del Estado de Derecho en desmedro del Pueblo y de la Nación.

Es preciso tomar en cuenta que el servicio de justicia nos involucra a todos, que es una garantía fundamental para el goce de los derechos ciudadanos, que cualquiera puede ser víctima de “abusos” semejantes y, particularmente, que su politización encarna un peligro que va mucho más allá de las implicancias en el plano individual y compromete seriamente nuestro destino como sociedad.

En un reciente acto realizado en la ciudad de La Plata, con esa capacidad única que posee Cristina Fernández de Kirchner para sintetizar ideas y plantearlas sin ambages, señaló: “Que nadie se engañe, el famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer”.

Hoy más que nunca necesitamos hacer de la política la herramienta de transformación principal para restaurar los serios perjuicios que se han inflingido al país, recomponer los lazos comunitarios dañados por la exacerbación de conductas individualistas caras a un modelo elitista fundado en una falsa meritocracia, superar los desencuentros a la par de ser conscientes de que también existen expresiones minoritarias irreconciliables con un proyecto de país inclusivo, plural, diverso y en el cual la equidad se anteponga a todo interés sectorial.

Es en democracia como podremos avanzar hacia una mejor calidad de vida, una democracia que ha costado tanto sostener como sistema pero que su formulación admite variantes diferentes y que es justamente lo que, sin renunciar a su esencia, debemos replantearnos en un debate franco y amplio.

Con ese propósito, prestando especial atención a las conductas antidemocráticas, es fundamental promover y recrear los canales de participación popular, alentar las iniciativas que consoliden la acción política positiva y demandar a los gobernantes como a la dirigencia en general la asunción plena de las responsabilidades que les cabe por ostentar esa condición.