Tres jueces designados por Mauricio Macri ordenaron reabrir una causa por el ataque de la organización Montoneros a un edificio policial ocurrido el 2 de julio de 1976 y que causó 24 muertes y varias decenas de heridos. El hecho ocurrió a pocos meses de iniciada la dictadura cívico-militar, en pleno terrorismo de Estado. El caso está prescripto porque no encuadra dentro de delitos de lesa humanidad, tal como ya decretaron todas las instancias judiciales incluida la Corte Suprema. Pero ahora, ante la insistencia de abogados de genocidas, los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia ordenaron la reapertura del expediente. Los fallos judiciales no se pueden leer fuera del contexto. Sobre los escritorios de Comodoro Py hay diarios y el calendario electoral; el Código Penal está guardado en un cajón. Y no van a resignar la simbología de impedir que los montoneros, como identifican en especial al kirchnerismo, vuelvan al gobierno.
La carátula de la causa lleva el nombre de José María Salgado. Era un militante montonero al que acusaron de organizar el atentado ya que había trabajado hasta el día anterior como policía en la Superintedencia de Policía Federal, donde explotó la bomba. Página/12 detalló que “Salgado fue secuestrado el 12 de marzo de 1977, fue torturado en la ESMA y entregado a la Federal, que antes de ejecutarlo le arrancó los ojos”. Clarín, el 4 de junio de 1977, publicó la versión dictatorial, “Abaten al autor de un trágico atentado”. Al día de hoy no hay pruebas que lo confirmen.
El derrotero judicial de este expediente es el siguiente. En 2006 la jueza María Romilda Servini sobreseyó a Salgado y a Rodolfo Walsh por estar muertos y a Mario Firmenich, Horacio Verbitsky, Norberto Habegger, Lila Pastoriza y demás acusados porque el delito estaba prescripto. El 2007 la Cámara Federal confirmó que no era un delito de lesa humanidad con las firmas de los jueces Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah. Dijeron que “los hechos que fueron materia de denuncia no pueden ser subsumidos dentro del derecho penal internacional, al no constituir un crimen contra la humanidad, ni un crimen de guerra, ni tampoco integrar dicho derecho como parte de una categoría independiente” y que “la naturaleza aberrante del suceso y el inconmensurable daño ocasionado, no ignorados por el Tribunal, no bastan por sí para superar los diques estrictos que contienen y perfilan dicha materia, único presupuesto válido para habilitar la persecución penal por hechos que según el ordenamiento interno que en la dirección apuntada no se opone a las pautas del derecho internacional se encuentran prescriptos”. Los querellantes insistieron y en 2011 la Cámara de Casación ratificó que los delitos de las organizaciones armadas no son delitos de lesa humanidad y están prescriptos. La Corte Suprema también rechazó el caso en 2012. Pero ahora el tema volvió.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
¿Quiénes insisten en reabrir este caso?
- La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que nuclea defensores de genocidas
- La Asociación de Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, que también reúne abogados de represores
- El represor Eduardo Emilio Kalinec, a título personal
- Alicia de León, por su hijo fallecido Ernesto Osvaldo Matienzo
El 18 de noviembre de 2021 la jueza Servini rechazó la reapertura de esta causa. También rechazó la pretensión de querellantes de los que empujan este caso, pero éstos apelaron y llegaron a la Cámara Federal. El caso lo tomaron Llorens, designado por concurso por Macri pero con el que se juntó en Olivos de manera irregular, y sus colegas Bruglia y Bertuzzi, nombrados a dedo por Macri. “Conmigo se acaban los curros en derechos humanos”, dijo el ex presidente. Sus elecciones judiciales no son inocuas: también conformó una Corte Suprema que dictó el 2x1 a genocidas.
¿Cómo hicieron Llorens, Bruglia y Bertuzzi para reabrir este caso? Para que un delito encuadre en la categoría de lesa humanidad tendría que considerarse que existía una guerra, que Montoneros era un grupo con categoría de Estado o que tenía control de parte del territorio o que tenía apoyo de otros países. Nada de eso existía. Pero los abogados de genocidas insistieron en que Montoneros “tuvo apoyo, cuanto menos, de tres Estados extranjeros y organizaciones terroristas islámicas” y los camaristas macristas ordenaron reabrir el expediente porque “no se ha considerado el planteo sobre el posible apoyo de Estados y organizaciones extranjeras que tuvieron las personas implicadas”.
Este fallo llega al día siguiente de que los jueces Carlos Mahiques (también designado a dedo por Macri), Guillermo Yacobucci (también designado por Macri por concurso) y Ángela Ledesma de la Cámara de Casación le dieran el beneficio del arresto domiciliario a los genocidas condenados Miguel Etchecolatz, Luis Ángel Firpo y Mario Ocampo.
También luego de que Patricia Bullrich lanzara su candidatura presidencial, con presencia de Macri, y dijera que "vamos a tener que hacer cosas fuertes. Ya no nos va a alcanzar la Gendarmería". Hablaba, en teoría, del narcotráfico, pero siempre es excusa para retomar la idea de romper con el consenso democrático que prohíbe la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad.
Todas señales para los que quieran ver.
Cerrar sesión