Emiliano Blanco, ejecutor del espionaje a presos políticos durante el Gobierno de Mauricio Macri, trabaja aún hoy en el Ministerio de Justicia que encabeza Marcela Losardo. Entre los espiados cuando estaba en el penal de Ezeiza estuvo Amado Boudou e incluso sus abogados. El dato de que sigue trabajando con el actual gobierno lo dio él mismo al ser indagado en la causa de espionaje. El Destape pudo confirmarlo a través de documentación y diversas fuentes.
El rol de Blanco en el lawfare no fue menor. Era el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el reinado de la Doctrina Irurzun, mecanismo utilizado por el gobierno de Macri y Clarín para encarcelar ex funcionarios kirchneristas sin condena. Varios de ellos contaron los maltratos constantes a los que fueron sometidos por el personal que dependía de Blanco. Luego, cuando se destapó la caja de pandora del espionaje ilegal, se supo además que Blanco y sus subordinados desplegaron un aparato de espionaje que incluía a los presos y a sus abogados, donde se violaba tanto la intimidad de los primeros como la relación abogado-cliente.
El espionaje en las cárceles es uno de los capítulos en la causa por las operaciones de inteligencia ilegales desplegadas en la era Macri. El rol de Blanco fue detallado en varias notas de Franco Mizrahi en El Destape. Todo se hizo a través del programa penitenciario “Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad” (IRIC), que manejaba Blanco.
El IRIC era manejado por Blanco y funcionaba bajo la órbita de otros dos engranajes del lawfare: el ministro de Justicia Germán Garavano y el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios Juan Bautista Mahiques, hoy cobijado por Horacio Rodríguez Larreta como fiscal general de la ciudad. Debajo de Blanco estaba Cristian Suriano, jefe de inteligencia del SPF que oficiaba de vínculo con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Un convenio entre Blanco y Gustavo Arribas daba la cobertura.
Tal como informó Mizrahi, los jefes de inteligencia penitenciaria reconocieron el espionaje en cárceles. Según la imputación en su contra existía una “organización criminal establecida por Emiliano Blanco”. Junto a otros funcionarios, y siguiendo las directivas de Blanco, los responsables de la inteligencia penitenciaria “fueron los encargados de obtener, almacenar y sistematizar información sobre personas” mediante espionaje ilegal.
A finales de noviembre, en su declaración indagatoria, fue el propio Blanco el que informó que trabaja para el Ministerio de Justicia. Dado que es una instancia de defensa podía mentir, pero El Destape pudo reconstruir que dijo la verdad. Blanco está actualmente contratado en relación de dependencia por el Ministerio de Justicia a través de el Convenio Marco MJYDH- Acara Automotor.
La propia ministra Marcela Losardo también confirmó que este ejecutor del lawfare trabaja bajo su gestión. Fue a través de su cuenta de Twitter, que utilizó para responder a una serie de publicaciones periodísticas que decían que Losardo y Blanco tenían una amistad y eran vecinos. “Emiliano Blanco se desempeña en el Ministerio de Justicia desde 2005 en forma ininterrumpida, no soy su vecina ni se dónde vive”, escribió la ministra. Ininterrumpida es hasta hoy, a un año de la asunción del nuevo Gobierno.
Más allá de lo que escribió Losardo lo cierto es que, como informó en su momento El Destape, en los primeros meses de su gestión la ministra quiso ascender a Blanco a Subsecretario de Asuntos Penitenciarios. El tema desató una fuerte interna en el Gobierno, ya que por entonces se conocía cómo Blanco había maltratado a los presos políticos. Sobre el espionaje había sospechas, hoy confirmadas.
El lobby para ascender a Blanco al cargo de Subsecretario de Asuntos Penitenciarios incluyó operaciones mediáticas como la nota que publicó Infobae el 18 de diciembre de 2019, a una semana de asumida Losardo, donde lo daban por designado. La ministra tiene sí una estrecha relación con Infobae, donde realizó una serie de entrevistas a jueces y fiscales en el ciclo Justicia Abierta de InfobaeTV. Lo cierto es que el resto de los funcionarios del Ministerio de Justicia fueron designados y ese raviol siguió vacante. Había razones y sospechas que luego se confirmaron: no solo maltrató a los presos políticos sino que los espió.
Según Clarín, en ese momento el ascenso de Blanco se frenó por un tuit de la modelo Luciana Salazar. El tuit, también del 18 de diciembre de 2019, decía: “Escándalo en el Ministerio de Justicia por el intento de nombrar a Emiliano Blanco director del servicio penitenciario federal en lugar de su amigo Mahiques. Ambos piezas claves de la denuncia que formulo CFK en su descargo. Primera grieta con Losardo?” . La cuestión era más compleja que lo que simplificó Clarín con la modelo twittera como excusa. No podían decir que Blanco era proveedor de escuchas e información de manera ilegal. A pesar de eso, aún es parte del Ministerio de Justicia.
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