Sin escrúpulos: La AFI macrista espió hasta comederos y merenderos sociales

En el marco del proyecto AMBA, los espías macristas reportaban la distribución geográfica de estas organizaciones, cuántos niños asistían, sus referentes y hasta sus números de teléfono. Los detalles.

25 de septiembre, 2020 | 16.57

El gobierno de Mauricio Macri espió hasta en comederos y merenderos de la provincia de Buenos Aires. Las tareas de inteligencia ilegales en esos centros de contención social se realizaron desde el proyecto AMBA, es decir, las bases de operaciones que la AFI macrista montó en territorio bonaerense a principios de 2017. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, reveló todo este entramado a partir de profundizar en un legajo que involucraba a un alto directivo de la AFI en el D’Alessiogate.

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Uno de los capítulos que aborda la resolución de Ramos Padilla, que se extendió por 342 páginas, se titula: “Recopilación de información sobre organizaciones comunitarias. Comedores y merenderos populares”. 

“Corresponde destacar que gran parte de la tarea de inteligencia desplegada por las BASES AMBA se encontró dirigida a efectuar un relevamiento de las actividades de organizaciones políticas, sociales y comunitarias con despliegue en el territorio bonaerense. Se realizaron diferentes informes en los que se relevó una caracterización de cada organización, la ubicación geográfica de sus locales operativos (unidades básicas, comités, centros comunitarios, comedores, etc.) y los datos personales de sus referentes”, indicó el magistrado de Dolores.

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En ese marco,se observaron múltiples documentos dirigidos a recopilar información sobre organizaciones sociales y comunitarias, tales como comedores y merenderos populares. Se trata de informes  elaborados por diferentes bases que pretendían reportar la distribución geográfica de estas organizaciones, cuántos niños asistían a ellas, sus referentes y, en algunos casos incluso, sus abonados telefónicos”.

A título ilustrativo, Ramos Padilla hizo referencia al documento “Merendero Todo por los chicos”, donde “agentes de la Base Haedo efectúan un informe sobre un comedor comunitario ubicado en la localidad de Morón”.

En la ficha sobre ese caso puede leerse una serie de preguntas que los espías debían contestar: “¿Recibe mercancía del Estado? ¿De quienes?”, se consulta. “Si, una vez al mes recibe mercadería del municipio a través de la U.G.6 , aclara que no le entregan la cantidad necesaria y que a veces no le entregan algún producto ya pactado, por ejemplo este mes le faltó queso”, llenó al agente.  

En las “observaciones” de esa misma ficha sobre el “Merendero Todo por los chicos”, se señala: “Cabe aclarar que según dichos de la Sra. Gómez, el año pasado debió militar para el Intendente Ramiro Tagliaferro, y por ello concurría a una sociedad de Fomento sobre la calle Carmen de Patagones, cuya dirección no recuerda. Aclaró que en dos o tres semanas le comunicarían que debía concurrir a recorrer casas en los barrios como ya había hecho el año anterior. Que su comedor no tiene aún la habilitación oficial, la cual está tramitando en la Oficina nro. 3 de Acción Social, agregando que le refirieron en el Municipio que cuando la posea las entregas de mercaderías serán semanales”.

Tagliaferro era el intendente de Morón y es el exmarido de María Eugenia Vidal.

“También en relación con comedores populares, se encontraron múltiples relevamientos efectuados por la Base Haedo, los cuales fueron volcados en hojas de cálculo –formato Excel-, indicó Ramos Padilla. “Uno de ellos es un documento titulado ‘Planilla relevamiento comedores’ en el que se consigna la ubicación de esos establecimientos, la cantidad de personas que asisten a ellos y si reciben donaciones del Estado”, añadió el magistrado.

A su vez, se halló otro documento de similares características, “Relevamiento comedores Morón”. Allí “se efectúa el mismo relevamiento antes analizado, pero respecto de otras localidades de la zona oeste del Gran Buenos Aires”.

“El seguimiento a las organizaciones comunitarias que brindan asistencia social tampoco fue una tarea exclusivamente asignada a la delegación provincial Haedo. Pudo advertirse, por ejemplo, que la Base Ezeiza también realizó un exhaustivo relevamiento de todo el amplio espectro de organizaciones que realizaron festejos por el día del niño, explicó el juez del D’Alessiogate. Es decir, fue una práctica sistemática.

El relevamiento de las organizaciones sociales y comunitarias no fue una tarea aislada, ni vinculada a la investigación de un hecho delictivo, ni a la detección de eventuales riesgos para la seguridad interior o la defensa nacional, sino de una práctica sistemática con objetivos políticos, desplegada desde la Agencia Federal de Inteligencia, a través de estas bases provinciales, en todo el ámbito bonaerense”, consideró Ramos Padilla.

Ante este escenario, el magistrado se preguntó “cuáles son las tareas que debe realizar una agencia de inteligencia en el marco de un Estado democrático de derecho”. “No es razonable que recursos humanos y técnicos tan sensibles como los que componen el Sistema de Inteligencia Nacional” se “encuentren involucrados en investigar el modo en que eran distribuidos los bolsones comunitarios de comida entregados por el Estado. Al no resultar razonable, ni proporcional la utilización de esos recursos, se impone vislumbrar otro objetivo: la utilización del aparato de inteligencia para la obtención de información sobre las organizaciones sociales y comunitarias que operan como red de contención social de los sectores socio-económicamente más vulnerables de la provincia de Buenos Aires, concluyó.

El espionaje en Provincia 

De acuerdo a la pesquisa, la AFI macrista expandió de 3 a 9 sus bases de operaciones en la provincia de Buenos Aires. A las bases que ya tenía la agencia como la de Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata se sumaron las de Morón (Base Haedo), San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza. Esta última estuvo a cargo del imputado Ricardo Bogoliuk, procesado en el marco del D’Alessiogate. Era el jefe del espía ilegal Marcelo D’Alessio, quien también operaba por la zona de Ezeiza.

En tanto, el jefe del proyecto AMBA –que funcionó de manera oficial entre abril y diciembre de 2017- fue Pablo Pinamonti, quien había sido indagado en el marco del D’Alessiogate. Al profundizar sobre su rol, Ramos Padilla solicitó información a la intervención de la agencia de inteligencia y se encontró con todo este entramado ilegal.

El juez apuntó contra la jefatura de la exSIDE. A la hora de detallar el circuito de la información que era recabada de forma ilegal en la provincia de Buenos Aires, señaló: “En forma cotidiana y permanente, las BASES AMBA reunían información vinculada a las actividades políticas de la oposición en los diferentes distritos del Gran Buenos Aires, la cual luego era procesada y analizada en informes semanales y reportados a la superioridad, la que culminaba con el ciclo de inteligencia a través de la planificación y toma de decisiones teniendo como base aquella información de inteligencia prohibida”.

Ante este marco, el juez de Dolores dictó el procesamiento de los exagentes de inteligencia Pinamoni y Bogoliuk y citó a prestar declaración indagatoria los jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros.
 
 

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