Mauricio Macri preocupado por la reactivación de las causas judiciales en su contra

Tras el anuncio de Alberto Fernández de denunciar el acuerdo con el FMI tomado por Mauricio Macri, un repaso de cuáles son las causas judiciales que más preocupan al ex presidente de cara a las elecciones 2021. 

02 de marzo, 2021 | 07.33

Luego del anuncio de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa sobre la presentación de una denuncia judicial por la deuda fraudulenta durante el gobierno de Mauricio Macri, el año electoral 2021 comienza movido en el ámbito judicial para el ex presidente y para varios ex funcionarios del gobierno de Cambiemos.

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Desde el inicio de 2021 comenzaron a moverse algunas de las causas que involucran a Mauricio Macri y a varios de sus ex ministros durante 2015 y 2019. En menos de un mes ya hubo importantes novedades en las causas de los Parques Eólicos, en la de la Mesa Judicial Pro, en las de espionaje y en el Correogate, por citar algunos ejemplos que incomodan a Macri, que mira de reojo lo que sucede en tribunales y teme recorrer los pasillos judiciales de cara a las elecciones 2021

Parques Eólicos

La causa de los Parques Eólicos fue una de las que mayor movimiento tuvo a partir del reinicio del año judicial.

El diputado Rodolfo Tailhade, uno de los denunciantes en el expediente, le pidió directamente al juez Marcelo Martìnez de Giorgi que cite a indagatoria a Mauricio Macri y a su hermano Gianfranco. Incluso, solicitó de ser necesaria la detención con fines de extradición de este último, quien vive en Uruguay.

El disparador fue la revelación que publicó el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, donde afirmó que “Gianfranco Macri manejó el negocio de los parques eólicos a través de una sociedad en Luxemburgo”.

Es que Gianfranco fue el beneficiario final de un complejo entramado de compañías que ganó millones de dólares con la compra-venta de seis agrupaciones de aerogeneradores de energía. Una maniobra, que se señala como fraudulenta y fue realizada durante la gestión Cambiemos. 

La denuncia de los Parque Eólicos se remonta a enero de 2018 cuando se denunció que el Grupo Macri se quedó irregularmente con casi 50 millones de dólares en un pase de manos con una serie de parques eólicos.

Por esa operatoria, Macri y distintos funcionarios nacionales fueron acusados de favorecer de "manera ilegal" al grupo empresario de la familia en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos. Gianfranco siempre fue el principal apuntado. La revelación de sus vínculos con Lares Corporation SPF, que era desconocida para la Justicia argentina, puede darle un nuevo impulso a la pesquisa. Esa fue la firma que se usó para controlar desde un paraíso fiscal una estructura de cinco empresas, armada para actuar en la industria de las energías renovables.

La Mesa Judicial PRO

El caso de la Mesa Judicial PRO también tuvo movimiento en las primeras tres semanas del año judicial. Es que hubo una ampliación de denuncia en Comodoro Py en la que se apuntó contra el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, a quien se acusó de ser un engranaje fundamental en ese armado político judicial. La denuncia contra el camarista del máximo tribunal penal del país es porque visitó a Macri en su secretaría privada de la Casa Rosada en reiteradas ocasiones y luego de cada ingreso firmaba fallos contra dirigentes kirchneristas. 

De acuerdo a los diputados denunciantes, la Mesa Judicial PRO constituyó “una fuerza de tareas ilegal que, al margen de toda institucionalidad, utilizó los recursos de la administración pública para cooptar y disciplinar al Poder Judicial, intentando convertir al sistema penal en una herramienta política” y donde se montó una red de persecución de opositores. 

Los apuntados: el propio Mauricio Macri, el ex ministro de Justicia, Germán Garavano; el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; la ex ministra de Seguridad,  Patricia Bullrich; el ex Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el asesor y abogado de Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón; el ex consejero de la Magistratura y actual Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques; y Daniel Angelici, operador judicial y único miembro de “la mesa” que no tenía cargo formal en el gobierno macrista, entre otros. 

La causa del Correo Argentino

El juez federal Ariel Lijo investiga, y a paso muy lento, si Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno cometieron algún delito penal en la negociación de la deuda millonaria que la empresa Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- mantiene con el Estado. Durante la presidencia de Macri, el Poder Ejecutivo aprobó una condonación multimillonaria que derivó en una causa penal.

Es que Macri estuvo a los dos lados del mostrador cuando buscó perdonarse 70 mil millones de pesos. 

Espionaje ilegal

Una de las particularidades del 2020 en materia judicial fue el surgimiento y avance de diversas causas por espionaje ilegal contra el macrismo. El ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Mjadalani, fueron procesados en distintas causas y jurisdicciones por ser quienes ordenaron las acciones de inteligencia ilegal. 

En total, la cantidad de procesados por este tipo de tareas supera las 50 personas. Incluye a ex directivos de la AFI, a espías de calle e inorgánicos, a policías y a la ex cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Aparece incluso un ex empleado del juzgado de Claudio Bonadio devenido en agente de inteligencia. Entre las víctimas figuran dirigentes políticos (oficialistas y opositores), sociales, eclesiásticos, sindicales, empresarios y periodistas. Hasta los familiares de los tripulantes del ARA San Juan fueron espiados durante el gobierno de Macri tras el hundimiento del submarino.

A todas estas causas se suman el caso D’Alessio (en el que el fiscal Carlos Stornelli recibió la confirmación de su procesamiento por parte de la Cámara de Mar del Plata) y la investigación sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan que se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y por ahora tramita en los tribunales de Mar del Plata.

El hotel del arrepentido

A principios del 2020, la fiscal Paloma Ochoa abrió la investigación, motorizada por una denuncia del juez federal Ariel Lijo, para saber si el gobierno de Mauricio Macri le financió a Alejandro Vandenbroele la construcción de un hotel boutique en Mendoza como forma de pago por su testimonio como arrepentido en causa Ciccone, que involucra a Amado Boudou. El caso se abrió a partir de una investigación de El Destape.

Tal como publicó este medio, Carlos Linsalata, operador de Vandenbroele en el Programa de Testigos Protegidos e Imputados, envió en 2018 una nota a sus superiores pidiendo $1.500.000 para su custodiado. 

Según la documentación de su legajo, revelada por El Destape, Vandenbroele recibió más fondos. El Programa dependiente del ministerio de Justicia, comandado por Germán Garavano, le fue otorgando diferentes partidas de dinero. Las cifras alcanzan, al menos, los 4,4 millones de pesos. Con esa plata, puso en pie el hotel boutique La Masía.

El testimonio como arrepentido de Vandenbroele fue clave para avanzar contra Boudou, quien terminó condenado. Esa condena quedó firme este año luego de que la Corte Suprema decidiera no analizar el caso.

La persecución de la AFIP a Cristina Kirchner

Otra investigación que se inició en el 2020 fue la de la utilización de la AFIP por parte de Macri para perseguir vía un “hostigamiento fiscal” a Cristina Fernández de Kirchner, la principal dirigente de la oposición en aquel entonces.

En los últimos días de diciembre, el fiscal Franco Picardi solicitó las primeras medidas de prueba e impulsó la pesquisa para determinar si el ente recaudador ejerció "hostigamiento fiscal" contra la ex senadora y actual vicepresidenta y sus hijos durante el gobierno de Cambiemos.

Se trata de un expediente que se inició por una denuncia de la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien fue a la Justicia luego de que Cristina Kirchner hiciera una presentación denunciando las irregularidades en los procesos en su contra.

Ya se produjo la entrega de una serie de auditorías internas de la AFIP en las que se detectó "la posible comisión de ciertos hechos, por parte de la AFIP durante las gestiones del doctor Alberto Abad y del Ingeniero Leandro Cuccioli" encuadrables en los delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita".

El Gobierno encontró que la AFIP de Macri realizó miles de consultas de información fiscal sobre CFK, Máximo y Florencia; que se designaron funcionarios a dedo para investigarlos e incluso que hubo grupos de seguimiento; que se actuó de manera coordinada y fuera de la ley con juzgados y fiscalías; y que se omitía notificar a la actual vicepresidenta de todos los procedimientos.

La denuncia de Cristóbal López y Fabián De Sousa

Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa acusaron a Macri de vaciar el Grupo Indalo, meterlos presos y querer quedarse con sus empresas, vía ejecutivos amigos. El objetivo incluía a sus medios, con la intención de torcer su línea editorial y sumarlos a la persecución contra Cristina Kirchner.

Según indicaron fuentes con acceso al expediente, “para marzo está prevista la indagatoria de Abad y 3 funcionarios más de AFIP”. Macri es uno de los imputados en este expediente pero aún los investigadores no profundizaron en su rol. También se investiga el accionar de varios integrantes de la Mesa Judicial PRO como Fabián “Pepin” Rodríguez Simón.

Peajes

Antes de jubilarse, en julio del 2020, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó a los ex ministros de Transporte y Hacienda de Macri, Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne, respectivamente, en el marco de la “causa Peajes”, donde se investiga la negociación ruinosa para el Estado con los principales concesionarios de los peajes de Acceso Norte y Oeste.

Canicoba Corral procesó en el mismo expediente al ex director de Vialidad Javier Iguacel y al ex procurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Todos fueron beneficiados por la Cámara Federal porteña, que con los votos de Martín “Doctrina” Irurzun y Leopoldo “puesto a dedo” Bruglia, decretó la nulidad de los procesamientos. El caso investiga el pago irregular de más de 500 millones de dólares. Tras esa decisión, los imputados pidieron la nulidad de lo investigado y de sus indagatorias. Pero ese reclamo les fue rechazado por lo que la investigación volvió a recobrar impulso.

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